La cantidad de homicidios registrados tuvo su segunda baja consecutiva en nuestra provincia. En 2022, las autoridades reportaron 78, un 24% menos que el año pasado, que llegaron a ser 105 y casi un 50% menos que en 2020, cuando se registraron 152, en el año más violento que se recuerde en nuestra historia. Otro dato: el índice es el más bajo desde 2014, año en el que comenzaron a contabilizarse los casos en Tucumán.
En cualquier lugar del mundo, los índices de homicidios son claves porque definen qué está pasando en las calles. Esos números deberían ser utilizados para corregir el rumbo o fortalecer los éxitos que se consiguieron en materia de seguridad. “Esta es la consecuencia directa del trabajo que viene haciendo este gobierno y que va más allá de las inversiones de incorporar más efectivos y la compra de móviles. Esto tiene que ver con todo un proceso que incluye haber conformado la plana mayor de la fuerza y un control periódico a la tarea que realizan”, explicó el gobernador interino Osvaldo Jaldo, en una entrevista exclusiva con LA GACETA.
Las palabras del funcionario tranqueño son una realidad. Durante su gestión no dudó en desplazar jefes cuando los números no lo acompañaban. Sólo los titulares de la Unidad Regional Norte (Joaquín Girbaux), de la Unidad Regional Este (Fabio Ferreyra) y de la ex Brigada (Jorge Dib), conservaron sus cargos. En todas las otras unidades claves de la Policía hubo más de un cambio. “Entendieron que su gestión está siendo controlada permanentemente por el ministro Eugenio Agüero Gamboa y por el propio gobernador”, agregó Jaldo.
El especialista en políticas públicas de seguridad Federico Agustín Pelli coincidió que es importante que se haya registrado esta nueva disminución porque da forma a una tendencia clara y concreta. “No podemos ser necios y negar que el número de homicidios ha bajado y que eso se debe a una acción concreta”, explicó. “Es una lástima que no exista en la provincia un grupo de especialistas que se encargue de analizar esos números para sacarle mucho más provecho. Todo lo que se diga son meras apreciaciones, no hay nada teórico bien fundamentado”, añadió.
Análisis
Las cifras de este año, construidas con las estadísticas de LA GACETA y chequeadas con las que maneja el Poder Judicial, dejaron al descubierto varios puntos para analizar. Los homicidios en ocasión de robo también bajaron por segundo año consecutivo con un 10%. Pero dentro de ese número, hay otro dato: fueron asesinados más asaltantes, que víctimas de asaltos. Eso es un fiel reflejo de que la sociedad no confía en el Estado y que decidió defenderse de la inseguridad.
“Les digo a los tucumanos que este gobierno se está dedicando a la seguridad. Es un proceso largo, que lleva su tiempo. El índice de homicidios es una muestra que la situación está cambiando, pero soy perfectamente consciente que este es un largo camino por recorrer y todavía nos falta bastante”, reconoció Jaldo.
Hubo otro número que también sobresale el resto: el número de femicidios. En 2022 fueron contabilizados cuatro (tres directos y uno vinculado), más de cuatro veces menos que en los dos últimos años. “En este caso puntual hay una particularidad: bajaron los crímenes, pero aumentaron las denuncias. Eso es bueno porque nos permite prevenir. La Justicia hace lo suyo encerrando a los violentos, ya no se queda con una mera prohibición de acercamiento, sino que va preso. La Policía articuló tareas con el Ministerio Público Fiscal, para intervenir de manera inmediata. El miembro de la fuerza que no la haga, es por negligencia y por eso es debidamente castigado”, señaló el gobernador interino.
Preocupante
Mauro Tártalo murió el 27 de enero en una pelea que se había producido en la casa de un tranza que le vendió droga en mal estado. Rodrigo Romano murió el viernes después de haber sido acribillado en el Juan XXIII (“La Bombilla”), en una supuesta pelea por el dominio territorial en el barrio. Horas antes, la Policía había desbaratado dos “quioscos” de drogas en el mismo lugar. Los crímenes por cuestiones vinculadas a la droga se triplicaron con respecto al año pasado. En 2022 hubo 21, en 2021, 7 y en 2020, 13.
Esta sorprendente tendencia que altera a los funcionarios de Seguridad ya había sido denunciada por el gremio de empleados judiciales de Salta y Jujuy en un duro documento que, por ahora, no provocó ni el más mínimo interés de las autoridades nacionales. Los sindicalistas no sólo expresaron la facilidad con la que ingresa la droga en el país por el norte, sino que dijeron que hay sobrada evidencia de que en el NOA ya están instalados cárteles bolivianos, peruanos, colombianos y mexicanos. Advirtieron además que esa presencia generó una escalada de violencia donde los sicarios hacen de las suyas en las calles. Tucumán, al analizar los números, no estaría tan alejado de esa situación.
“Ese es uno de los motivos por lo que insistimos en la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Estamos decididos a acabar con este flagelo en la provincia. La Policía y la Justicia están trabajando para hacerlo. Pero también es cierto que necesitamos el apoyo de la Nación para conseguir más y mejores resultados”, explicó Jaldo.
Los resultados que se consigan con esta norma, que tiene un mes de estar en vigencia, es todo un misterio, pero los especialistas sostienen que pueden generar una escalada de violencia por la disputa territorial que podría generar la caída de algunas organizaciones.