La denuncia había generado inquietud en el Poder Judicial. La posibilidad de que dos peritos caligráficos hayan intervenido en centenares de exámenes sin tener matrícula quedó descartada luego de que se iniciara una investigación a raíz de una denuncia presentada por un abogado.

Juan Sebastián Bauque solicitó que se investigue a dos empleados policiales que realizaban esa tarea. “Los mismos no tendrían ningún título que los avale para realizar pericias caligráficas y podrían tener un curso de criminología”, razonó. “Esto no los autoriza bajo ningún punto de vista a realizar pericias caligráficas porque si no estarían ejerciendo ilegalmente una profesión sin estar facultados para hacerlo, estando incursos en delitos penales graves”, añadió en el escrito.

“Por ejemplo, esta Superintendencia debe saber que dichos supuestos peritos realizaron varias pericias caligráficas en el fuero penal; incluso se condenaron a personas por sus dictámenes caligráficos, donde la Justicia tenía como válidos sus informes sobre la falsa teoría de que eran egresados universitarios, lo que no es así”, añadió.

Bauque también, en el escrito, se preguntó: “¿hay personas privadas de la libertad y condenadas en Tucumán por pericias caligráficas realizadas por esos peritos? Lo que denuncio es grave y debe ser investigado ya”.

La investigación

Por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva se inició una investigación para confirmar o descartar esa teoría.

Se supo que en realidad son ocho los especialistas en la materia cuyos servicios son solicitados en los centros judiciales de Capital, Concepción y Monteros. Cinco de ellos egresaron en el Instituto Universitario de la Policía Federal y los restantes en la Escuela Superior de Comercio Libertador General de San Martín, que depende de la Universidad Nacional de Rosario.

La investigación ordenada por el máximo tribunal determinó que, según las normas vigentes y la documentación que presentaron, están habilitados para realizar este tipo de pericias por requerimientos de los funcionarios judiciales de distintos fueros.

El sistema de selección de peritos funciona así: Los peritos que no son colegiados, como es el caso de los calígrafos, deben inscribirse en una lista que administra la Superintendencia de la Corte. El proceso se realiza anualmente (del 15 de octubre al 15 de noviembre) y los aspirantes deben presentar toda la documentación que compruebe que tienen títulos en la materia para poder actuar en las causas del año siguiente. La selección se hace a través de sorteo electrónico.

Los dos mencionados, según pudo confirmar LA GACETA, cumplieron con todas las exigencias, entre las que se destacan certificados de estudios y título analítico de la carrera que realizaron. En el caso de los denunciados, está confirmado que cursaron las materias Caligrafía I y II.

Fuentes tribunalicias confirmaron que comenzaron a realizar estas tareas en 1996, según consta en el legajo de inscripción.

Ampliación

Después de haber recibido la respuesta de la Corte, Bauque decidió ampliar la denuncia en contra de todos los peritos caligráficos que trabajan para la Justicia.

“Estos supuestos peritos no tendrían título universitario que los avale para realizar pericias caligráficas; tendrán, capaz, un curso en criminología o documentología”, insistió Bauque.

El profesional solicitó a Supertintendencia que le exhiba los legajos en los que salieron sorteados los peritos para actuar en todos los fueros. “Lo expuesto y requerido es para pedir la nulidad de dichas pericias caligráficas realizadas por estos peritos sin títulos y todos los actos judiciales desde que los mismos empezaron a participar de los juicios, incluso con los que se encuentran con sentencia firme”, explicó.

Bauque logró que profesionales independientes de todos los fueros lo apoyaran en la denuncia que venía realizando. También solicitó formalmente a las autoridades del Colegio de Abogados para que interviniera, pero hasta el momento no hubo decisión al respecto.