En los rostros de los gobernadores que asistieron a la Casa Rosada había preocupación. Tanto al ingresar al encuentro con el presidente Alberto Fernández como al salir de la cumbre. La tensión era tal que hasta se suspendió la conferencia de prensa que debían dar para fundamentar su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. Después de varias horas de discusión, el Presidente y los gobernadores dieron a conocer un documento en el que señalan que el fallo del máximo tribunal es político y que la decisión adoptada por sus miembros es de “imposible cumplimiento”.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar el porcentaje (de fondos coparticipables) del 1,4% al 2,95%; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de $ 180.000 millones adicionales a los que ya percibe”, señala el texto que lleva la firma del jefe de Estado y de 14 gobernadores peronistas.

El escrito indica que la decisión de la Corte “sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.

“En síntesis –continúa el documento-, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA (Horacio Rodríguez Larreta). Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”

Ante esta situación, el presidente de la Nación ha decidido “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte” y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de esa medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.

El encuentro en la Rosada había sido convocado de urgencia por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, a pedido del mandatario. Fueron 10 al edificio de Balcarce 50. Otros cuatro participaron de las conversaciones a través de zoom. Ellos fueron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz)

El primero en llegar a la Rosada fue el bonaerense Axel Kicillof, quien estuvo reunido con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Es el principal afectado por la medida judicial, ya que la quita realizada a CABA fue para compensar la demanda salarial de la policía en territorio de provincia de Buenos Aires. Luego ingresaron Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja). También fueron de la partida Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

La medida cautelar implicaría un aumento del gasto público nacional en 2023, equivalente a 0,12% o 0,13% del Producto Bruto Interno (PBI), estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En un ejercicio financiero, la entidad sostiene que, sin aquella medida de la Corte, CABA  recibiría unos $ 249.000 millones de coparticipación automática y otros $ 97.000 millones de transferencias no automáticas en un escenario optimista o unos $ 80.000 millones en el escenario pesimista), originadas en el monto fijo de la ley 27.606. 

“Con la medida cautelar aumentaría el monto de coparticipación y se eliminaría el monto de transferencias no automáticas. CABA pasaría a recibir $ 520.000 millones en concepto de coparticipación y perdería lo no automático”, puntualiza el economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf. En la Casa Rosada dejaron trascender que la postura del oficialismo no significa no acatar la medida cautelar, pero sí poner en evidencia que la decisión de la Corte implicará un ajuste de las partidas presupuestarias que puede llegar a afectar a todas las provincias para reunir los $ 180.000 millones adicionales a CABA. De allí las quejas por la falta de federalismo porque los gobernadores entienden que podría bajar el nivel de inversión para obras públicas.