En 2019 y en 2020, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó dos ordenanzas que aún no fueron aplicadas por el Ejecutivo municipal: la del presupuesto participativo, impulsada desde 2017 y que dispone que los vecinos elijan el destino de un porcentaje de los fondos de la ciudad, y la del cupo laboral trans y de víctimas de trata.

Por un lado, la propuesta presentada en 2017 por el edil José Francisco “Lucho” Argañaraz (Unión Cívica Radical) fue aprobada en el recinto dos años más tarde y dos veces anunciada por el intendente Germán Alfaro, en la ceremonia de reasunción (2019) y en el inicio de actividades legislativas del Concejo (2020).

Sin embargo, la medida fue promulgada pero no reglamentada en lo que va de la gestión del Ejecutivo municipal y tampoco lo será en lo que queda del mandato. Así lo confirmó Rodolfo Ocaranza, secretario de Gobierno de la Municipalidad: “No se reglamentó porque justo cuando estábamos en ese trabajo, llegó la pandemia y se prohibieron las reuniones presenciales”, se justificó.

Aún así, aseguró que la medida está vigente y que “habría que retomar el proceso”, pero que no será posible hacerlo en los últimos meses de dirección municipal de Alfaro. “Es algo que requiere, por lo menos, de seis meses o un año de trabajo. Ya no estamos con tiempo”, remarcó el funcionario, cediendo el tema para su tratamiento a la intendenta electa, Rossana Chahla (FdT), que asumirá en octubre.

En tanto, el concejal impulsor de la ordenanza resaltó que “si el intendente lo anunció dos veces es porque importancia, para él, tiene”. “Quiero creer que fue (que no se trató) por cuestiones operativas, de tiempo nada más. Si estuviera en contra, lo habría vetado”, consideró Argañaraz.

“Me encantaría que se ponga en práctica porque le hace bien a la democracia; favorece a la participación activa de la gente”, reiteró el edil oficialista.

Además, cabe destacar que no es la primera vez que el Concejo capitalino sanciona una ordenanza de Presupuesto Participativo. En abril de 2006 se había aprobado una iniciativa del radical Gustavo Usandivaras, con apoyo de 16 ediles, pero que fue vetada por el entonces intendente Domingo Amaya.

En este caso, no hubo veto pero tampoco se promulgó la disposición para su tratamiento e implementación en el Municipio.

“El tema no avanzó”

Por otro lado, un segundo proyecto que presenta demoras en su implementación es el del cupo laboral trans y de víctimas de trata. Si bien Ocaranza afirmó que la medida está vigente, Sara Lía Romano, de la Dirección de Diversidad e Inclusión, cuestionó su ejecución.

“Se tomó a gente trans durante la campaña (electoral), pero sólo dos quedamos en planta”, aseguró. Contó que las personas que se sumaron en ese período estaban resguardadas bajo contratos cortos y “ahora están en el aire”.

“Yo ya no lucho más, el tema no avanzó. Hablan de inclusión porque me tienen a mí de directora, pero no te toman (en el trabajo)”, reclamó Romano.

Sin embargo, remarcó que es un problema que tiene dos aristas: por un lado, la falta predisposición del Ejecutivo para hacer cumplir el cupo laboral trans del 1% y, por el otro, la falta de voluntad del mismo colectivo en participar activamente en la labor diaria.

“No es el intendente, son los funcionarios los que no dan respuesta. Hay chicos que vienen trabajando hace muchos años y necesito que los dejen en planta, porque sólo tomaron a dos trans. Pero así también, di de baja a muchos empleados porque no querían trabajar, aún cuando recibían un sueldo”, desarrolló Romano.

Los impulsores de estas ordenanzas, aprobadas en 2020, fueron los concejales peronistas Sara Assán -por el cupo laboral trans- y Gonzalo Carrillo Leito -por el cupo laboral para víctimas de trata-.

Al respecto, comentaron: “Imagino que todavía no se implementó porque repercute mucho menos en los medios si, en lugar de vetar (la medida), se la promulga y luego se la cajonea”, opinó Assán.

El objetivo principal de la ordenanza era “garantizar una fuente de trabajo digna para las personas trans, para garantizar su inclusión en el mundo laboral y en sus realidades”. “Lo mejor que podemos hacer es crear fuentes de trabajo y dar oportunidades laborales a todos y a todas por igual, sin discriminación de género”, consideró la edil.

Por su parte, Carrillo Leito insinuó que “la decisión política del intendente, por su ideología, es no reglamentar”. “Es grave, hace más de dos años que se aprobaron ambos proyectos por unanimidad. Así que habrá que esperar el cambio de mandato”, apuntó.

El concejal expresó que “esto tiene que ser una realidad”. “No podemos mirar para otro lado. Es un paso muy importante para deconstruir la sociedad machista en la que vivimos, que tiene muchos prejuicios y mucha desigualdad. Tenemos que ser un poco más empáticos”, aseveró Carrillo Leito.