La Cámara de Diputados volvió a debatir proyectos en el recinto, después de tres meses. Esto no sucedía desde el pasado 19 de abril. En una extensa jornada, donde se exigió justicia por el crimen de Cecilia Strzyzowski y se escucharon manifestaciones a favor y en contra de los violentos hechos ocurridos semanas atrás en Jujuy, los legisladores avanzaron en “medidas paliativas” para los deudores de créditos hipotecarios UVA a través de la implementación de un proyecto denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. En el país, hay unos 106.000 tenedores de estos créditos.

Al término de esta edición, la Cámara baja se aprestaba a aprobar el dictamen mayoritario, que surgió como un resumen de otras 10 iniciativas presentadas al respecto, y al que se había llegado con el consenso de 50 legisladores del Frente de Todos (FdT) y la Unión Cívica Radical (UCR). El interbloque de Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz.

Uno de los principales puntos del proyecto modifica el sistema de actualización de los créditos UVA vigentes, definido durante la gestión de Mauricio Macri, que establece la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. Además propone la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos o embargos sobre aquellas viviendas adquiridas.

En relación al cambio en el sistema de actualización, el nuevo proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el índice Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). Y en los meses que el Ripte se encuentre por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pagarán siempre el índice más bajo. Además, se establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.

En relación al tema, la representante de Tucumán, Paula Omodeo, fue enfática al asegurar que esta propuesta no brindará soluciones porque no trata el problema de fondo y no busca resolver la inflación. “Lo que estamos haciendo no sirve para nada porque queda en buenas intenciones. Si analizamos un par de datos nos damos cuenta que esto es una puesta en escena”, expresó durante el uso de la palabra. Y agregó: “Ya se ha demostrado que la economía, el mercado y el comportamiento de la sociedad no se manipula con una ley de buenas intenciones ante un problema de desestabilidad macroeconómica”.

Después de las PASO

A la oposición le costó, pero después de varias idas y vueltas logró imponer una fecha de tratamiento para debatir los proyectos que impulsan reformas a la actual Ley de Alquileres. En un primer intento para buscar derogar la actual legislación sobre tablas, el interbloque de JxC no consiguió los números necesarios para avanzar en dicho sentido. Sin embargo, horas después, el presidente del bloque radical Mario Negri pidió la palabra para anunciar que 13 bloques firmaron una nota para ratificar el pedido de sesión especial para el día 23 de agosto con el objeto de “considerar los proyectos y dictámenes, todo lo que esté girando alrededor de la Ley de Alquileres”. De momento, el FdT no adhirió a la convocatoria.

En relación a la medida, la diputada Silvia Lospennato señaló que esto demuestra la voluntad de discutir el tema en el pleno y adelantó que se trabajará para tener un dictamen único.