“Llevamos tranquilidad a las familias de las y los trabajadores estatales. Junto a la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y al ministro del Interior, Miguel Acevedo, anunciamos que las y los empleados de la Administración Pública percibirán en agosto un bono extraordinario de $ 20.000”. El tuit del gobernador Juan Manzur es una exteriorización de que el Estado trata de sostener la calma entre los 110.000 agentes públicos a base de una estrategia que le ha dado resultados coyunturales a varias gestiones: el pago de una suma fija y por única vez.
La anunciada ayer en la Casa de Gobierno se pagará durante la primera semana de agosto y es probable que se efectúe por planilla adicional para que los estatales no sufran los descuentos que habitualmente se le practican en la entidad bancaria por distintos compromisos financieros, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía. El otorgamiento del bono extra también tuvo otro objetivo pactado con los gremios: que el salario estatal no pierda frente a la inflación. Tomando en cuenta las sumas fijas otorgadas a lo largo de este primer semestre más el aumento del 45%, los empleados públicos pudieron empatarle al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que puede llegar al 47% en la primera mitad de este 2023.
A mayo pasado, último informe disponible de la Contaduría General de la Provincia, la planilla salarial bruto del sector público tucumano (incluye aportes) fue estimada en $ 35.295 millones. Para tener un parámetro de lo que ha sido la evolución de las remuneraciones públicas, en igual mes de 2022, esa planilla salarial bruta era de $ 14.225 millones.
Con los incrementos acordados en lo que va del año, los salarios se han llevado unos $ 12.000 millones adicionales del gasto corriente, además de los $ 3.000 millones que le significan al erario el pago del bono extraordinario. La cifra de los reajustes es equivalente, por ejemplo, a lo que la Dirección General de Rentas recauda en un mes.
En las redes sociales, el gobernador ha dado otro dato que también marcará el futuro de las conversaciones con los sindicatos estatales (no todos están satisfechos con el pago reiterado de un bono extraordinario, ya que no les suma para una futura jubilación). “Según lo acordado, convocamos a los gremios a un nuevo proceso paritario a partir del 25 de julio. Nos comprometemos al mayor esfuerzo posible para adecuar el salario de las y los trabajadores que garantizan el funcionamiento y los servicios esenciales del Estado”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.
“Veníamos realizando paritarias anuales. Este año pactamos paritarias por seis meses con el mes de julio incluido, por lo cual, fue nuestro compromiso volver a convocar a los gremios para discutir la cuestión salarial del segundo semestre del año”, dijo la ministra de Gobierno al término del encuentro con los sindicalistas. “Después de haber festejado la aprobación de la reforma de la Ley de Carrera Sanitaria en la que el Gobierno cumplió con esta promesa de la paritaria 2023, como nosotros estamos muy atentos al índice inflacionario, aceptamos este bono. Con esto, hasta iniciada la paritaria el 25 de julio, tenemos que decirles a nuestros compañeros trabajadores de la salud que nos vamos a sentar a defender sus salarios”, indicó por su parte Noemí Díaz, de Sumar.
En este sentido, el Gobierno confía en que el Poder Ejecutivo nacional encuentre la manera de desacelerar la inflación. Al menos en junio, estaría por debajo del 7%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido ayer por el Banco Central, admite una moderación en la velocidad de los aumentos de los precios al consumidor. Sin embargo, las y los analistas del REM estimaron para todo el año una inflación de 142,4% interanual, cortando la tendencia alcista observada en lo que va del año. A su vez, revisaron las previsiones para 2024 y 2025, ubicando la inflación en 105% y en 54,8%, respectivamente.
El margen de maniobra que tiene el equipo que comanda el ministro de Economía, Eduardo Garvich, se achica. Las demandas salariales serán creciente en la medida que se expandan los precios de los alimentos y de los servicios de uso general. Pero, por si esto fuera poco, la recaudación nacional y provincial ha mostrado signos de desaceleración, lo que constituye una luz amarilla hacia el futuro. Manzur dejará el cargo el 29 de octubre en manos del actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, pero los gremios saben que uno y otro son lo mismo y que, además, el Estado es uno. Por eso reclamarán que las negociaciones sigan abiertas, más allá de quién ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo del salario. “Hay que vivir el día a día”, indican en el área económica, una frase que desnuda la situación en las cuentas públicas. El pago del medio aguinaldo ha significado un esfuerzo adicional en base a lo que el Gobierno logró recolectar en abril a junio, los meses de mayor recaudación de IVA y de Ganancias, dos impuestos coparticipables.
Durante los últimos días, el gobernador y el vicegobernador y gobernador electos estuvieron en Buenos Aires gestionando recursos para atender compromisos financieros. El ministro de Economía, Sergio Massa, prometió a ambos que el Gobierno nacional habilitará financiamiento a Tucumán cuando así lo precise. Es probable que ese dinero federal sea desembolsado a la brevedad.