“Tucumán está en emergencia en adicciones”. Esta definición se repite en cada barrio de la capital, al menos. “Sólo falta el reconocimiento político”. 

En los últimos días, los trabajadores de las dependencias oficiales de los servicios contra las adicciones  llevaron adelante jornadas de protestas por la precarización laboral y la titularización de los agentes, entre otros ítems. Pero detrás de esa demanda, se expuso un problema mayor: el crecimiento de la demanda por atención producto del aumento del consumo de sustancias y de la violencia en los barrios. A ello se sumó la merma de los especialistas en los Centros Primarios de las Adicciones (Cepla), que dependen del Ministerio de Desarrollo Social provincial.

“En mí área, que es el abordaje comunitario, se observa una demanda constante no sólo por consumo, sino también el crecimiento social de salud mental. Por eso, se movilizan todos por todas partes. Después de la pandemia de covid-19, hubo más reclamo desde todo punto de vista”, dijo el especialista Emilio Mustafá, quien trabaja en la zona de Los Vázquez, entre otros puntos del Gran Tucumán.

Según expresó, el nivel de agresión registrado en Tucumán en los últimos meses ha demostrado ese escenario social. “Hace un mes atrás todos se sorprendieron porque unos chicos llevaron armas a las escuelas, pero ello es un reflejo del grado de fractura social”, subrayó.

En el Cepla de La Costanera cada vez cuesta más contener el número y la complejidad de los casos, teniendo en cuenta la disminución de profesionales. “Hay personas que llegan por una cuestión de salud mental, pero al mismo tiempo están en situación de vulnerabilidad: no tienen qué comer, dónde vivir ni acceso a un servicio médico. De pronto, nos encontramos brindando atención psicológica sin la posibilidad de trabajar en los otros aspectos", dijeron en el Centro.

En general, los pacientes llegan para pedir ayuda “porque no pueden seguir viviendo así”, de acuerdo a las definiciones. Planteo cuando se trata de casos de adicciones. Aunque también se presentan condiciones de violencia o abuso. Por todo ello, al personal le ha resultado difícil avanzar en el tratamiento sólo por el consumo de drogas. 

Incluso, los profesionales dejaron de lado los servicios en los hogares, los recorridos por la comunidad, porque cada vez son menos.

En el Cepla del barrio El Bosque expresaron que el trabajo ha crecido a tal punto que se “exige repuesta alimentaria y material (vivienda), en línea de las adicciones”. Ese requerimiento puso sobre la mesa que el trabajo profesional pasó a tener un sentido mayor: de contener la problemática de las adicciones a cumplir el rol de Estado en general.

“La gente está muy mal, hay un alto nivel de fragmentación y de agresión en los barrios”, dijo Mustafá, en consonancia con lo que viene sucediendo en los Cepla oficiales.

“Cuando hablamos de emergencia, implica un acción política: inversión en recursos humanos, en logística, la jerarquización de los trabajadores de salud mental porque somos clave en la salud mental comunitaria, no sólo en los hospitales”, señaló.

Ante este panorama, los trabajadores han reclamado el tratamiento de la ley y la convocatoria a una mesa de trabajo a todas las áreas, entre públicas y privadas, para la segunda semana de agosto. Es que la ley N° 26.657 de salud mental está en vigencia desde 2010. De acuerdo a las fuentes consultadas, en Tucumán se aplica de manera parcial "por falta de presupuesto y adecuación al sistema de salud".  

"Estamos pidiendo que se cumpla integralmente, como dice la normativa", aclararon. Además, por el crecimiento de la demanda en salud  mental y adicciones registrado desde la pandemia hasta la actualidad, solicitaron que la Provincia declare una ley de emergencia en esta temática que incluya presupuestos efectivos para recursos humanos y logística para la atención de la demanda. A la vez, que se establezcan mesas de trabajos para el diseño de protocolos y dispositivos de atención para niños en consumo. 

En 2021, la Legislatura había aprobado una declaración de emergencia en plena pandemia que duró hasta 2022, sin impacto en la red de contención, expresaron en el sector.

Consumo y encierro

Hace ocho días, una mujer fue acusada de privación ilegítima de la libertad contra su hijo y la Justicia dispuso la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Ella, junto a otros familiares, mantuvo al joven encadenado y encerrado. Además, el muchacho estaba en estado de deshidratación, desnutrido, en mal estado de salud e higiene en general.

“Soy culpable de esto, lo hice porque mi hijo es ‘pipero’, drogadicto y alcohólico; sale y les roba a los vecinos, les tira piedras a los colectivos y tiene problemas con todo el mundo. Me pega, me maltrata, tira las puertas a patadas y me saca plata. Yo amo a mi hijo, señor juez, soy ignorante y estuve mal, pero quería protegerlo porque ya lo habían amenazado y tenía miedo de que me lo maten”, señaló llorando Sonia, madre del hombre, de 34 años, que había sido hallado en una vivienda de Villa Carmela.

Mustafá y un grupo de profesionales manifestaron que se han registrado casos con las mismas características desde hace más de 10 años en Tucumán. Y varios de estos desembocaron en el suicidio de las víctimas tras salir de la contención de las familias.

En ese contexto, remarcaron la importancia del trabajo de los equipos interdisciplinarios y territoriales e hicieron hincapié en que “resulta más cómodo culpar a una madre desesperada y sola, que pensar cuál ha sido la vulneración psicosocial de ella para llegar a esa instancia, es decir, qué ha pasado y el por qué”.  

Según expresaron, queda cómodo no responsabilizar al Estado, por lo que termina siendo así una acción individual.