La Legislatura avaló el convenio que la Provincia firmó recientemente para refinanciar la deuda que mantiene con la Nación por $ 22.432 millones. El pasivo fue contraído ante el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021, según explicó en la sesión del miércoles el legislador Raúl Ferrazzano, presidente de la comisión de Legislación General.

La medida se formalizó a través de la resolución 708/2023 publicada el 1 de junio en el Boletín Oficial de la Nación, y el decreto provincial N° 2.005 del 13 de junio, que lleva las firmas del vicegobernador -en ejercicio del Poder Ejecutivo- Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía, Eduardo Garvich. En los documentos se precisó que en el periodo mencionado la Provincia firmó con la Casa Rosada cinco convenios en el marco de los programas de Convergencia Fiscal - Línea Reperfilamiento, de Emergencia Financiera Provincial y el de Asistencia Financiera a las Provincias.

Amortización

El parlamentario oficialista indicó que la amortización de la deuda se efectuará en 12 cuotas a partir del vencimiento del período de gracia, con el primer vencimiento previsto para el último día hábil de enero de 2024. La gracia para el capital será hasta el 31 de diciembre, y los intereses se devengarán a partir del 31 de mayo sobre el capital actualizado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En tanto que la tasa de interés aplicable será del 0,10% nominal anual.

En el convenio, que lleva las firmas del ministro de Economía Sergio Massa y del gobernador Juan Manzur, se precisó que la Provincia deberá suministrar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía nacional “información fehaciente para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas durante todo el periodo de vigencia”.

Además, la Provincia se compromete en la cláusula cuarta a no emitir títulos públicos de circulación como “cuasi moneda”. “En caso de incumplimiento de ese compromiso se procederá a la cancelación del presente convenio”, se indicó.

Para asegurar el cumplimiento del acuerdo, se determinó que el Ejecutivo provincial cederá sus derechos sobre las sumas a ser percibidas por el Régimen de Coparticipación hasta la total cancelación del capital e intereses adeudados; de ocurrir la falta de pago, la Nación está autorizada a retener automáticamente a los 10 días los importes necesarios de los fondos destinados a la coparticipación.