Son números de los que ningún candidato quiere enterarse en tiempos electorales. Por un lado, para el oficialismo no es bueno, ya que no tardarán en llegar los cuestionamientos. Por el otro, deja al descubierto que la oposición no sabe lo que realmente sucede en las calles y aferrarse a esas cifras puede convertirse en un boomerang político. Por ese motivo, estos datos terminan transformándose en una brasa que nadie quiere agarrar por temor a quemarse.

Después de mucho tiempo, pudo conocerse un dato clave: en Tucumán aumentaron un 12% los delitos contra la propiedad en el primer trimestre de este año. Entre enero y marzo, hubo 8.897 casos, casi 1.000 más que en 2022, que se contabilizaron 7.936. Esos números, a los que tuvo acceso LA GACETA, revelan que hubo 228 hechos de inseguridad por día, casi 10 por hora y uno cada seis minutos. El número parece abrumador, pero está por debajo de la media nacional que es del 15%.

La Policía dividió en cinco regionales a la provincia. La Unidad Regional Este, con más de un 22%, fue la zona donde más robos y hurtos se cometieron. Le siguen la Regional Oeste, con un 20% y la Regional Capital, con un 18%, que es la zona más densamente poblada de la provincia. Según este informe, bajaron los delitos en la Regional Sur, un 7,9% y la Regional Norte, un 7.7%. Estas dos últimas incluyen municipios de gran actividad económica como lo son Concepción, Yerba Buena y Tafí Viejo, por sólo citar algunas.

Estos no son números en negro. Es un trabajo estadístico basado en las denuncias realizadas por los ciudadanos y las intervenciones efectuadas por la fuerza en todo el territorio provincial. En el primer trimestre de ese año hubo 27.794, casi un 21% más que el año pasado, que llegó a ser de 22.934. Para los especialistas estos datos están sustentados en tres bases:

1- Los índices de inseguridad van creciendo de la mano de la crisis económica y social del país en general y la provincia en particular.

2- La denuncia digital, implementada por el Ministerio Público Fiscal, está dando sus resultados, no sólo porque el ciudadano cuenta con una herramienta más eficaz para denunciar, sino porque la Justicia, con el nuevo código procesal penal, está dando respuestas más rápido.

3- El incremento de intervenciones policiales da cuenta de que con los miembros de la fuerza en la calle dan sus buenos resultados. El problema es que no se mantiene con el tiempo.

Los homicidios

Los índices de homicidios son los números que definen cuál es la situación de una provincia en materia de seguridad por una sola razón: las muertes no se pueden ocultar ni manipular. En este campo, el abril que acaba de terminar, no trajo buenas noticias: con 12 casos, fue el mes más violento de lo que va del año, que ya lleva 35 hechos. Otra más: por tercer mes consecutivo creció el número de casos.

Las cifras, con todo, son menores en proporción que a nivel nacional, en el que hay una escalada de violencia. El ejemplo más claro es Rosario, que en este 2023 ya se registraron 100 homicidios. Pero sí es un número que inquieta, ya que de persistir esta tendencia, la provincia quebrará la racha de reducción de crímenes de dos años consecutivos.

La cantidad de homicidios registrada en el primer cuatrimestre de 2023, es la segunda más baja de los siete años. Supera a la de 2022, que fue de 25 y está por debajo de las de 2021 (38), 2020 (41), 2019 (44), 2018, (46) y 2017 (41). Hay margen para modificar esta tendencia, pero no sobra el tiempo para hacerlo, y menos en el actual contexto.

Mientras tanto…

En el oficialismo no están sorprendidos con estas cifras. Era lo que esperaban que sucediera por una sola razón. El gobernador Juan Manzur, nunca tuvo a la seguridad en la lista de sus prioridades. Sí lo es para Osvaldo Jaldo que, cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo, la tuvo como uno de los principales motores de su gestión. Sus estandartes fueron la ley de narcomenudeo, la construcción del penal de Benjamín Paz y la incorporación de efectivos y de recursos a la fuerza que puso a los azules de su lado. Con poco, incluidas las reuniones quincenales con la cúpula de la fuerza, logró un respaldo que se tradujo en buenos resultados.

Pareciera que la tropa azul ya no está tan motivada porque no sólo cuentan con un apoyo, sino que surgieron problemas que parecían solucionados. Uno de ellos es la normalidad del pago de los servicios adicionales a los efectivos. Aunque suene increíble, es el Estado el principal deudor del “trabajo extra” de los efectivos. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) son los principales morosos. Cuentan que el dirigente tranqueño ya no sabe qué decir cuando le dicen “cuando usted estaba esto no ocurría”.

La oposición sigue en veremos o ni siquiera aprovecha para sacar ventaja política de la situación. Hay reacciones, pero ninguna propuesta o una acción concreta. Varios candidatos, siguen apostando a la entrega de botones antipánico a los habitantes de los barrios de la capital. ¿Para qué? Tal como ocurrió en las últimas elecciones, el sistema no está conectado a la Policía. En otras palabras, las alarmas suenan y suenan, pero nadie responde.

Ricardo Bussi trata de endulzar los oídos del electorado haciendo promesas que sabe que no podrá cumplir. A contramano de lo que sucede en el mundo y en la provincia, propone facilidades para que un ciudadano pueda armarse. Ahora también anunció que obligará a los presos a construir un nuevo penal. La izquierda, en cambio, sigue con el mismo discurso desde hace más de 40 años y continúa sin presentar una idea renovadora que lo transforme en una propuesta innovadora.

Desafíos

El futuro en materia de seguridad está cargado de desafíos. El más importante, sin lugar a dudas, será evitar que la crisis social y económica incidan en los índices de los delitos del país en general y de la provincia en particular. Hasta aquí poco se ha escuchado y, mucho menos, visto hacer. Muy pocos recuerdan cuál fue la última ley sancionada o modificada para cumplir con este objetivo. Hay una sola explicación: es un año electoral y la prioridad es la campaña.

El tiempo que pierden los dirigentes es aprovechado por las organizaciones delictivas. Los narcos son uno de ellos. En los últimos meses, han surgido nuevas metodologías de tráfico de sustancias y aparecieron en el mercado -convulsionado por el incremento del dólar- sustancias que alimentan el vil negocio. Mientras tanto, nadie se hace cargo de esa brasa y los ciudadanos terminan sufriendo las consecuencias.