En el primer día hábil después de la feria judicial, el Gobierno profundizó el enfrentamiento con la Corte Suprema en el marco de la discusión por los fondos coparticipables que debe remitir a la Ciudad. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, amplió la recusación de los cuatro integrantes del máximo tribunal que en diciembre ordenaron a la Nación que se le restituyan los fondos recortados a la Ciudad.

Mientras el kirchnerismo busca avanzar en el Congreso con el juicio político contra los ministros de la Corte que por unanimidad firmaron el fallo que obliga al Poder Ejecutivo a pagar más fondos de la coparticipación a la administración porteña, el jefe de todos los abogados del Estado insistió con nuevos argumentos en el corrimiento de los integrantes del máximo tribunal para seguir interviniendo en el reclamo.

Días después de que la Corte ordenó que la Nación comience a girar 2,95% de fondos coparticipables a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, el Procurador del Tesoro interpuso un pedido de revocatoria de la cautelar. En ese sentido, solicitó que se otorgue efecto suspensivo a este recurso, es decir que esa obligación reflejada en la cautelar se deje sin efecto.

Junto a ese reclamo, Zannini firmó la recusación de los cuatro ministros de la Corte para que dejen de seguir interviniendo en este conflicto.

Sucede que si bien el máximo tribunal hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la Procuración General de la Ciudad, a cargo de Gabriel Astarloa, aún resta resolver la discusión de fondo: el gobierno porteño reclama que se le restituya al porcentaje del 3,5% de coparticipación y la devolución de más de 252.000 millones de pesos por lo que dejaron de percibir desde septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández redujo el porcentaje de dichos fondos.

En la presentación de este miércoles, el Procurador del Tesoro refiere al rol del presidente de la Corte Suprema por la “aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal”, en referencia a los supuestos chats de Robles con el ahora licenciado ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D´Alessandro, obtenidos a través del espionaje ilegal.

Zannini además invocó como prueba el pedido de juicio político que tramita en el Congreso y que impulsa el kirchnerismo. Consideró que “existe un cuadro de situación de una gravedad inédita; en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo Tribunal”.

En el escrito, el Procurador del Tesoro insistió en que los señores Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales que “sorteo mediante deban expedirse sobre la recusación al doctor Rosatti, que este es un caso que puede significar un punto de inflexión en la vida de las instituciones de nuestra República”.

En la definición que adopten -remarcó Carlos Zannini- “estará en juego la confianza de la sociedad en la imparcialidad, objetividad y transparencia del Poder Judicial de la Nación”.

De forma conjunta, en el escrito se apunta a los demás integrantes del máximo tribunal a quienes también el oficialismo les solicitó el juicio político. Citó en este apartado el requerimiento que gobernadores y referentes del kirchnerismo firmaron para que se inicie el proceso en el Congreso de la Nación.