La droga está cada vez más presente en los ilícitos que se cometen en la provincia. Una situación que va mucho más allá de la persecución penal contra los traficantes y vendedores de sustancias. Al no haber una atención integral al problema, la situación tenderá a agravarse paulatinamente.

En nuestra provincia el slogan “la droga mata” no sólo sirve para advertir el daño a la salud que genera las sustancias, sino que el consumo problemático estuvo presente en cada uno de los cuatro homicidios registrados en Tucumán en este mes.

"Tucumán, en situación de emergencia por las adicciones": el reclamo en los barrios y en los Cepla

El 2 de julio, M.V. (15 años) participaba de una reunión junto con amigos y familiares en la que consumieron alcohol y drogas. La adolescente decidió a acompañar a Jonathan Jaime (28) a su casa a buscar un televisor para vender y comprar más dosis. Pero en la vivienda, el femicida abusó de ella, la ahorcó y luego intentó ocultar su cuerpo en un pozo ciego.

El 5 y el 10 de julio fueron asesinados los policías Ramón Sánchez y Víctor Lazarte. Ambos homicidios tuvieron espantosas similitudes. Los dos servidores públicos fueron ultimados cuando no estaban cumpliendo servicios y estaban de civil (como cualquier otro ciudadano) para robarles las motos que se trasladaban. Los autores de ambos homicidios se conocían y se especializaban en cometer ese tipo de delito. En las audiencias, cuando los jueces les preguntaron específicamente qué drogas consumían, uno dijo “todas” y los otros respondieron que sólo fumaban marihuana.

La adicción sería el motivo por el que una familia decidió encadenar a un hombre

El 16 de julio, en el sur de la capital, fue asesinado de un disparo Jorge Luis Coronel en Manantial Sur. Fue acusada del hecho la hija de la pareja de la víctima, señalada como tranza del barrio. Los investigadores descubrieron que la sospechosa compraba el silencio de los testigos regalándose dosis de droga. Los policías encontraron a las personas deambulando por las calles, descalzos y caminando en barriales en la semana más fría del año. En Tribunales, los instructores tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para que les respondieran sus preguntas y, después, interpretar lo que querían decir.

No existe un registro estadístico oficial que confirme el vínculo de las adicciones con el delito. Sólo indicios que sirven para demostrar que la situación es grave. Más del 90% de los imputados por otros delitos, cuando son acusados de diferentes ilícitos (robos, lesiones y violencia de género) reconocen tener problemas de adicción.

En soledad

Por ese vínculo, el gobernador electo Osvaldo Jaldo logró poner en vigencia la Ley de Narcomenudeo. Inició esa lucha con la promesa de un “montón” de apoyo de la Nación que nunca se concretó. Ni siquiera el convenio para analizar las dosis secuestradas se respetó. Los decomisos crecen porque cada vez hay más puestos de venta: la droga llega como si nada a la provincia. Ese es el motivo por el cual se están fortaleciendo los controles en los puestos fronterizos y se adquirieron escáneres para hacer requisas.

Con esta norma, supuestamente la justicia ordinaria se haría cargo del microtráfico y la federal, del narcotráfico, es decir el tráfico de grandes cantidades. Pero la realidad indica que desde hace más de 18 meses que en Tucumán no es desbaratada una banda de estas características. Y mucho tiene que ver con las políticas nacionales en la lucha de este delito. Se está desprotegiendo las fronteras para reforzar la seguridad en distritos electorales más importantes o para salvar ese gran monumento a la inacción llamado Rosario.

En los últimos días se confirmó el nombramiento de 27 fiscales federales en Santa Fe para tratar de pacificar esa provincia. Tucumán tiene tres, pero en realidad son dos, ya que el fiscal número tres, que esperó casi más de seis años para asumir, reemplaza al dos que fue designado a los juicios. Claro que como el Tribunal Oral Federal no está completo hay debates cada tanto.

Los representantes de nuestra provincia (llámase diputados y senadores) tampoco hacen reclamos ante el estado nacional para que se regularice esta situación. Sí lo hicieron los santafesinos, más allá de la obligación de atender lo que sucede en Rosario. También plantearon bandera salteños y jujeños y, actualmente, en esa provincia se está utilizando el sistema acusatorio. Tucumán ni aparece.

Más problemas

A la hora de iniciar la lucha contra el narcomenudeo, Jaldo también proyectó cuidar la otra pata de la mesa. La atención de los adictos. Por ese motivo, convocó a entidades religiosas y organizaciones no gubernamentales para otorgarles subsidios con los que podrían ampliar su tarea de rehabilitación. Pero esa iniciativa estaría demorada por la falta de pago en los últimos meses. A esa situación hay que agregarle el reclamo que vienen realizando los trabajadores de Desarrollo Social y de Salud. No sólo advierten que están sobrepasados de trabajo, sino que además no existe una planificación para abordar la problemática y, mucho menos, tratarla.

En medio de este sombrío panorama surgieron detalles sobre el alarmante agravamiento de la crisis carcelaria. Se sabe que el 90% de los acusados de cometer delitos tienen problemas de adicción, pero no hay un plan oficial para lograr su rehabilitación. Tampoco hay alternativas para saltear el obstáculo que presente la Ley de Salud Mental. Ningún ciudadano está obligado a realizar un tratamiento si no lo desea. Sólo puede hacerlo si es que se pone en peligro su vida o la de terceros. Ese es el mecanismo que se utiliza para que sólo el 10% de la población carcelaria (140 presos) reciba asistencia. Los 1.800 detenidos en comisarías (tienen capacidad para 500) tampoco pueden recibir atención. Sólo son asistidos cuando sufren una crisis de abstinencia -lo que genera serios problemas- o trasladados para iniciar un proceso de desintoxicación. Ese movimiento implica la utilización de policías que deberían estar dedicados a la prevención del delito.

La situación es crítica. Hay un cóctel peligroso que atenta contra todas las buenas intenciones. Los consumos problemáticos generan muerte y hacen disparar los índices delictivos. La lucha contra la comercialización avanza a paso lento porque la Nación sigue sin tomar la decisión política seria de acabar con el narcotráfico. Para acabar con la oferta, es necesario atacar la demanda, pero no hay continuidad con los planes de rehabilitación en las adicciones. Para pensar en una solución, se deben buscar soluciones integrales y tener paciencia, porque los resultados no serán a corto plazo.