Debido a las nuevas restricciones, familiares de la empresaria asesinada en un asalto adelantaron para mañana la manifestación.
La Corte dispuso que tres agentes judiciales de cada unida jurisdiccional (dos por la mañana y uno por la atrde) atiendan a los profesionales que, previamente, deberán solicitar turnos en el portal SAE.
Bonari se hizo eco de una denuncia contra el ex intendente bandeño, quien tiene fueros constitucionales, y pidió abrir una pesquisa que involucra a familiares y funcionarios de su gestión.
La postulante Lucero judicializó una designación para la Justicia Federal de Tucumán: el juez Bejas optó por inhibirse.
Se trata del séptimo sospechoso por el homicidio en ocasión de robo de la empresaria.
El legislador oficialista calificó como "una manifestación auténtica" la marcha para pedir justicia por el crimen de Ana Dominé.
Godoy se había entregado ayer en los tribunales acompañado por sus defensores.
El crimen de la mujer conmocionó a los tucumanos. La impotencia y la bronca por la inseguridad movilizó a un amplio sector para reclamar justicia.
El juez resolvió que no correspondía la prisión preventiva, aunque le impuso una caución de $ 1 millón y otros requisitos para el cese de detención.
El cuarto de los sospechosos podría recuperar la libertad si deposita la caución, de $ 1 millón, entre otros requisitos.
El jaldista salió en defensa del vicegobernador y cuestionó al ex legislador de la UCR.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura reprochó al denunciante del vocal Leiva.
“Pondré las pruebas a disposición de la Corte Interamericana y de la prensa si en 24 horas el Ministerio Fiscal no asegura la publicidad”, dijo.
La Cámara y la Defensoría del Pueblo demandan las sentencias de liberación de procesados por delitos graves de las que habló Leiva.
El vice del Colegio de Abogados alertó sobre perjuicios generales.
La secretaria general, Nélida Paz, consideró los hechos de gravedad institucional, y señaló que se debe evitar la exposición en el "circo mediático".
El vocal Leiva había acusado al juez de Impugnación de haber eximido de la prisión a 107 detenidos por casos graves.
El jaldismo le reclamó al integrante del Tribunal de Impugnación que presente pruebas; el alfarismo, contra Bussi.
"Es bochornoso que una de las puertas de entrada al Poder Judicial o al máximo Tribunal, sea la Fiscalía de Estado", expresó el diputado nacional.
