Portugal anunció un paquete de medidas por valor de 900 millones de euros para hacer frente a la crisis inmobiliaria, que incluye el fin de su controvertido plan “Golden Visa” y la prohibición de nuevas licencias para Airbnbs y alquileres vacacionales de corta duración. Portugal es uno de los países más pobres de Europa Occidental. Más del 50% de los trabajadores ganaban menos de 1.000 euros al mes el año pasado, mientras que los alquileres y los precios de la vivienda han subido con fuerza. Sólo en Lisboa, los alquileres se dispararon un 37% en 2022.
Los bajos salarios, un mercado inmobiliario incandescente, políticas que animan a los extranjeros ricos a invertir y una economía dependiente del turismo han dificultado durante años el alquiler y posibilidad de compra para los portugueses, según los grupos de defensa de la vivienda. La tasa de inflación de Portugal, del 8,3%, ha agravado el problema. (Reuters)