El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dio comienzo al juicio por la megacausa “Jefatura III”, el decimoquinto proceso por delitos de lesa humanidad en la provincia, en el que se juzgará la responsabilidad penal de 27 ex militares y ex policías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 237 víctimas, de las cuales 84 continúan desaparecidas.

El debate aborda la tercera parte del universo procesal de la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán”, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966.

Para este juicio, el tribunal está integrado por la jueza subrogante María Noel Costa (de Córdoba), y los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga (Catamarca). Como juez sustituto actuará Federico Bothamley (Santiago del Estero). La fiscalía expuso una síntesis de los requerimientos de elevación a juicio. Luego se plantearon cuestiones preliminares y comenzaron a recibirse las declaraciones indagatorias. La lista de acusados incluye a los ex militares Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel Dursi, Luis Rolando Ocaranza, José Roberto Abba, Luis Alberto Ocaranza y Augusto Leonardo Neme. Los demás imputados, pertenecientes a la Policía de Tucumán, son Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Manuel Vila, Miguel Ángel Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, María Luisa Acosta de Barraza, Antonio Vercellone, Ramón Jodar, Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Angel Nieva, Miguel Angel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Zárate, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco, José Antonio Váquez, Juan Carlos Soria y Luis Ocaranza.

En representación del Ministerio Público Fiscal actúan el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi. Por las partes querellantes de esta causa actúa el abogado Pablo Gargiulo. Entretanto, 26 de los acusados son representados técnicamente por el Ministerio Público de la Defensa y 1 imputado lo será por un abogado particular.

Los hechos que se juzgan en este proceso -violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados- fueron cometidos principalmente en torno al centro clandestino de detención (CCD) “Jefatura de Policía de Tucumán” y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que lo operaba. Este lugar y esta porción del aparato criminal ya fueron objeto de debates orales en dos oportunidades anteriores por otros cientos de casos, determinándose en 2008 y 2014 condenas significativas a un gran número de acusados.

El juicio abarca también hechos llevados adelante por este grupo especializado de represión ilegal en el CCD “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército. El objeto procesal cuenta asimismo con hechos en los que se reporta un actuar coordinado con el accionar de al menos 32 comisarías distribuidas por toda la provincia.

Más de la mitad de las víctimas de este caso figuran en una serie de documentos extraídos del propio CCD “Jefatura” por el testigo Juan Carlos Clemente entre 1977 y 1978 y conservadas hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano en el marco de su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Entre los archivos aportados por el testigo, calificados como “únicos en el país y de enorme relevancia histórica” por la fiscalía, figura un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)” en el que aparecen enlistadas 293 personas que pasaron por el CCD “Jefatura”.

Junto a los datos personales de cada persona de la lista aparece una triple anotación según el destino que la llamada comunidad informativa de inteligencia decidía darle a cada víctima: “PEN” (la “legalización” de su detención reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (cuando eran liberados sin ningún tipo de formalidad) y finalmente la sigla “DF” que significa “Disposición Final”, es decir que se había decidido su ejecución extrajudicial y el posterior ocultamiento de sus cadáveres.

Los restos de varias de estas víctimas asesinadas fueron recuperados e identificados en la fosa común conocida como “Pozo de Vargas”.