Más de 17 millones de argentinos cerraron 2022 bajo la línea de la pobreza. Así lo advierten los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El documento ratifica que en la última década -y más allá de algún efímero dato alentador- las condiciones socioeconómicas empeoraron en el país.

Los analistas concluyeron que la inflación es la principal causa que explica este empeoramiento de los indicadores. Las cifras son elocuentes: un 43,1% de las personas están por debajo de la línea de pobreza frente a un 42,4% que arrojó la medición en 2021. En tanto, la indigencia afecta al 8,1% de la población; es decir, casi 3,4 millones de persona. Estas cifras, por más que varíen en algunos puntos, coinciden con las estadísticas oficiales. Para el primer semestre del año pasado que termina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos ubicó en 36,5% la pobreza (10,6 millones de personas) y en 8,8% la indigencia (cuatro millones de personas).

“Luego del lejano 6% de pobreza en 1974 (1,5 millón de personas), durante la recuperación de la democracia el piso de pobreza fue del 20% (seis millones de personas), durante la convertibilidad oscilamos entre 25% y 30% de personas bajo la línea de pobreza (no menos de 10 millones de personas), todo esto antes de la crisis del 2001-2002. Actualmente, 40% de la población urbana estaría afectada por privaciones económicas fundamentales (más de 17 millones de personas)”, expresó el informe del Observatorio.

Todos los indicadores macro de la Argentina mostraron un retroceso desde el comienzo del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner a fines del 2011: PBI, PBI per capita, creación de empleo registrado, poder adquisitivo y precarización del empleo, por ejemplo. Tras el pico de la pandemia de coronavirus, la fragilidad social comenzó a estabilizarse en 2021 a partir de la reapertura de la economía, pero la aceleración de los precios fue lapidaria en este último trimestre de 2022. Así, se observa un mayor porcentaje de población con trabajo formal que es pobre y hay más gente cubierta por planes sociales.

Según el Observatorio, el 29,8% de la población ocupada son pobres. Lo llamativo es que esa cifra duplica el 15,5% que alcanzaba ese segmento en 2017. La situación es más dramática entre quienes cuentan con un empleo pleno: allí los pobres saltaron del 4,7% en 2017 al 13,9% durante 2022. Entre quienes tienen un empleo precario, la pobreza aumentó del 15,5% al 31%. El principal problema es que no se crean empleos de calidad, que aumenta la informalidad y que aquellas personas que consiguen empleos registrados deben tolerar bajos salarios y precariedad laboral. La inflación incide de tal manera en la dinámica de la pobreza monetaria que, con un índice (de inflación) menor a un dígito, la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales.

Quizás el único dato “alentador” de los últimos 12 meses es la baja de la indigencia en el país, que obedece directamente a la cantidad de programas sociales que brinda el Estado.  En el último año, la pobreza aumentó del 42,4 al 43,1%, pero la indigencia bajó levemente, del 9 al 8,1% por el aumento del gasto social. En definitiva, sin la asistencia social del Estado, la indigencia sería del 19,6% y la pobreza del 50%.

La realidad, entonces, es devastadora: en 10 años ha crecido en más de 15 puntos porcentuales la pobreza. ¿Quiénes son estos nuevos pobres?: los especialistas lo resumen así: “clases trabajadoras de sectores medios y populares, vulnerables a las crisis, a la falta de trabajo y a la inflación. Mientras tanto, los pobres estructurales logran protegerse reproduciendo una economía informal de subsistencia, que nos los saca de la pobreza, pero al menos la alivia”.