La mención de los “planos aprobados” de la Ciudad Universitaria, mencionados en la ley 14.771, de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de 1958, ha puesto patas para arriba a la UNT. Ha obligado a una revisión de las obligaciones legales que tiene la casa de estudios con respecto a los destinos de las regalías mineras: el mandato, desde 1958, es construir con la plata de la minería que le llegue a la Universidad vía YMAD, la Ciudad Universitaria.
Ese mandato fue abortado en 2007 por el ex rector Juan Alberto Cerisola, quien hizo hacer un plan de obras en distintas dependencias universitarias y luego hizo firmar un acta en YMAD por la que se declaraba terminada la Ciudad Universitaria y se cambiaba el destino de los fondos que llegaran en adelante por regalías mineras. Nadie se dio cuenta entonces de que las obras debían hacerse según “planos aprobados”. A partir del acta de YMAD los fondos se podían usar libremente, y llegaron profusamente entre 2008 y 2014. Según el ex consejero superior Ricardo Cisneros, habrían sido “alrededor de U$S 110 millones y ningún Consejo Superior Universitario sabe para qué se usaron”.
El sueño minero
Para ordenar la historia, hay que recordar que la UNT tiene derechos a las regalías mineras gracias a Abel Peirano, quien descubrió el yacimiento de Farallón Negro y le legó sus derechos de explotación a la UNT. Ya en 1930, en tiempos de Miguel Lillo y del rector Julio Prebisch, la UNT tenía inquietudes mineralógicas. El rector del primer tiempo peronista, Horacio Descole, dio impulso al gran sueño de la Ciudad Universitaria, que se comenzó a concretar desde 1949-50 con las primeras construcciones en San Javier, luego de la expropiación gigantesca que hizo la Nación en 1948 en las yungas para cedérselas a la Universidad. Un equipo igualmente enorme –liderado por los arquitectos Eduardo Sacriste, Héctor Vivanco y Horacio Caminos- se ocupó de ir plasmando ese sueño, que se truncó dos años después, por falta de fondos nacionales y por el final del rectorado de Descole.
Ahí entró a tallar la idea de completar la obra con plata de la minería, que no llegaba pero que había desatado todas las ambiciones en los 50. Cuenta el geólogo Florencio Aceñolaza en “Farallón Negro: epopeya de un sueño minero” que en 1950 los geólogos –siguiendo las estimaciones de Peirano de que “el oro se enriquecía en profundidad” en la zona- sugerían invertir unos 2 millones de pesos en exploración para obtener mineral por valor de unos $ 187 millones. Para 1958 se estimaba en Aguas de Dionisio se habían cubicado más de 300.000 ton de oro, plata y manganeso.
Disputa
En esos tiempos –dice Aceñolaza- Catamarca estaba convulsionada con el hecho de que la UNT tuviera participación en la explotación minera, a tal punto que en 1957 hasta había un clima “antitucumano” e incluso hubo una fuerte pueblada a causa del conflicto minero. Conflicto que se zanjó en 1958, en el rectorado de Eugenio Flavio Virla, con el Acta de Farallón Negro, un decreto nacional N° 270 de creación de Ymunt (yacimientos de la UNT) y luego la ley 14.771 de creación de YMAD. Tanto el decreto como la ley mencionan los “planos aprobados”.
Buscar códigos de barras
¿Dónde están esos planos? En marzo se hallaron 12 cajas arrumbadas en un depósito en la Quinta Agronómica. Contenían unos 2.000 rollos, varios de ellos referidos a la Ciudad Universitaria. Según Sergio Mohamed, secretario de Planeamiento y Obras, son croquis y láminas, no son definitivos, aunque “se hallaron los planos del acueducto de Anfama, de la enfermería –dónde está la residencia- y las cúpulas”. Esta semana, dijo José Hugo Saab, secretario general de la UNT, comenzará la digitalización de ese material y se constituirá una comisión que lo va a estudiar.
En la UNT, por ahora, dicen que no están ahí los “planos aprobados”. Explica Santiago Rex Bliss, subsecretario de Relaciones Institucionales y Gestión Universitaria, que investigó en las sesiones del Congreso de cuando se aprobó la Ley 14.771 y no se mencionan los planos (excepto en el texto de la ley). El padre de Bliss, Horacio Bliss, y Celedonio Gutiérrez, eran los asesores de Virla y delegados de UNT en el tema Faralllón Negro.
¿Entonces, qué pasa con los planos? Cisneros dice que habría que ver los códigos de barras de las cajas de aire acondicionado para saber en qué fecha se pusieron esos 2.000 rollos ahí. ¿Fueron escondidos en 2007, con lo cual desaparecían los “planos aprobados” y con ellos el impedimento legal para que se hicieran las obras que pidió Cerisola para dar por concluida la Ciudad Universitaria? El enigma se mantiene, pero la búsqueda de los planos aún no ha concluido. ¿Incidirá esto en el juicio que se sigue a Cerisola y tres de sus ex funcionarios por presuntas irregularidades en las obras hechas, por las colocaciones financieras en el período 2006-2009 y por el acta de YMAD? El juicio se haría en octubre, luego de que esta semana sea entregada la última pericia por parte de un perito de la Corte de la Nación.
La diferencia de 4.000 hectáreas
El escándalo de los “planos aprobados” puso en escena la compleja trama del patrimonio de la UNT, que desde 2018 se intenta ordenar mediante el trabajo de una comisión. Sucede que en la revista de 1950 “Nuestra Arquitectura”, dedicada a la Ciudad Universitaria, y en el expediente de creación de la Comisión Administradora de la Ciudad Universitaria se menciona que la total extensión de los terrenos adquiridos y expropiados por el decreto 38.555 de 1948 es de 18.000 hectáreas. Pero el parque Sierra de San Javier, según la medición de 2020, tiene 14.030 ha.
La diferencia, dice Máximo Castro, abogado de la UNT, se debe a que antes de la creación de Catastro y del Registro Inmobiliario (en los años 60) las mediciones se hacían “a cálculo”. “Los escribanos ponían que la compra se hacía ad corpus (hasta donde lleguen los vecinos)… antes se medía con cadenas, con ruletas... Se paraban en la quebrada y calculaban”.
La UNT explica que desde 2018 se ha ido regularizando la situación dominial, se ha trabado intentos de usurpación –siguen en pie los conflictos con Próspero Marcelo Sosa, el del barrio “Las Pirámides”, ubicado dentro del parque; con Carlos Torres en Las Tipas (en 2018 se secuestraron cañerías de agua que una empresa estaba montando, autorizada por Torres, para un emprendimiento inmobiliario); con Néstor Vargas y con Carlos Martín Medina en Horco Molle. La UNT logró que se declare imprescriptibles, inalienables e inembargables los bienes de la UNT.
Un largo pleito con los herederos de Guillermina Viaña de Colombres Garmendia está casi en su final. Ahí hay una explicación de la diferencia de hectáreas entre la expropiación de 1948 y la medición de 2020: el área expropiada era de más de 4.000 ha pero en la mensura se determinó que eran 1.700, según explica Máximo Castro. Y surge una pregunta: ¿En 1948 el Estado nacional pagó por esas 4.000 ha y en realidad eran 1.700?
La UNT explica que ya en 1949 hubo un plano –el 914- que determinaba 14.066 ha y que en 2000 se elaboró un plano de mensura que daba una superficie de 14.174 ha. El último plano, el de las 14.033 ha, debe ser aprobado por Catastro una vez que se escriture la parcela de Viaña de Colombres Garmendia.
Aunque parecen haberse superado los riesgos de usurpaciones, el patrimonio universitario todavía sigue siendo registrado. Faltan inscribir áreas de la Quinta Agronómica y del mismo Rectorado. “Tenemos más de 100 propiedades. Hemos regularizado más de 40”, dice Castro, que añade que en el examen aparecen cosas como una propiedad privada en medio del cerro que quedó fuera de la expropiación de 1948, cuyo título hicieron estudiar para estar seguros. “Esto es como una cebolla –dice Castro-; le sacás una capa y encontrás otra”.