Restos óseos de 149 víctimas de la dictadura militar. La identificación de 116 detenidos-desaparecidos. Y el interrogante sobre 33 personas cuyo nombre y apellido todavía resta determinar. La Fundación "Memorias e Identidades de Tucumán" comunicó que, a tras dos décadas de trabajos por la investigación por la denominada causa "Pozo de Vargas", se ha llegado "al final de la excavación".
El organismo de derechos humanos señaló que el hecho se produjo "a 48 años del inicio del llamado Operativo Independencia".
"De acuerdo a las últimas informaciones provistas por el Juzgado que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)", indicó la Fundación "Memorias e Identidades de Tucumán".
Fuentes del Juzgado Federal a cargo de Fernando Poviña confirmaron a LA GACETA que, en efecto, se llegó al final del pozo, por lo que se concluyó con la etapa de excavación en ese lugar. De todos modos, aclararon que "la causa sigue" su trámite en los tribunales federales.
Una tarea que se inició en 2002
La Fundación "Memorias e Identidades de Tucumán" recordó que "la causa del Pozo de Vargas se inició en 2002, durante la vigencia de las leyes de impunidad".
"Su objetivo fue el hallazgo primero y la excavación luego, de un pozo el que durante la vigencia del terrorismo de Estado fuera utilizado para la inhumación clandestina de mujeres y varones, víctimas de desaparición forzada, que habían sido secuestradas tanto en Tucumán como en las vecinas provincias del norte argentino", señaló el organismo.
Además, consignó que, mediante esta investigación, se recuperaron restos óseos de 149 personas, de las cuales 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN.
"Ello implica que 33 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, no pudieron ser identificadas porque resta que los familiares donen su muestra de sangre a los bancos de datos genéticos de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas", advirtió el organismo.
En ese sentido, la fundación exhortó "al Estado nacional y provincial a que provea los medios necesarios para que se articulen campañas de difusión y recolección de las muestras de sangre".
Además, rindieron homenaje "a las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos recuperados de las entrañas del terror. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos: ¡presentes!", finaliza el comunicado.
"Es la prueba irrefutable de la lógica genocida"
Marta Rondoletto, de la Fundación "Memorias e Identidades de Tucumán", señaló a LA GACETA que, con el fin de las excavaciones en el “Pozo de Vargas”, se cierra la etapa de búsqueda en ese sitio, pero “la investigación va a seguir”.
La periodista, en ese sentido, consideró importante que, una vez terminados los trabajos en ese lugar, los equipos, los esfuerzos y los recursos asignados por el Consejo de la Magistratura de la Nación sean dirigidos hacia otros puntos, como el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga o el Cementerio del Norte, donde también podrían hallarse otras víctimas de la dictadura militar.
A través de las tareas efectuadas por los peritos, se pudo identificar a cinco familiares de Rondoletto que habían sido secuestrados y asesinados por el gobierno militar: su padre, Pedro Rondoletto; su madre, María Cenador; sus hermanos, Jorge y Silvia; y su cuñada, Azucena Bermejo, quien estaba embarazada al momento de su desaparición.
“El Pozo de Vargas fue el lugar elegido por los ‘milicos’ para ocultar sus crímenes. Es la prueba irrefutable de la lógica genocida del proceso”, apuntó la periodista y militante por los derechos humanos.
La historia del Pozo de Vargas
Origen del lugar.- El Pozo de Vargas, ubicado Tafí Viejo, se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas. A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, hacia fines de 2001, se inicia el primer relevamiento de la zona. Los denunciantes señalaban que ese pozo era empleado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas durante la última dictadura militar.
Denuncia y expropiación.- El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presenta en el Juzgado Federal de Tucumán y esto da lugar a una pericia en abril de 2002.
Pozo de agua.- “A tan solo dos semanas del comienzo del trabajo de campo se encuentra la construcción subterránea, que era un pozo de agua diseñado por los ingleses, vinculada al mundo ferroviario, y que tenía como fin abastecer de agua a las máquinas de vapor”, señaló el perito forense Víctor Ataliva, integrante del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, Conicet-UNT), al sitio del Conicet. Formó parte del primer equipo forense local de la UNT en el grupo interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. De esta primera experiencia se conformó el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).
Piedras y destrucción del pozo.- Según se determinó, una vez que las fuerzas represivas decidieron no seguir empleando el pozo destruyeron su entorno y arrojaron los restos de esas construcciones en su interior. Luego, camiones con tierra terminaron de cubrir el lugar para ocultar las evidencias. En un comienzo se utilizaron palas y hasta un malacate para extraer bloques de mamposteria de hasta 200 kilos.
Las víctimas.- Del total de víctimas cuyos restos se encontraron en el pozo, un importante número provenía del centro clandestino que funcionó en la compañía Arsenales, de Tucumán. Dentro de ese grupo había personas del mundo azucarero, obreros del surco, obreros de los talleres de Tafí Viejo, militantes políticos y sociales, estudiantes, docentes y egresados de la UNT.