“¡Oh, criminal casa, que siempre vence con crímenes! ¡Con sangre compramos los vientos; la guerra, con un asesinato!”. Lamento de Clitemnestra, madre de Ifigenia, en el “Agamemnón” de Séneca. (Citado por Marta Gerez Ambertín en “Entre deudas y culpas: Sacrificios” -Letra Viva, 2008, página 152).
¿Para qué el cuarto gobierno kirchnerista emprende una cruzada tan injustificable como inútil contra el Poder Judicial de la Nación? La pregunta no es “¿por qué?”: a ese interrogante el “relato” lo responde con retruécanos ilógicos, cuando no antidemocráticos. Los jueces federales son designados por el Senado, controlado por el peronismo desde el retorno de la democracia. Más aún: en los últimos 40 años, el PJ siempre presidió la comisión de Peticiones y Poderes de la Cámara Alta, que elabora los pliegos de los jueces a designar. Por tanto, la cantinela del “lawfare” es insostenible. ¿El peronismo argentino nunca entendió el poder y se dedicó a nombrar magistrados para que lo persigan? Para economizar ejemplos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es un kirchnerista de la primera hora: fue el primer ministro de Justicia de la única presidencia de Néstor Kirchner. A ello se suma que la teoría de la “guerra judicial” se apoya en que los gobiernos populares imbatibles en las urnas son proscriptos por los jueces y las oligarquías. Aquí, los “K” fueron derrotados en 2009, 2013, 2015, 2017 y 2019. Y con un 95% de inflación, no son el egregio paradigma de lo popular…
Entonces, ¿para qué la embestida contra la Justicia? Han pedido la remoción del superior tribunal de la Nación, intentona que no prosperará en el plenario de la Cámara de Diputados. En la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja acaso se emita dictamen favorable a la destituyente propuesta. Pero cuando ese despacho llegue al recinto de sesiones, jamás se reunirán las dos terceras partes de las voluntades para promover la acusación: ese es, según establece la Constitución Nacional, el papel de la Cámara de Diputados. El Senado es la cámara juzgadora, y allí tampoco el kirchnerismo obtendrá los dos tercios para deponer a los jueces.
Aún a sabiendas de que lo que viene es la crónica de un fracaso institucional anunciado, embretaron a los gobernadores del PJ en la decisión, sin importar lo que cada cual tenga pendiente en el alto estrado. El Gobierno de Tucumán, por caso, tiene dos asuntos sustanciales: el adelantamiento de las elecciones provinciales, convocadas para el 14 de mayo cuando la Carta Magna tucumana, desde 2006, las fijó hacia finales de agosto; y la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se postule a vicegobernador ahora que concluye su segundo mandato como gobernador, chance no explicitada por la Constitución local.
¿Para qué los jefes de Estado provincial se han embarcado en el ataque contra uno de los tres poderes de la república a sabiendas de la futilidad del atentado? Pretenden sentirse agraviados por una medida cautelar que ordena a la Nación aumentar la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires, llevando la fracción al 2,9%, a medio camino entre el 3,5% al que la elevó el macrismo y el 1,4% al que la hundió el cuarto kirchnerismo. Esa parte de los impuestos nacionales que le tocó a la CABA no roza, siquiera, los fondos que se reparten entre las provincias (coparticipación secundaria), sino que sale de la tajada de la Casa Rosada (coparticipación primaria). Cuando Alberto Fernández redujo por decreto esos dineros, lo recortado fue enteramente para la provincia de Buenos Aires. Para el interior, ni un centavo.
¿Para qué el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, propone realizar cambios en el Consejo de la Magistratura por medio de un decreto de necesidad y urgencia? La Constitución Nacional establece condiciones parlamentarias agravadas para cambiar las reglas de juego en esa entidad encargada de proponer a los miembros de los tribunales de la Nación. “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”, exige el artículo 114.
¿Para qué dicen que quieren una Corte “más federal” y después dejan en evidencia que es mentira? Apenas el superior tribunal rechazó los planteos de nulidad de la Vicepresidenta de la Nación para evitar hacer caer el juicio por la causa “Vialidad”, los gobernadores peronistas entregaron un anteproyecto para elevar el número de miembros de la Corte a 25: uno por cada distrito de la Argentina, más otro de yapa. Cuando no reunieron los votos en el Senado para avanzar con semejante atropello, bajaron el número a 15, sin ningún argumento. ¿Van por una Corte semifederal? Hoy, por caso, Carlos Rosenkrantz es el único porteño entre los vocales. La propuesta tiene media sanción en el Senado, pero sin chances en Diputados.
¿Para qué Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, propone que el presidente, Alberto Fernández, dicte un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el número de vocales de la Corte, cuando el tema goza de estado parlamentario y, como se dijo, media sanción del Senado? Los DNU, manda la Constitución en su artículo 99, son admisibles: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…”. ¿Cuál es la situación extrema en este caso? ¿Haber perdido los comicios en las urnas y no contar con mayoría propia en Diputados? Qué magníficamente brutal es el inconsciente colectivo kirchnerista: resultó, finalmente, que la democracia y sus reglas son, para el oficialismo, “circunstancias excepcionales”.
¿Para qué el Presidente de la Nación, que venía preservando su perfil de gobernante respetuoso de las instituciones, decide autodestruir ese perfil rescatable (acaso era el único filón que se salvaba) de su gestión, atacando a la Corte y encabezando el pedido de juicio político? Como no pueden decir que quieren destituir a los jueces porque no les gustan sus sentencias, han montado la embestida en presuntos diálogos entre funcionarios del PRO y secretarios judiciales, obtenidos mediante probado espionaje ilegal. Ya el juez federal Sebastián Ramos desestimó los mentados chats y ratificó que supuestas pruebas como esa no pueden admitirse en los estrados judiciales de una república y de una democracia. Por cierto: si el chat obtenido mediante espionaje ilegal bastó para que el secretario de Seguridad proteño, Marcelo D’Alessandro, pidiera licencia, ¿cómo debería obrar Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado, considerando que el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó en primera instancia a seis años de prisión, por administración?
¿Para qué insiste el kirchnerismo en su infructuoso asedio a la Justicia si la única presunta prueba con qué contaban ya ha sido declarada inadmisible un juez de la Nación?
En síntesis: ¿por qué el Presidente, los gobernadores, los diputados y los senadores del PJ se inmolan en un político holocausto ritual para intentar destruir la independencia judicial, a costa de ser recordados para la posteridad como enemigos de la república y saboteadores de la democracia? Por la misma razón por la que cualquier ser humano se sacrifica por otro ser humano: para tratar de tapar la falla de ese por el cual se está sacrificando.
En el nombre del padre
Muchos son los mitos sobre hijos dispuestos a sacrificarse por sus padres. No son pocos los que se cuentan en la Biblia. Pero el de Ifigenia es paradigmático. Narra la mitología griega que cuando Agamemnón decide atacar Troya en nombre de vengar el orgullo herido de su hermano Menelao (Helena, esposa de este último, huyó con Paris, príncipe troyano), se topa con un infortunio: no hay vientos que permitan a sus barcos hacerse a la mar. Agamemnón consultará al oráculo y este le dirá “que debíamos inmolar a Ifigenia, mi hija, en honor a Artemis, la diosa que mora en este suelo; que podremos navegar y destruir a los frigios si ofrecemos este sacrificio, de lo contrario, nada lograremos”, transcribe la psicoanalista tucumana Marta Gerez Ambertín en su libro, citando a “Ifigenia en Áulide”, de Eurípides.
Agamemnón decidirá sacrificar a su primogénita. Troya para él -sintetiza Gerez Ambertín- bien vale una hija. Pero las razones de Ifigenia son otras. En definitiva, ella accederá a que su sangre sea derramada porque prefiere que la vean entregar su vida para la gloria de su progenitor antes de que toda Grecia repare en que ese hombre que sueña con convertirse en Rey de Reyes es apenas un pobre infeliz al que ni siquiera le sopla una brisa.
De esa materia está hecha el sacrificio de los referentes del PJ en favor del kirchnerismo. Prefieren sacrificar carreras políticas y prestigios personales para ocultar la falla sistémica del cuarto kirchnerismo. Cualquier cosa con tal de intentar tapar el fracaso de la gestión económica y la inflación galopante. Y el “ajuste” que ejecutan contra los trabajadores y los jubilados: se necesitan 100 jubilaciones mínimas para cubrir una mensualidad de la doblemente pensionada Presidenta del Senado. Y el alineamiento con los dictadores caribeños de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y el sistema de saqueos montado desde el primer gobierno “K” mediante la industria de los subsidios y las “valijas” con las coimas de los empresarios detallada en la causa “Cuadernos”. Y el régimen de pobreza ampliada, pero financiada con planes sociales, paralela a la consolidación de una emergente clase social gestada en el seno gubernamental: los nuevos ricos. Y el mecanismo de corrupción con la obra pública, prolongado y perfeccionado en las siguientes dos presidencias, mediante el redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, probado en la causa “Vialidad”.
Preferible ver representantes del pueblo sacrificando su condición de hombres de la república antes que observar que los que vinieron del sur prometiendo justicia social no estaban redistribuyendo riquezas, sino sólo acumulándola. En definitiva, decidieron sacrificar el peronismo para ocultar las faltas del kirchnerismo. Porque cada vez que en este país se renegó de la democracia, se clausuró la Justicia, se pretendió gobernar por encima de la ley y se admitió el espionaje ilegal para usarlo contra los críticos del régimen, a los muertos, mayoritariamente, los puso el peronismo. Lo que equivale a decir que nada hay más antiperonistas que emprender contra el orden institucional.
Por cierto, Agamemnón triunfó en Troya, pero jamás pudo disfrutar de ello en su tierra. Apenas volvió, su esposa, Clitemnestra, lo ajustició. Haber entregado lo más preciado a cambio de una gloria guerrera era, para ella, imperdonable.
Según una extendida tradición, los pocos troyanos que sobrevivieron a la invasión cargaron consigo la historia y las tradiciones de su pueblo. Y tras mucho navegar llegaron al Lacio, quemaron sus naves y fundaron una nueva ciudad. La historia la recuerda como Roma.