“Les pido en nombre de la familia que paguen todos los responsables, porque es muy grave lo que hicieron con Luis, y también lo que hicieron con Juan, que no podrá superar nunca lo que vivió ese día”, dijo, durante las palabras finales, Patricia Cuevas, esposa de Juan Espinoza y cuñada de Luis Espinoza, quien en 2020 fue asesinado durante un operativo policial en el paraje El Melcho (Simoca).

La mujer habló en nombre de su marido, también víctima del proceso -porque fue detenido ilegalmente- aclarando que Juan estaba muy afectado y que debió ser asistido en un hospital antes de ir a la última audiencia del juicio.

Acusados por los hechos llegaban nueve policías de la provincia, un vigía comunal y un estudiante. Ante una sala llena, el tribunal federal, integrado por los jueces: Carlos Jiménez Montilla, Abelardo Jorge Basbús (votó en disidencia) y Enrique Lilljedahl, dio un fallo dividido. Por mayoría de votos resolvieron: condenar a prisión perpetua por el homicidio al oficial José Alberto Morales, al subcomisario Rubén Héctor Montenegro y a los efectivos Claudio Alfredo Zelaya y Gerardo Esteban González; y condenar Mirian Rosalba González a 12 años de prisión como partícipe secundaria del homicidio y coautora de privación ilegítima de libertad. Como coautor de ese segundo delito también condenaron a Víctor Manuel Salinas a 7 años. A Carlos Lisandro Romano, José María Paz y René Eduardo Ardiles, a 5 años por encubrimiento. Por último, absolvieron por el beneficio de la duda al vigía comunal Héctor Fabio Villavicencio y al estudiante Álvaro Gonzalo González. Por su parte, el juez Basbús proponía perpetua sólo para Morales y que las penas a los demás acusados fueran más leves, pero incluyó a Villavicencio entre los condenados por encubrimiento. La situación de este último (ya absuelto) no cambiará, pero los demás condenados tendrán con esta disidencia un argumento sustentable para buscar un mejor fallo en la etapa de apelación.

Reparación integral

La sentencia además dio lugar al pedido de los fiscales Pablo Camuña y Lucía Doz Costas de otorgarle a la familia Espinoza una reparación integral para víctimas de Derechos Humanos. De esa manera, se les impuso a los condenados el pago de $ 20 millones (valor que se irá actualizando acorde a la inflación). Además quedaron decomisados a modo de garantía de pago el auto de Montenegro, la furgoneta de Mirian y la moto de González Rojas.

El pedido fiscal incluía que además la Dinayf y organismos nacionales se ocuparan de garantizar que los familiares de Luis accedieran a viviendas dignas o que se les acondicionase las viviendas para garantizar el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. También se solicitaba que el Siprosa les garantice el acceso a la salud a los vecinos de Rodeo Grande y Villa Chicligasta.

“Es irreparable”

Horas antes del fallo, se escuchó por última vez a la familia de las víctimas y también a los imputados (ver nota complementaria). Las palabras de la cuñada y de la madre de Luis fueron acordes a la gravedad del hecho: tras ser asesinado, los autores trasladaron el cuerpo de Espinoza hasta la comisaría de Monteagudo, lo envolvieron con bolsas y sábanas y luego cruzaron la provincia de este a oeste hasta Catamarca, donde arrojaron los restos de la víctima. “Pido Justicia y que haya prisiones perpetuas porque el daño que le hicieron a la familia es muy grande. Sé bien cómo le cambiaron la vida a Juan y a su madre; estuve junto a ellos desde el primer momento. Me fui galopando hasta el lugar (El Melcho) apenas nos avisaron que habían detenido a mi marido, viví todos los momentos duros junto a él y su familia”, contó Patricia Cuevas.

“A Juan le quedó algo que jamás podrá superar: él recuerda cuando Luis pedía desesperadamente a los policías que no golpearan a su hermano… Y nunca más volvió a ver a Luis. El tiempo pasa y es cada vez peor el dolor; anoche Juan no durmió, se la pasó llorando porque no puede superar lo que le hicieron a su hermano. Es irreparable”, señaló la cuñada de Espinoza.

“Jamás los perdonaré”

Luego fue el turno de declarar de Gladys Herrera. Mirando al juez Lilljedahl (los demás escuchaban por Zoom) dijo con firmeza: “les pido justicia en nombre de mi hijo, por todo el daño que hicieron. Les pido que todos cumplan la pena en la cárcel, como tiene que ser. No pretendan (los imputados) pedir beneficios por ser padres o madres. Le pido, señor juez, que no considere eso, porque ellos lamentablemente no vieron que mi hijo tenía seis hijos. Hoy mis nietos son huérfanos”.

Luego la mujer se quebró mientras decía: “me arruinaron la vida, me quitaron el corazón de mi vida. Le pido, juez, que todos cumplan la pena que tiene que ser, porque todos fueron parte de lo que le hicieron a mi hijo: en ocho días ninguno dijo nada de a dónde habían llevado y tirado el cuerpo de Luis. ¡Nunca en mi vida los voy a perdonar!”.

Al momento de la sentencia se respetó la lectura. Luego del acto, cuando los guardiacárceles retiraban a los condenados, Herrera estalló en llanto y solicitó: “déjenme hablar un momento con el subcomisario; necesito que me explique por qué le hicieron esto a mi hijo”. Sus propios familiares no le permitieron que se acercara ni siquiera a la línea de gendarmes que dividía a los imputados del resto de las personas. Impotente con la situación y viendo que los condenados eran retirados de la sala, la mujer gritó: “¡Son unos asesinos! ¡Son unos asesinos!”. Luego cayó al piso de rodillas y debió ser asistida por enfermeros.