La causa por la muerte de un joven en un accidente de tránsito se encuentra parada porque, según los representantes de la víctima, la fiscalía y la defensa pretenden, sin consentimiento de la querella, cerrar el caso a través de un juicio abreviado para darle al acusado una prisión condicional.

El 20 de diciembre de 2021, Facundo Robles circulaba en su moto por la ruta 301. A la altura del ingreso a San Pablo, fue embestido por un auto VW Gol que conducía el policía Eduardo Sebastián Agüero, lo que le causó la muerte. Según la acusación, el protagonista intentó huir en dos oportunidades: primero del lugar del percance y luego de la comisaría. Las pericias realizadas al uniformado daban cuenta de que circulaba 1,5 de alcohol en sangre.

El caso fue investigado por el fiscal Pedro Gallo, que lo acusó de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, doblemente agravado por encontrarse el conductor con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre y por no intentar socorrer a la víctima.

En junio de 2022, la fiscalía pidió que el caso sea elevado a juicio. Adelantaron que su pretensión punitiva era de cinco años de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo durante 10 años. La querella, representada por Agustín Ferrari y Máximo Zerda, adhirió al pedido y se constituyeron en actores civiles para exigir una reparación económica.

El defensor del acusado, Patricio Char, dijo que Agüero no huyó por el accidente, sino que “se escapó de un malón que, inmediatamente después de haberle prendido fuego el auto, se presentó en la comisaría para hacer justicia por mano propia. Lo querían linchar. Nunca se fugó, sino que resguardó su vida”. “Sobre él no pesaba ninguna orden de detención, sólo aguardaba ir al médico forense para hacerse los estudios pertinentes”, añadió.

En agosto de 2022, la fiscalía y el defensor Char arribaron a un acuerdo y decidieron resolver el expediente a través de un juicio abreviado por el que Agüero recibiría una pena de tres años de cumplimiento condicional e idéntica prohibición para manejar. En el trato no se había acordado la reparación económica. Pese a que la querella se opuso al acuerdo, el juez Gonzalo Ortega decidió convalidarlo.

“Nos notificaron horas antes del acuerdo. Nos opusimos al acuerdo porque la fiscalía, en cuestión de semanas, había cambiado totalmente de opinión y terminaron acordando una pena de cumplimiento condicional”, explicaron los querellantes. “También nos opusimos porque el magistrado no quiso tocar la cuestión civil, sino que pidió que se siguiera el trámite en otras esferas judiciales”, añadieron.

“La querella sí había sido notificada del inicio de las negociaciones. Pusieron trabas por la cuestión económica. Sí participaron de las negociaciones”, adujo el defensor. “Se les explicó que tiene otra vía para acudir y el juez le hizo saber que no se puede usar la sede penal para indemnizaciones civiles”, agregó.

Ferrari y Zerda decidieron impugnar la sentencia del juicio abreviado. Hicieron los mismos planteos que en la anterior. El 22 de diciembre pasado, el juez de impugnación Agustín Puppio les terminó dando la razón a los representantes de la víctima, entendiendo que Ortega había convalidado un acuerdo sin el consentimientode la querella y porque no se había solucionado la cuestión civil en ese acuerdo. Anuló el convenio y ordenó que se realizara otro respetando la participación de todas las partes.

“Han pasado más de un año y medio del accidente y todavía el caso sigue sin resolverse”, explicaron los querellantes. “Estamos hablando de un joven que estaba estudiando la carrera de Seguridad e Higiene en la universidad Siglo XXI y que tenía un gran futuro en el deporte. Estaba a punto de retomar los entrenamientos en la Escuela de Desarrollo de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf en Pilar, Buenos Aires, para luego competir por una beca en Estados Unidos, pero perdió la vida en un accidente”, explicó Zerda. “Una persona que circulaba en contramano y alcoholizada le arrebató la vida. Como si eso no fuera poco, la Justicia no quiere escuchar a las víctimas”, opinó el profesional.