El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio la causa por el intento de asesinatode la vicepresidenta, Cristina kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 en inmediaciones de su departamento de Recoleta, Capital Federal.

En su planteo, el funcionario judicial requirió la confirmación del proceso penal contra Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del hecho. También insistió en que vaya a juicio el denominado “jefe de los copitos”, Nicolás Carrizo, como partícipe secundario.

El sitio Noticiasargentinas.com consignó que la fiscalía hizo el pedido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y aseguró que los acusados actuaron de forma “premeditada”: “habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato” de Cristina Kirchner.

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“Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, detalló la fiscalía.

La acción de Sabag Montiel fue interrumpida primero por los militantes que aguardaban saludar a la funcionaria en la puerta de su casa, y luego por los custodios de la Policía Federal (PFA) a cargo de la custodia al ser ex presidenta.

Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas. Entre ellas, los mensajes entre Sabag Montiel y Uliarte que se mandaron planificando el hecho desde muchos días antes, incluso con la idea de llevarlo a cabo antes, y de los que ellos tuvieron con terceras personas.

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Financiación y vínculos políticos

El fiscal señaló en el requerimiento que no hubo pruebas que confirmaran financiamiento económico y vínculos con algún partido u organización política.

“Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, concluyó la fiscalía.

“Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos", dijo el fiscal al tener en cuenta que el arma utilizada, incluso, pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.

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“En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública.

“Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”, indicó la fiscalía.

También Rívolo se refirió a la posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. “No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, dijo.

Acusación de Cristina Kirchner

Rívolo hizo el pedido en momentos en que la vicepresidenta, quien es querellante en la causa, demandó más medidas de prueba y vinculó a sectores de la oposición, entre ellos, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman.

Es que 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos (FdT) declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión entre Milman y dos asesoras suyas, y en el que el legislador le dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica “cuando la maten” a la vicepresidenta.

Si bien Milman no fue imputado, sí se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.