Los bamboleos del gobierno nacional ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación debida a la ciudad de Buenos Aires no son gratis para la economía del país. La seguridad jurídica es importante y la actitud del oficialismo la debilita.

El análisis a trazo grueso considera que la inversión (y el ahorro, que es su fuente) significa renunciar a consumo presente a cambio de consumo futuro. Como el presente es cierto y el futuro es incierto, el futuro debe “tentar” con algo a la persona para que abandone el presente. Esa tentación es una interpretación económica de la tasa de interés. De allí que cuanto más se valora el presente (el corto plazo) mayor rendimiento, mayor tasa de interés, se pretende para una inversión. Y en eso tiene que ver el grado de incertidumbre.

Para invertir se hace evaluación de proyectos y se necesita tener una idea del horizonte futuro, tal vez años adelante. No se pide certeza ya que nunca la hay, y en cómo enfrentar esa ausencia entra en juego el espíritu emprendedor para la asunción del riesgo. Pero se requiere al menos saber que las reglas básicas no sufrirán grandes cambios, que los derechos esenciales estarán protegidos, que los contratos serán respetados. Eso es la seguridad jurídica. Si no se observa, las inversiones que se buscarán serán las que requieran menores costos y rindan más ganancias en el menor plazo posible, que son las menos.

No debe interesar sólo a grandes capitales. Primero porque las inversiones tratan, sí, de la ganancia de los empresarios, pero también de los trabajadores contratados y de sus niveles de sueldo. Segundo, porque la seguridad jurídica también se refiere al ahorro de todas las personas. Por ejemplo, si se respetarán o no los depósitos bancarios, o si será posible disponer de los dólares comprados como refugio contra una crisis. Tercero, porque la incertidumbre se refleja en la tasa de interés que los bancos pedirán por sus créditos; más incertidumbre significa créditos más caros, algo que afecta a cualquiera que quiera emprender una actividad productiva. Por último, porque todos, inclusive quienes intenten vender alfajores de maicena casa por casa o poner un kiosco o almacén de barrio, tienen que lidiar con leyes y decretos y su variabilidad, o con riesgos contractuales.

Una parte del clima de seguridad lo aporta el sistema de Justicia. Las decisiones, públicas o privadas, que impliquen variaciones en derechos pueden terminar impugnadas en los estrados judiciales y los fallos agregar o quitar incertidumbre. Por eso el cuidado que el Poder Judicial haga de las reglas básicas de la sociedad y el respeto que las autoridades den a sus veredictos son esenciales para la planificación de las inversiones.

Esas sentencias pueden implicar revertir decisiones políticas, lo que a veces es criticado. Pero eso es un error. Cualquier decisión es susceptible de análisis judicial. Luego los tribunales verán si estaba o no en la zona de reserva del Poder cuestionado. Si los actos de gobierno no pudieran judicializarse no existiría ningún derecho porque tanto aciertos como atropellos, por su autor, son decisiones políticas. Por ejemplo, piénsese en un decreto que estableciera un impuesto, o que el Congreso creara un tributo del 90 por ciento sobre el sueldo bruto de las personas. Ambas serían decisiones políticas y ambas chocarían con la Constitución. Una por procedimiento (sólo el Congreso crea impuestos, con Diputados como cámara de inicio), la otra por violación del derecho de propiedad privada.

Tales controles son parte de la organización republicana, la de los contrapesos de poderes. Aquí debe recordarse que el Poder Judicial está para hacer justicia, no para hacer la voluntad popular, aunque no esté despegado de ella. Su organización es dispuesta por los representantes elegidos por la voluntad popular, sus miembros surgen del voto de esos representantes (Consejo de la Magistratura, Presidente y Senado para los jueces inferiores a Corte Suprema, y propuesta del Presidente y luego voto del Senado, para la Corte) y su labor es vigilada y castigada por cuerpos donde hay representantes de la voluntad popular, mostrando otro contrapeso (Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento o Cámaras de Diputados y Senadores, según el caso).

Claro que el supuesto de su trabajo es la soberanía de la Constitución (que fue redactada por representantes de la voluntad popular) y ella implica que incluso las mayorías tienen límites. Sin Constitución, sin república, la democracia puede quedar, en el mejor de los casos, en un sistema de rotación de tiranías, donde cambia el turno de quiénes explotan a quiénes así como rotarían los derechos aplastados. Es que las elecciones no definen quiénes son el pueblo; pueblo son todos y las elecciones son nada más (y nada menos) que un mecanismo para que el conjunto tome decisiones. Por eso, por su capacidad de restricción al abuso de la mayoría, puede decirse que sin república no sólo habría menos seguridad jurídica sino también menos democracia.

Por cierto, la baja seguridad jurídica no implica que no se invierta nunca. Las personas quieren seguir viviendo y apuestan al futuro como pueden. Los problemas son la cantidad y la calidad de las inversiones. Claramente, las que se realizan en Argentina no son suficientes. Y no se trata sólo de la respuesta a la reciente medida cautelar de la Corte. Son muchas las sentencias incumplidas (recuérdense las jubilaciones con sentencia firme no pagadas durante la presidencia de Cristina Fernández), los embates ilegítimos contra el Poder Judicial, los decretos de necesidad y urgencia no justificados, los presupuestos nacionales que violan las leyes sobre diseño de presupuestos, y así.

Es largo el camino para consolidar la seguridad jurídica, que por supuesto debería incluir también la mayor eficiencia del Poder Judicial (por caso, las demoras en las sentencias no ayudan a la certidumbre), pero no se comienza a transitarlo con conatos de desobediencia.