“Desde un principio esta defensa buscó solucionar el conflicto, reparando el daño causado a las víctimas”, señaló Camilo Atim que, junto a Ernesto Baaclini, asisten legalmente a Armando Zarlenga. Todas las iniciativas y propuestas de juicio abreviado fueron de parte nuestra. No se pudo cerrar antes por la extrema ambición económica de algunos litigantes que priorizaron su situación y no la de su cliente”, agregaron los profesionales en una entrevista telefónica con LA GACETA.

Los defensores hablaron luego de que nuestro diario publicara que las partes habían llegado a un acuerdo para cerrar uno de los casos más polémicos del año pasado. El 25 de abril, Zarlenga les causó la muerte a Maximiliano Saldaño y a Joaquín Franck Colombres al embestir su camioneta con la moto en la que se trasladaban las víctimas por avenida Mate de Luna. Los estudios realizados al acusado dieron cuenta de que conducía alcoholizado y los acusadores no pudieron demostrar que haya consumido cocaína. Al señalado como responsable se le dictó la preventiva efectiva y luego se le otorgó el arresto domiciliario, medida que cumplió hasta el 12 de diciembre.

El fiscal Pedro Gallo, que estuvo al frente del caso hasta los primeros días de diciembre, lo acusó de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de una camioneta, triplemente agravado por la pluralidad de víctimas, por nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre y por exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida. Había anunciado que iba a solicitar una pena de cinco años.

Los querellantes Jorge Lobo Aragón y Federico Iramain, que representan a la madre y al padre de Franck Morales, y Humberto Domingo Castaldo, que atiende los derechos de la familia Saldaño, no compartieron la opinión del fiscal y solicitaron que sea enjuiciado por homicidio culposo con dolo eventual y anticiparon que pedirán que le apliquen a una pena de 12 años de prisión.

Después de que se ordenara el fin del arresto domiciliario que pesaba en su contra, la Oficina de Gestión de Audiencia agendó para el 22 de febrero el inicio del debate oral en contra de Zarlenga. El juicio, según la programación, estaba previsto que durase siete jornadas. Sin embargo, horas antes de que se iniciara la feria, los querellantes presentaron un escrito diciendo que habían llegado a un acuerdo con el acusado, por lo que desisten de seguir actuando en contra del imputado.

La polémica

“Desconocemos la presentación del escrito por parte de los abogados querellantes, pero esta defensa sigue abierta para cerrar un acuerdo de juicio abreviado con pena de ejecución condicional”, explicó.

Según la información a la que accedió LA GACETA, el acuerdo consiste en que Zarlenga se haga cargo penalmente del hecho para que se le otorgue una pena condicional de tres años. También se le prohibiría conducir cualquier tipo de vehículo durante al menos ocho años y otras reglas de conducta que todavía no trascendieron.

Al mismo tiempo, el acusado ofreció pagar $39 millones en concepto de reparación de daños a los familiares de las víctimas. En este caso son tres, ya que recibirán $13 millones la madre de Saldaño y como los progenitores de Franck Morales están divorciados, habrá $13 millones para la madre y $13 para el padre. También Zarlenga anunció que entregará $1 millón a una fundación que realiza tareas de rehabilitación a adictos.

El fiscal Diego Hevia, que tiene a su cargo el expediente, confirmó la presentación, pero prefirió no hacer ninguna declaración sobre la cuestión. Sobre sus espaldas pesa un intento fallido de un acuerdo previo que no prosperó por expreso pedido de los querellantes, pese a que los familiares habían expresado su deseo de aceptar el trato. Días después, Zarlenga fue puesto en libertad, medida que aceleró el proceso de aceptación del convenio.

Una fuente judicial confirmó que los defensores del acusado no hicieron ninguna mejora en la propuesta para que los querellantes decidieron aceptarla. “Si hubo otro arreglo, se hizo afuera, nosotros no podemos intervenir”, explicó un vocero de la fiscalía. “De todas maneras, hasta que no vea las firmas de todo, no se puede decir absolutamente nada. Ya nos pasó una vez y nadie descarta que se vuelvan a arrepentir”, añadió.

Hevia, antes de que finalice la feria, deberá analizar los detalles del convenio. Luego citará a las partes para que ratifiquen nuevamente su postura y, por último, solicitará una audiencia para presentar los detalles del acuerdo. El juez interviniente -todavía no se designó a ninguno- deberá convalidarlo o rechazarlo. En principio, esa audiencia se realizará el 1 de febrero, día en el que estaba agenda un debate para definir el delito por el que Zarlenga

Cambio

“Uno tiene la responsabilidad de asesorar legalmente a los familiares. Ellos son los que tuvieron la última palabra. Hay que entenderlos y apoyarlos, no cuestionarlos”, explicó Lobo Aragón en una entrevista con LA GACETA. “Si bien solicitamos que se le aplique la figura del dolo eventual, nada nos garantiza que un tribunal analice de la misma manera que nosotros la prueba. Lo mismo ocurría con una demanda civil, sin contar, el tiempo que puede tomar”, añadió el profesional.

Castaldo, por su parte, agregó: “creo que los familiares terminaron entendiendo que el ofrecimiento no era malo. También influye mucho el paso del tiempo, porque el dolor de la pérdida va desapareciendo”. “La experiencia me dice que el acuerdo es bueno y, si hubo algún tipo de demora fue porque el ofrecimiento no era acorde a las necesidades de nuestros representados”, finalizó el profesional.

Por su parte, Atim declaró: “a través de este juicio abreviado se busca solucionar el conflicto surgido como consecuencia del hecho punible. Las víctimas reciben una reparación económica integral, nuestro cliente recibe una pena, en este caso de ejecución condicional, responsabilizándose por el hecho ocasionado. De esta manera se evita el desgaste propio de un juicio oral y también del juicio civil”.