“¿Se acabó el veranito de la seguridad?” Esa pregunta la hizo un alto jefe policial al analizar lo que está sucediendo en las calles de la provincia. En este tema, los números lo dicen todo. Los homicidios comenzaron a incrementarse, al igual que las denuncias por robos violentos y las presentaciones por el mal accionar de la fuerza. También disminuyeron la cantidad de operativos en el marco de la Ley de Narcomenudeo, que es el caballito de batalla para el oficialismo. ¿Hay un relajamiento en la fuerza? Todo parece indicar que sí.

En cuestiones de seguridad, los únicos números reales e indiscutibles son los de los homicidios. El primer trimestre del año cerró con 23 crímenes, uno más que el año pasado. El aumento es mínimo, pero es una señal de que la tendencia puede ser mucho más importante con el correr de los meses si no se toman cartas en el asunto. Según los registros de LA GACETA, en enero se contabilizaron 10 muertes, disminuyó en febrero a 4, en marzo escaló a nueve y en lo que va de este mes ya hubo dos. Lo único que lleva un poco de tranquilidad a las autoridades es que hubo una sola víctima fatal en un robo. Pero ese caso es un fiel reflejo de las fallas de prevención.

El crimen de Luis Granito se registró el jueves en el Mercofrut. Ese lugar no sólo es el mercado donde se comercializa el trabajo de los productores tucumanos, sino también el sitio donde se mueven cifras millonarias por las incesantes transacciones que se realizan. Sin embargo, no hay uniformados recorriéndolo, no existen controles en el ingreso y de las cámaras de seguridad sólo pueden aportar imágenes para conseguir pruebas ante la posibilidad que haya algún delito. Otro dato que no es menor: el puestero fue asaltado en el horario del cierre de las actividades comerciales, es decir, cuando los operadores tienen la recaudación de todo un día.

Pruebas

Todas estas cuestiones quedaron reflejadas en el crimen del puestero. Al menos dos jóvenes ingresaron caminando al mercado. Fueron directamente hacia el puesto de la víctima. Sacaron sus armas de fuego y le pidieron a la víctima que le entregara la recaudación. El puestero salió corriendo y uno de los asaltantes le disparó. El hombre cayó y el delincuente ejecutó otra vez su arma provocándole la herida que le provocaría la muerte horas después. Los autores “manotearon” la caja registradora, se apoderaron del dinero y huyeron corriendo. Granito, el 29 de marzo de 2019, también había sido baleado cuando lo asaltaron en una estación de servicio, no tenía armas y tampoco personal de seguridad que lo custodiara.

La detención de los sospechosos también dejó cuestiones para analizar. “Seso y Pollo”, de 19 años, con severos problemas de adicción, dormía con dos armas (una nueve milímetros y otra 11.25) bajo la almohada. Su supuesto cómplice, de 21 años, fue encontrado en una casa de otro puestero del Mercofrut que tenía en su poder $10 millones (lo que habla del dinero que manejan). Ambos eran conocidos en el centro de compra, pero nadie quiso señalarlos como los posibles autores del crimen. Los comerciantes prefirieron callarse antes que aportar pistas para que se los detenga. Todavía no se entiende el porqué, si en ese gigante centro de compras todos veían que “Seso y Pollo” caminaba por las galerías con dos armas en la cintura.

Otro análisis

En la fuerza reconocen que hay ciertos sectores que están relajados desde que el Poder Ejecutivo cambió la manera de conducción del área de seguridad. Los mismos comisarios recuerdan cómo Osvaldo Jaldo, cuando era el gobernador interino, reunía a toda la cúpula para que presentaran sus informes y anunciaran qué tenían pensado hacer en la lucha contra el delito. Tampoco le temblaba el pulso para cuestionarlos por alguna situación. Reasumió Juan Manzur y, como lo hizo a lo largo de su gestión como gobernador, la lucha contra el delito no aparecía entre sus prioridades. El ex jefe de Gabinete de la Nación volvió a sentarse en el sillón de Lucas Córdoba el 16 de febrero y las cifras de homicidios comenzaron a subir.

La falta de control en la Policía repercute inmediatamente en la conducta de sus hombres. En los últimos días hubo dos casos en los que se notó esta situación. Un hombre denunció en la comisaría de Garmendia haber sido víctima de un violento asalto. Hizo la denuncia e identificó a un vecino como el autor del hecho. Al día siguiente, el sospechoso se presentó en la casa de la víctima y lo amenazó de muerte si es que no levantaba la demanda en su contra. Los familiares del damnificado, junto a los abogados Aníbal Paz y Javier Lobo Aragón, hicieron una presentación en la fiscalía que conduce Diego López Ávila que, al descubrir las irregularidades, pidió a la Brigada Este que se hicera que se hiciera cargo. A los días, el autor fue detenido y procesado. También se abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los policías. Los dedos acusadores apuntan a un oficial que, al parecer, protegía al sospechoso que además, era empleado de la comuna rural.

En El Colmenar, un sargento, por una discusión de tránsito, sacó su arma reglamentaria para amenazar a otra persona. Inmediatamente se le secuestró la pistola y ahora afronta un proceso administrativo que, con seguridad, terminará en su disponibilidad. En el medio quedó la denuncia de la familia Luis Espinoza, el trabajador rural que fue asesinado por policías. Cuestionaron que un día después de la sentencia uniformados se hayan presentado a su casa a hacer un allanamiento. La medida no fue ilegal, fue pedida por un fiscal y autorizada por un juez en medio de una investigación por abigeato que incluyó la presencia de efectivos en otros dos domicilios de la zona. Sí fue o no oportuno, es una respuesta que deben dar las autoridades judiciales.

Muchos de los altos jefes policiales cuestionan la falla en la prevención. Señalan que otra vez algunos jerarcas están utilizando de manera indiscriminada el sistema de “fichas”. No es nada menos que la utilización de efectivos en servicio para hacer adicionales cuyos jefes cobran parte de ese dinero. Un uniformado está habilitado a realizar tareas de vigilancia de manera particular, pero debe hacerlo fuera del horario de trabajo. Se sancionó una ley para regularizar esa actividad. Con esta norma todo quedaba registrado, no había irregularidades porque se sabía quiénes, dónde, cuándo y cuánto cobran los que hacen esta labor. Sin embargo, el pago tiene demora de hasta cinco meses. Para muchos uniformados, el remedio fue peor que la enfermedad. Es de suponerse que si un policía realiza este tipo de vigilancia es porque necesita engrosar su sueldo. Su esfuerzo se ve truncado por la demora burocrática y la inflación y, si no hay un control efectivo, no dudará en hacerlo por izquierda.