El vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, fue uno de los mandatarios provinciales que participó del mitin en la Casa Rosada, para respaldar la decisión del presidente, Alberto Fernández, de avanzar con el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, y contra los otros vocales, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Todos coincidimos que el federalismo es innegociable, venga del poder que venga. Somos muy respetuosos de la división de poderes; respetamos el fallo (que devolvió fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA-). Pero entendemos que es inaplicable. Tiene muchos vicios en cuanto a la confección legal y técnica, porque obliga al Gobierno nacional a una erogación para transferirle a CABA; una vez más el centralismo porteño se quiere imponer por sobre el interior”, criticó Jaldo.

Agregó que la sentencia no indica las fuentes de recursos para atender el fallo. “Con lo cual, quienes representamos a las provincias entendemos que es una transferencia de recursos del interior a la Capital Federal, porque cada peso que se toque producto de la reasignación del presupuesto nacional va en desmedro de las 23 provincias del país”, añadió.

Puntualizó que tiene la obligación de defender los intereses de los tucumanos. “No voy a permitir ni a admitir ni ser cómplice de esta transferencia de recursos del interior a la capital federal”, dijo.

Señaló que a raíz de ello, el Presidente tomó la decisión de avanzar con el pedido de juicio político. “Y los gobernadores acompañamos esa medida; una medida constitucional, legal, que permitirá esclarecer las decisiones y los argumentos tomados por la Corte de la Nación”, afirmó Jaldo. Y añadió que para eso sirve el juicio político: “los gobernadores, la Nación y la Corte tendrán la posibilidad de exponer los fundamentos de las medidas adoptadas. Es una forma de defender la República, la democracia y el federalismo. Nadie, de ningún espacio político, debe oponerse al esclarecimiento de esta situación que de por sí es polémica y pone en tela de juicio el libre funcionamiento de las instituciones de la República. Por el contrario, quien se opone no quiere el esclarecimiento de algo que se perfila como un conflicto de poderes en la Argentina”.