Las negociaciones entre la Argentina y el Staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) son más duras de las que el Gobierno intenta mostrar a las puertas de las PASO. El pasado de incumplimientos condena a la Argentina; el presente de necesidades extremas de dólares inquieta al organismo internacional, que mira con preocupación el futuro de un país deudor consuetudinario que no ha logrado cumplir, siquiera, las metas anteriores. El Fondo necesita certezas de que la administración del presidente, Alberto Fernández, al que le queda cinco meses de mandato, cumplirá los objetivos para superar los desequilibrios macroeconómicos y, a la vez, generar capacidad de pago de sus compromisos.
En Washington, el staff del organismo cree que el Gobierno argentino no ataca los problemas de fondo, sino que sólo busca introducir una especie de pausa en el deterioro de las variables. Sobre la mesa de negociaciones, la “oferta” del equipo que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, consistiría en la generalización del Impuesto PAIS a un buen número de ítems de importación, con una alícuota por definir, y la cuarta versión del “dólar soja”, con algunas innovaciones, advierte el economista del Instituto para el Estudio de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Jorge Vasconcelos. En pocas horas será factible corroborar la veracidad de estas conjeturas, o habrá que asumir escenarios que se han venido considerando de “baja probabilidad”. Son los que Vasconcelos y su colega Maximiliano Gutiérrez considera como escenarios extremos que no son más que el corte de negociaciones e interrupción de pagos por parte de la Argentina, algo que la Casa Rosada descarta de plano. ¿Por qué? Simplemente porque impactaría negativamente en las variables financieras de corto plazo (brecha cambiaria, tasa de interés, evolución de los depósitos bancarios, entre otras), deteriorando las chances electorales del oficialismo.
“Del acuerdo lo que hay que decir es que hay una forma muy fácil de conseguirlo: aceptar lo que diga el Fondo. Si hoy está demorándose, es producto de que nuestros negociadores no van al almacén con el manual del almacenero; van a defender los intereses del conjunto de los argentinos”, manifestó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El sucesor de Juan Manzur en ese cargo no dudó en culpar al gobierno de Mauricio Macri por las dificultades que la actual administración tiene para cerrar un acuerdo con el FMI por el crédito de U$S 44.000 millones otorgados en el mandato pasado.
Ahora bien, ¿qué sucedería si es que el Gobierno finalmente logra un entendimiento con el FMI? Según el Ieral, el acuerdo que pueda lograrse entre el staff y el gobierno habrá de consistir en medidas de corto plazo, que amplíen por tres o seis meses la “normalidad” de la relación financiera con el organismo, pero sin lograr extender el horizonte de mediano y largo plazo para la macro. Existen escenarios intermedios aún sin un acuerdo cercano, ya que el gobierno podría hacer frente a los vencimientos más inmediatos con el FMI apelando a divisas derivadas del swap, pero en realidad necesitaría ampliar esa línea de crédito para evitar incumplimientos antes del 10 de diciembre. Es por esto, plantea Vasconcelos, que se baraja la posibilidad de un arreglo “light”, por el cual se destraban los desembolsos de junio desde Washington (por unos U$S 4.000 millones) para cumplir con compromisos inmediatos por U$S 3.400 millones que caen a fin de este mes y el primer día de agosto. Si el giro de divisas de parte del FMI se demora unas semanas, por cuestiones operativas, pero el acuerdo ya está cerrado, esa ventana de tiempo podría ser cubierta apelando al saldo disponible del swap y otras fuentes de caja del Banco Central (BCRA). Hasta ahora, el Central habría usado el equivalente en yuanes de U$S 3.325 millones, incluyendo U$S 1.070 millones con los que se abonó el vencimiento de junio con el FMI.
El BCRA no está en su mejor momento para seguir cediendo reservas. Según un diagnóstico de Invecq Consulting, el deterioro se mantuvo este mes: acumula ventas por U$S 1.184 millones en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), y las reservas netas ya están en torno a los U$S 7.500 millones de saldo negativo -según la metodología del FMI-. Además, el Tesoro volvió a necesitar del financiamiento monetario del BCRA. En este delicado contexto se enmarcan las negociaciones con el FMI, que se dilataron mucho más de lo que pensaba el Gobierno. El Fondo estaría pidiendo un mayor ajuste fiscal y un salto discreto del tipo de cambio oficial; lo que, desde el oficialismo, no ven con buenos ojos estando a tres semanas de las PASO.
¿Qué estaría analizando en cambio el equipo de Massa? “Lo mismo de siempre”: lanzar otro tipo de cambio diferencial para el agro, y ajustar aún más las importaciones (aunque esta vez mediante la aplicación del impuesto PAIS en algunos bienes, lo que se sumaría a la administración cuantitativa vía SIRA). De ser así, hacia adelante cabe esperar una mayor recesión (con una actividad que ya acumula dos meses consecutivos de caída) y más inflación (de encarecerse los insumos importados, dicho aumento será trasladado a precios).
La consultora, dirigida por el economista Esteban Domecq, afirma que no hay mucho margen: debería acordarse con el staff a comienzos de esta semana que viene, y que en tiempo récord el board brinde el visto bueno -entra en receso en agosto- para destrabar el desembolso. En conclusión: la situación es sumamente delicada y el tiempo apremia.
Reservas
¿Qué pasó con los dólares que debía acumular el BCRA?
Las reservas netas del Banco Central (BCRA) debían alcanzar los U$S 9.077 millones a fines de junio, según lo establecido en el acuerdo con el FMI. Sin embargo, indica Invecq Consulting, pese a la implementación del “Dólar Soja/Agro” III y el endurecimiento de las restricciones cambiarias, el Gobierno nacional estuvo muy lejos de cumplir la meta: cerraron en torno a los U$S 5.300 millones (de acuerdo con la metodología que aplica el organismo internacional) en el segundo trimestre del año. La diferencia fue abismal: se incumplió por más de U$S 14.000 millones (incluso pese a que, en la revisión de marzo, el Fondo redujo la meta en U$S 1.800 millones).
La sequía estuvo en el centro de la escena. La pérdida de más de U$S 24.000 millones de la cosecha valorizada de trigo, maíz y soja afectó de manera considerable el escenario cambiario: las exportaciones de productos primarios cayeron 40,6% en el primer semestre del año (-59,8% las del complejo sojero -netas-), mientras que las de manufacturas de origen agropecuario -26,1% (entre ambos rubros fueron casi U$S 9.500 millones menos, base devengado). “Lo anterior se tradujo en una notable merma en la oferta de divisas: el cobro por exportaciones cayó 20% (-U$S 7.268 millones) hasta mayo”, detalla la consultora privada.
En caso de tener que afrontar el próximo compromiso sin los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, los dólares netos del Banco Central perforarían los U$S 11.000 millones negativos, advierten en el mercado.
Déficit
¿Cuál fue el comportamiento de las cuentas fiscales?
El déficit primario del Sector Público nacional trepó a $ 611,7 millones en junio. Así, llegó a $ 1.880,7 millones en el primer semestre, incumpliéndose por casi $ 700 millones la meta acordada con el FMI (-$ 1.181,4 millones). Gran parte del deterioro fiscal se explica por el desplome de los ingresos, que cayeron 9,3% anual durante los primeros seis meses del año -en términos reales-, puntualiza un reporte de Invecq. Otra vez, la sequía tuvo un rol protagónico: los derechos de exportación se contrajeron 54,3% interanual al descontar la inflación. Por su parte, el Gobierno recortó el gasto pero no fue suficiente: las erogaciones primarias bajaron un 6% interanual real -en promedio- durante el primer semestre. ¿El principal rubro de ajuste? Las prestaciones sociales, no solo por la contracción versus igual período del año pasado (-8% real), sino por su peso en el total: representan el 56% de los gastos primarios. Este comportamiento se explica principalmente por la fórmula de movilidad vigente; que, al atar los aumentos futuros a una “nominalidad pasada”, licúa los gastos cuando se acelera la inflación. Por último, Invecq destaca que el Gobierno fue bajando el ritmo de ajuste de manera consistente durante los últimos cuatro meses: los gastos primarios cayeron 17,2% interanual en marzo, 9,6% en abril, 7,4% en mayo, y solamente 2,7% en junio (todo en términos reales). En este sentido, es paradigmático el caso de los subsidios económicos, que pasaron de contraerse casi 35% interanual real durante febrero-abril -en promedio-, a crecer 14,5 puntos por encima de la inflación en mayo-junio.
Emisión
La “maquinita” sigue encendida
Tras siete meses consecutivos (agosto de 2022-febrero de 2023) en los que el Tesoro no recurrió al BCRA -de manera directa- para financiar sus gastos, volvió a “encenderse la maquinita”: la autoridad monetaria le envío $ 1.358 millones en concepto de Adelantos Transitorios (AT) entre marzo y junio. De esta manera, el Gobierno incumplió con creces la meta acordada con el Fondo, que permitía un financiamiento directo de $ 372,8 millones en el primer semestre (la asistencia fue un 264% superior). La mayor emisión para el Fisco es la contracara del deterioro fiscal, pero también de la situación crítica en materia de reservas y la postergación del desembolso del FMI pactado para junio. Esto último, señala Invecq, hizo que el BCRA le gire al Tesoro $ 688 millones el 30 de junio pasado (el 56% de la asistencia del segundo trimestre), para que el Ministerio de Economía pueda comprarle yuanes al Central y cancelar el vencimiento de capital con el organismo internacional por casi U$S 2.700 millones.
Las necesidades por cubrir el rojo de las cuentas públicas están presentes como nunca, y la emisión monetaria, de alguna u otra forma, continúa siendo el instrumento más recurrente para cerrar esa brecha, plantea por su parte, GMA Capital, que advierte que se está operando al límite de lo permitido por la Carta Orgánica del Banco Central. Más allá de la canilla de salida, lo cierto es que esta inyección monetaria genera que el valor del peso se siga deteriorando, contribuyendo a mayores presiones inflacionarias y volatilidad en el tipo de cambio financiero, puntualiza el diagnóstico de la compañía que asesora acerca de inversiones.
Dólares
¿Qué sucederá con el tipo de cambio?
Tomando en cuenta la situación de las reservas netas, que estén en mínimos negativos no significa que el Banco Central (BCRA) carezca de liquidez para seguir interviniendo en los mercados, sino que se está endeudando con alguno de sus acreedores, advierte Portfolio Personal Inversiones (PPI). Sin embargo, dada la tendencia negativa que mantendrá el flujo, es esperable que tras las PASO se ajuste el racionamiento de los dólares para que ese liquidez “alcance” hasta fin de mandato (léase, un nuevo ajuste del cepo). En opinión de la consultora, el Gobierno nacional se inclinará por esta medida antes de convalidar un salto discreto del tipo de cambio. “El torniquete más duro probablemente ensanche la brecha cambiaria y acelere la inflación (aunque un triunfo de la oposición operará en el sentido contrario)”, explica. De cortísimo plazo, PPI cree que la incipiente presión dolarizadora se incrementará en la víspera de las PASO. No obstante, con el resultado de la elección puesto, la firma observa una bifurcación de caminos: el mercado no convalidará el actual nivel del Contado con Liquidación (CCL) si triunfa Juntos por el Cambio, como anticipa el promedio de encuestas, mientras que si el oficialismo sale fortalecido podría testearse los máximos de enero y julio de 2022. En cuanto a la inflación, Portfolio Personal sostiene que la baja de mayo y junio fue transitoria y que, en agosto, empujado por el ajuste del cepo cambiario que viene, retomará el camino ascendente para llegar cerca de los dos dígitos mensuales al final de mandato del presidente Alberto Fernández, el 10 de diciembre próximo.