En cualquier actividad el cese de funciones de un trabajador, ya sea por cambio de tareas, por partida hacia otra actividad o sencillamente por jubilación provoca un reemplazo que suele ser prácticamente inmediato. La razón es que el trabajo que cumple tiene una utilidad en ese ámbito que no depende de las personas sino que es parte de un equipo cuya efectividad se resiente si le falta una pieza del engranaje. Como un ómnibus que se queda sin conductor. Por ello, cuando el reemplazo de un empleado que ha partido se hace esperar, la estructura entera reclama que se normalice la situación, a riesgo de que el producto final se malogre, o bien no se termine.

Eso es lo que está sucediendo en la Justicia federal desde hace muchos años. Con sólo observar lo que ocurre en el Tribunal Oral Federal tucumano, que debiera tener tres jueces y está en una especie de limbo, ya que una magistrada se jubiló en 2018 (hace cinco años) uy otro en 2021 (hace dos), se aprecia esta situación incomprensible. Los procesos que debe llevar adelante están demorados; los que se aplican se realizan con jueces subrogantes, de otras jurisdicciones, y cabe suponer que se llevan a cabo los juicios que tienen menos complejidad tanto temática como operativa. Lo peor de todo es que no hay siquiera noticias de que los jueves iubilados vayan a ser reemplazados, porque no se está tratando esta situación en el Consejo de la Magistratura, en el Gobierno nacional ni en el Congreso. No es que haya un olvido total: hace dos años se nombró un juez federal, con lo que quedaron cubiertos dos de los tres juzgados de la provincia, y se renovaron dos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones (aún hay una vacante). Pero la extrema lentitud con que encaran estos procesos va muy por detrás de la rapidez de los cambios que plantea la misma realidad.

Se trata de un problema que, por un lado, se repite en todo el país. Debe haber 150 jueces en los tribunales orales federales repartidos en Argentina, pero un tercio de esas sillas está vacío. Según un relevamiento al que accedió “Infobae” ,“faltan 47 jueces en esos estrados desde donde se juzga delitos de corrupción, lavado de dinero, fraudes tributarios y narcotráfico. En algunos casos, la situación es tan absurda que faltan todos los magistrados de ese tribunal: sucede en lugares claves como Comodoro Py 2002, La Plata, Comodoro Rivadavia o Rosario, donde el delito se agiganta”. En febrero 40 presidentes de tribunales orales le dijeron a la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, que están “colapsados”.

Por otro lado, las soluciones de jueces subrogantes -que se aplican desde hace años, afectando la tarea habitual de esos mismos reemplazantes- así como las coberturas especiales con abogados no son buenas para el funcionamiento del engranaje judicial. El problema debería formar parte de la agenda urgente de quienes están en la carrera política actual, para que se normalice esta absurda situación de crisis permanente. El país necesita una Justicia en condiciones aceptables de trabajo.