Para muchas familias tucumanas el sueño de tener un auto cero kilómetro (0Km) a través de un plan de ahorro se terminó convirtiendo en un pesadilla que los empujó a una disyuntiva preocupante: pagar la cuota del vehículo o alimentarse.
En la jornada de ayer, un centenar de damnificados se movilizó hasta la plaza Independencia para reflejar su problemática y exigir ayuda de las autoridades provinciales a nivel político y judicial. La manifestación no pasó desapercibida porque los manifestantes se trasladaron hasta el centro de la ciudad con sus vehículos y cortaron el tráfico alrededor del principal paseo público de la capital provincial.
“Cuotas impagables, Gobierno ausente”, fue uno de los carteles que se colocaron entre los autos de los manifestantes. En relación a esto Myriam Fernández relató su historia y detalló que hace más de un año viene pagando un plan. “Iniciamos con cuotas de $15.000. Casi todo el año pagué $18.000. Después, llegó a $33.000 y fue subiendo a $36.000, $40.000, $45.000, $50.000…”, dijo al describir su caso y detalló que la última cuota le llegó por un monto de $97.000. “Firmé y me dijeron que sí aumentaban las cuotas, pero poco. Hoy, es un sueldo completo”, enfatizó la mujer a LA GACETA.
“Pagaré en blanco”
Nelson Casanova también llegó a la plaza para apoyar el reclamo y asegurar que los ahorristas se sienten indefensos porque a pesar de que el número de afectados crece mes a mes, las respuestas no aparecen. “En la provincia hay unas 40.000 personas afectadas por esta situación y estamos aquí porque se colmó la paciencia ante el evidente incumplimiento de las promesas de solución”, dijo en diálogo con este medio. E insistió en la importancia de que las autoridades “tomen soluciones de fondo” y hagan cumplir efectivamente las multas contra las concesionarias. “Se debe trabajar en el análisis de las publicidades engañosas que continúan vigentes y provocan que las personas sigan cayendo en el engaño del plan de ahorro. A los damnificados se les promete una cuota baja y después de la firma los planes suben de manera desmesurada e ilegítima”, cuestionó Casanova.
El damnificado también cuestionó la falta de controles sobre estos planes a los que calificó como “un pagaré en blanco” y remarcó que las actualizaciones que se aplican no tienen correlato con ninguna otra variable económica. “El plan no acompaña el monto del vehículo en el contrato accesorio de prenda firmado por las partes, no acompaña el compromiso precontractual, no acompaña los aumentos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni el valor del dólar. El precio desmesurado e ilegítimo de la unidad supera cualquier tipo de fenómeno”, afirmó.
En manos de la Justicia
En noviembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo obtuvo el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para recurrir al máximo tribunal de la Nación en busca de una sentencia favorable a esta problemática. En esa oportunidad, la CSJT emitió un fallo que declaró admisible y concedió el recurso extraordinario interpuesto por el organismo, a cargo de Eduardo “Lalo” Cobos, en contra de un fallo emitido el 14 de junio de 2022. Justamente, la Defensoría del Pueblo había recurrido en 2019 a la Justicia provincial para objetar los aumentos en las cuotas de los planes de ahorro de los autos 0KM.
La decisión fue adoptada debido a los cientos de reclamos recibidos por la repartición de parte de ciudadanos y ciudadanas afectados. “En procura de la defensa de sus derechos, pudo constatarse que el valor de la cuota al momento de la contratación representaba aproximadamente un 20% a un 25% del sueldo, en tanto que en el presente la cuota constituye aproximadamente un 70% o más del ingreso”, señaló la parte actora. En aquel momento, la Defensoría del Pueblo estimó que había 20.000 planes de ahorro afectados.
En principio, una medida cautelar benefició a los usuarios. Sin embargo, en marzo de 2021, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común declaró la falta de legitimación activa del Defensor del Pueblo en el juicio por los planes de ahorro. A partir del fallo favorable de la CSJT hacía el ombudsman, la causa quedó bajo la órbita de la Suprema Corte de Nación.