La comisión de Juicio Político de Diputados concretó ayer la segunda reunión del proceso que se inició contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el marco de las presentaciones, Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, habló en representación de ese organismo, y en una breve intervención se pronunció a favor de la embestida contra los magistrados.

“Estoy de acuerdo en todo lo presentado. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora está participando porque este juicio era imprescindible”, dijo Cortiñas. Y agregó: “Estaremos juntos para impulsar los proyectos que más convengan para llegar al juicio. Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando”.

Fundamentos

Claudia Rocca, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, compartió en la jornada de ayer los detalles del pedido de enjuiciamiento de ese sector.

Contí precisó que el pedido de juicio fue presentado el 2 de agosto de 2022, incluyendo una decena de causales de “mal desempeño”, comenzando por Carlos Rosenkrantz, basado en un artículo del periodista Ari Lijadad publicado en el sitio El Destape el 8 de septiembre del año pasado, donde se denunciaba la intervención de dicho magistrado en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, señaló.

También, en contra de Rosenkrantz citó como causal de enjuiciamiento un comentario suyo realizado el 26 de mayo de 2022 en una conferencia realizada en Chile, según el cual “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad. Detrás de cada derecho hay un costo y entonces el Estado no podría solventarla”. A su juicio, esa frase habla de una “concepción elitista que responde a los poderes concentrados a los que ha dedicado su tarea profesional”, consignó el sitio Parlamentario.

Otro de los motivos de enjuiciamiento planteado por Rocca fue contra los jueces Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, por extenderse en sus facultades constitucionales en el fallo sobre el Consejo de la Magistratura.

Reparos

Los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López fueron los encargados de ratificar las denuncias presentadas desde 2017 contra Ricardo Lorenzetti, pero también fueron categóricos al rechazar un avance contra todo el máximo tribunal.

Oliveto fue la responsable de plantear todas las acusaciones contra quien fuera presidente de la Corte entre 2007 y 2018. “En ese momento nosotros éramos Gobierno y la realidad es que no fue acompañado por Juntos por el Cambio”, apuntó. Y enfatizó que el pedido se enmarcó en “una decisión que respondía a la íntima convicción de nosotros como legisladores” sobre que Lorenzetti “no cumplía ni con la idoneidad moral, ni con un desempeño eficiente en sus funciones conforme las buenas prácticas administrativas y de transparencia”.

“Lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un Gobierno para condicionar a un poder de la República”, insistió y aclaró que “ahí está la diferencia sustancial en relación a este momento”, en alusión a los pedidos del oficialismo.

La legisladora cargó contra Lorenzetti al asegurar que “se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera” y “manejó a su arbitrio durante tantísimos años” el Poder Judicial. “De él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico funcional del Poder Judicial argentino durante su presidencia”, dijo.

A su turno, Juan Manuel López lanzó: “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”.

Postura oficial

Como vocero del pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández junto a once gobernadores avalaron contra los jueces de la Corte Suprema, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés aseguró que los magistrados cometieron “actos de mal desempeño que fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación”.

Al argumentar las acusaciones, el dirigente porteño señalo que “no hay en todo el ordenamiento jurídico un instrumento más robusto que el juicio político” y, tras leer artículos 112 y 116 de la Constitución Nacional -sobre las funciones de los jueces-, pasó a enumerar las causales. En primer término, Valdés se refirió a las irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial. “Se deberían investigar y comprobar si los magistrados omitieron conformar en debida forma el directorio de la obra social para, de ese modo, poder realizar un incumplimiento sistemático de la administración indelegable que les correspondía realizar”, remarcó. Y lanzó que “estas omisiones habrían facilitado la malversación de fondos en perjuicio de los afiliados y afiliadas de la obra social”, además de que “en una auditoría encargada por la propia Corte se determinó que la obra social fue administrada ineficientemente durante 13 años”.

Para finalizar, el oficialista repasó todas las denuncias contra los jueces y puntualmente a Rosatti lo acusó de haber dictado resoluciones “contra la Ley de Presupuesto”, y haber violado la Ley de Ética Pública.