Luego de que las principales petroleras del país anunciaran un aumento en el precio de los combustibles superior al 4%, lo cual rompe el acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, salió al cruce.
La Secretaría de Energía y las empresas petroleras habían acordado en principio un incremento del 4% para mediados de junio, pero las compañías se retractaron y advirtieron que aumentarían un 7%. "Estamos con la soga al cuello, la inflación y el retraso en los precios de los combustibles hace insostenible sostener las estaciones abiertas. Necesitamos una solución", reclamó Cecha, la confederación que agrupa a más 4.800 bocas de expendio.
Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que "el Ministro de Economía rechazó el aumento del 7% a las petroleras y les fijó un techo del 4,5%", debido a que incumplía el acuerdo de precios -en el marco del programa Precios Justos- con el sector de los combustibles que se renovó en abril por un lapso de cuatro meses, hasta el 15 de agosto.
Se aguarda la postura que tomarán las petroleras tras la advertencia del ministro que reclaman, además, una reducción impositiva como medida de alivio para el sector, entre lo que se contempla la reducción de un 30% del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se aplica sobre la venta de naftas y gasoil, lo que repercutiría en el cuadro tarifario y en el margen de rentabilidad.
A diferencia de otras subas, YPF -controladora del 55% del mercado de combustibles- sería la última en actualizar sus surtidores. La decisión de la firma de mayoría estatal es esperar a ver cómo se comportan y qué hacen las competidoras. En el sector aseguran que la estrategia laissez-faire (dejar hacer) le aporta argumentos para seguir los pasos de otros.