La denuncia de la detenida A.A (19 años), quien cumple arresto en la seccional 1ª de la capital por desobediencia judicial, puso en jaque a un comisario que quedó sindicado porque les habría solicitado favores sexuales a las reas y les habría pedido que vendan droga a otros detenidos. Por la crisis carcelaria, algunas comisarías comenzaron a albergar -en distintas celdas- a detenidos varones, mujeres y (del colectivo) LGBT; la seccional 1ª es una de ellas y esta es la segunda vez en un mes que ese destacamento queda envuelto en un escándalo. En febrero una defensora denunció que una presa, que habría empezado a consumir droga durante su detención, había quedado embarazada y que en 8 meses nadie había informado la situación para trasladarla a un hospital.

La denunciante fue noticia en enero de 2022 cuando mató a su cuñado de una puñalada. En ese momento la Fiscalía de Homicidios I solicitó la prisión preventiva, pero apenas un mes después se atenuó la acusación en contra de A.A porque se consideró que la joven había actuado al ver que la víctima agredía a golpes su hermana. Por esa razón se la acusó por homicidio en exceso de la defensa a un tercero y se ordenó su libertad bajo caución y el cumplimiento de normas de conducta.

El pasado 13 de marzo A.A volvió a ser detenida. La Fiscalía argumentó que la acusada había dejado de presentarse a las audiencias y había incumplido otras normas impuestas. Otro juez dio lugar al planteo y ordenó que se trasladara a la joven al penal de Mujeres, en Banda del Río Salí, pero por falta de cupo se la alojó en una comisaría de la capital. 12 días después la joven, a través de su defensor Gustavo Morales, presentó un habeas corpus denunciando a uno de los jefes de esa comisaría mixta, porque el comisario les habría pedido favores sexuales a cambio de beneficios. También les habría propuesto que sean las encargadas de venderles dosis de droga a los demás internos.

Ante este planteo, inmediatamente un juez determinó como medida de protección el traslado de la acusada hacia otra comisaría mixta con la orden de que se garantice su seguridad. Más tarde la Justicia hizo lugar al habeas corpus que presentó el defensor Morales y ordenó que la Fiscalía de Narcomenudeo abra una investigación sobre la posible tenencia de drogas para su comercialización por parte del sospechoso (aún no está imputado) y que la Fiscalía de Atentados contra las Personas investigue sobre la acusación por apremios ilegales hacia al menos tres detenidas. “Debo destacar lo rápido que actuaron los jueces Guido Buldurini, Matías Graña y Alejandro Valeros, que entendieron la gravedad del hecho denunciado y le garantizaron seguridad a mi defendida y a las otras presuntas víctimas; también ordenaron la apertura de las investigaciones. Hay otras cuestiones que quedaron pendientes para la próxima audiencia”, sintetizó Morales en entrevista con LA GACETA. El abogado adelantó que solicitará la libertad para su representada, o que al menos le otorguen la prisión domiciliara.

Hace un mes hubo otra grave denuncia en esa comisaría. Una defensora oficial asumió el asesoramiento de una presa y al entrevistarse con ella descubrió que la joven estaba cursando un embarazo de ocho meses sin que las autoridades policiales ni la ex defensa notificaran del caso a la Justicia. Por esa razón se abrió una investigación sobre esa irregularidad. La detenida expresó que otra interna le vendía droga y no pudo confirmar quién sería el padre de la criatura.