El domingo 8 de enero, cuando se cumplía exactamente una semana de la asunción de Luiz Inácio “Lula” da Silva como presidente de Brasil, un grupo de seguidores del ex mandatario de ese país Jair Bolsonaro irrumpieron en tres edificios del Estado: las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia.
El enfrentamiento con las fuerzas de seguridad duró varias horas, hasta que el Gobierno pudo sofocar el caos, que fue considerado lisa y llanamente un intento de golpe de Estado.
Durante la jornada de ayer, Flavio Dino, el ministro de Justicia de Brasil, comunicó la exoneración de 18 jefes de la Policía Federal (PF) y de 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal (PRF).
En una edición extra del Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Rui Costa, precisó sobre los cambios en los 18 Estados de la Policía Federal. Entre ellos, se encuentra el ex militar del Ejército durante cuatro años, y delegado de la policía, Leandro Almada da Costa, de 52 años, quien investigó el asesinato de la concejala carioca Marielle Franco -ocurrido el 14 de marzo de 2018-. Da Costa ahora comandará la Policía en Río de Janeiro.
En San Pablo, la mayor superintendencia del país, quedó al mando Rogério Giampaolli, que ya era jefe del Comando Táctico de Operaciones y actualmente estaba a cargo de la PF en el municipio paulista Sorocaba.
La superintendencia de Paraíba quedó a cargo de Christiane Correa Machado, que ya fue jefa de la división antiterrorista durante cinco años y coordinó la protección contra atentados extremistas durante el Mundial de 2014 y durante los Juegos Olímpicos de 2016, que se llevaron a cabo en Río de Janeiro.
Los cambios se darán en los Estados de: Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, San Pablo, Sergipe y Tocantins.
Previamente, el Gobierno lulista ya había realizado modificaciones en los gabinetes de seguridad, al destituir a 40 militares. En su mayoría, estos se desempeñaban en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en Brasilia.
Justificación
Dino defendió la salida del personal cercano al ex presidente de las fuerzas de seguridad. “Lo opuesto de una Policía bolsonarista es una Policía legalista; nadie puede sabotear una operación policial por cuestiones ideológicas”, argumentó el funcionario lulista.
La imagen del PRF se vio afectada por una serie de acciones destinadas a favorecer la votación de Bolsonaro durante los comicios de octubre del año pasado, cuando se obstruyó el paso de micros con electores de Lula en Estados de la región nordeste. Debido a este hecho, el exdirector de la PRF Silvinei Vasquez está siendo investigado por la Justicia Federal.
Otro caso que complicó su imagen fue el que ocurrió en mayo del año pasado, cuando agentes de la PRF arrestaron y asfixiaron, en Sergipe, al motociclista Genivaldo Jesús Santos, quien falleció dentro de un vehículo policial, hecho que causó un escándalo.
Pese a los dichos, Dino precisó que los cambios en las fuerzas de seguridad no se dieron a raíz de los ataques producidos el 8 de enero, sino que era una cuestión que ya había sido debatida en la etapa de transición del nuevo Gobierno de Lula.