La resolución cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, y la posterior respuesta del presidente Alberto Fernández con el anuncio de que recusará a los miembros del Tribunal Supremo abren una polémica que puede derivar en una crisis institucional, advierten constitucionalistas consultados por LA GACETA-

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Armando Aquino Britos, profesor Profesor Adjunto de Derecho Político de la  Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste advirtió que “todo alzamiento contra un fallo del máximo tribunal es un atentado contra la constitución”. “La Corte es el intérprete final. Cuando hay una causa judicial la Corte tiene la decisión definitiva. Estamos en presencia de una cuestión grave, que ojalá se supere. No es como señala el presidente que el fallo es de imposible cumplimiento. Se tienen que dejar de emitir los fondos para Buenos Aires y dárselos a la Capital”, opinó. “Lo que afecta al federalismo viene desde hace mucho tiempo. No puede ser que la Nación se lleve el 56% y las provincias el 44%. Al mismo tiempo la Nación tiene otros impuestos que recauda en forma directa y los distribuye discrecionalmente. Tenemos un Ministerio de Salud nacional que no tiene hospitales, lo mismo pasa con la Educación, ya que todo recae en las provincias o en los municipios. Igualmente con la seguridad, donde todo está vinculado con las policías provinciales. Debemos salir de la confrontación política, abordar el tema de la corrupción, tener políticas de Estado que nos ayuden a crecer, no atacar a los otros poderes”, reflexionó. Según Aquino Britos, a Fernández no le queda otra que acatar el fallo. “No tiene otra herramienta legal. Si hay conflicto siempre la solución definitiva la tiene el Poder Judicial. Aquí lo que sucede siempre es que en el arco político una mayoría esporádica quiere imponer condiciones al resto de la sociedad, y no respetan un plafón normativo”, advirtió.

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Finalmente recordó que “la Corte de (Raul) Alfonsín fue ejemplar. Después la verdad es que (Néstor) Kirchner hizo una revolución fantástica, y (Mauricio) Macri hizo lo mismo. Los jueces (Horacio) Rossati y (Carlos) Rosenkrantz son enormes juristas que deben garantizar el funcionamiento institucional. Y lo que hay que garantizar es que esta Corte pueda tener actitudes como la que está teniendo, no como las Cortes que cedieron ante los levantamientos autoritarios. La Justicia es el último lugar de las garantías constitucionales, Si esto sigue así y el presidente avanza en su idea de recusar a los miembros de la Corte será pasible de un pedido de juicio político. Se abre un espiral de conflictividad que no es bueno”, finalizó.

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Por su parte el constitucionalista Felix Lonigro, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, afirmó que tendríamos una crisis real siempre y cuando el Gobierno “efectivice el desconocimiento del fallo”. “Por ahora hay fuegos de artificio, comentarios, declaraciones, un gobernador (Axel Kicillof) que aconsejó que no se acate el fallo… Si eso sucediera sera una anarquía institucional. Es socavar el estado de Derecho de la república como sistema político, una anarquía constitucional que genera una responsabilidad política del presidente, que puede ser tomada como un mal desempeño de sus funciones, y que conlleva una responsabilidad penal, ya que se podría estar ante un delito de sedición”, aclaró. Según su punto de vista, “La República se sustenta en la división de poderes y es potestad del Poder Judicial administrar Justicia y declarar la invalidez de las normas que la violentan”. “La ciudad de Buenos Aires está en una situación particular. En la coparticipación federal el gobierno nacional recauda y distribuye entre las provincias. La ciudad de Buenos Aires debe recibir fondos, según la Constitución. En nada afecta a las provincias”, dijo. “El solo hecho de criticar los fallos de la Corte, bombardeando, intentando aumentar la cantidad de miembros lesiona a la división de poderes. Si le agregamos un incumplimiento a un fallo un problema cívico cultural. De esa manera se demuele la seguridad jurídica, y sería un enorme problema para el país”, señaló.