Además, el joven de 21 años deberá someterse a un tratamiento para la recuperación de adicciones y tendrá que retomar sus estudios.
Según el expediente, el secretario adjunto de ATE Jorge Antonio Flores y otros hombres irrumpieron violentamente en el despacho de la directora de Niñes, Adolescencia y Familia, Mariana Cirelli.
La niña de nueve años fue abusada y asesinada hace poco más de un mes. Un grupo de personas capturó, linchó y ultimó al asesino. La causa penal quedó en condiciones de pasar al archivo.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró la jornada inhábil; a partir de mañana los letrados podrán visitar los mostradores.
La Corte Suprema de Tucumán dictó una acordada mediante la cual se establece como inhábil el 2 de noviembre.
El intendente de la capital afirmó que el Gobierno no reconoce la “falta de institucionalidad” y que acude a la denuncia por “desestabilización” como estrategia política.
Debido a las nuevas restricciones, familiares de la empresaria asesinada en un asalto adelantaron para mañana la manifestación.
La Corte dispuso que tres agentes judiciales de cada unida jurisdiccional (dos por la mañana y uno por la atrde) atiendan a los profesionales que, previamente, deberán solicitar turnos en el portal SAE.
Bonari se hizo eco de una denuncia contra el ex intendente bandeño, quien tiene fueros constitucionales, y pidió abrir una pesquisa que involucra a familiares y funcionarios de su gestión.
La postulante Lucero judicializó una designación para la Justicia Federal de Tucumán: el juez Bejas optó por inhibirse.
Se trata del séptimo sospechoso por el homicidio en ocasión de robo de la empresaria.
El legislador oficialista calificó como "una manifestación auténtica" la marcha para pedir justicia por el crimen de Ana Dominé.
Godoy se había entregado ayer en los tribunales acompañado por sus defensores.
El crimen de la mujer conmocionó a los tucumanos. La impotencia y la bronca por la inseguridad movilizó a un amplio sector para reclamar justicia.
El juez resolvió que no correspondía la prisión preventiva, aunque le impuso una caución de $ 1 millón y otros requisitos para el cese de detención.
El cuarto de los sospechosos podría recuperar la libertad si deposita la caución, de $ 1 millón, entre otros requisitos.
El jaldista salió en defensa del vicegobernador y cuestionó al ex legislador de la UCR.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura reprochó al denunciante del vocal Leiva.
“Pondré las pruebas a disposición de la Corte Interamericana y de la prensa si en 24 horas el Ministerio Fiscal no asegura la publicidad”, dijo.
La Cámara y la Defensoría del Pueblo demandan las sentencias de liberación de procesados por delitos graves de las que habló Leiva.
