LIMA, Perú.- Leopoldo Huamani, de 60 años, un agricultor de Chalhuanca, en el sur de Perú, viajó durante tres días para llegar a Lima y marchar en apoyo al destituido y encarcelado líder Pedro Castillo, cuya caída ha provocado protestas mortales en todo el país.

Huamani es uno de los “olvidados” de Perú, de grupos rurales marginados que Castillo trató de representar -a menudo sin éxito-, cuya ira se ha disparado por su arresto, amenazando con descarrilar al frágil nuevo Gobierno y al desacreditado Congreso.

En la nación sudamericana, la furia de los votantes ha aflorado desde hace tiempo en medio de constantes turbulencias políticas que ha visto a seis presidentes en cinco años.

La mayoría de los ex mandatarios han sido investigados por corrupción o encarcelados en algún momento.

Una nueva crisis estalló en las últimas dos semanas. Miles de manifestantes han bloqueado carreteras, incendiado edificios y tomado aeropuertos tras la expulsión de Castillo, el 7 de diciembre, horas después de que intentara disolver el Congreso para evitar una votación de juicio político que temía perder, y que fue señalada como ilegal por el propio poder legislativo.

Al menos 18 personas -algunos reportes no oficiales hablan de más de 20- han muerto.

Muchos de los manifestantes -algunos simpatizantes de Castillo y otros simplemente enojados con la situación-, dijeron que se sentían ignorados por los líderes políticos tradicionales.

El ex profesor e hijo de campesinos al menos había sido uno de los suyos, manifestaron, a pesar de sus muchos defectos.

“Nadie me representa ahora”, dijo Huamani, quien culpa al Congreso y a la nueva presidenta, Dina Boluarte, quien era la ex vicepresidenta de Castillo, por las muertes en las protestas.

Muchos como él llevan pancartas en las que califican a la nueva gobernante como “traidora” y “asesina”, exigen su renuncia de inmediato.

La policía y las fuerzas armadas han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego letales y de lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros durante las protestas.

El Ejército responde que los manifestantes, mayormente del sur andino de Perú, han usado armas y explosivos caseros, afirmaciones que no se han comprobado.

Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú y que habla la lengua indígena quechua, ha llamado a la calma y exigido al Congreso que adelante las elecciones generales, al tiempo que ha descartado renunciar pese a las presiones.

“Ella solo representa los muertos”, dijo Huamani. “Elegimos a un humilde maestro rural como nosotros, con la esperanza de una revolución que llevaría a los pobres al poder”.

“Nido de ratas”

Castillo ascendió a la Presidencia en julio del año pasado gracias a una ola de apoyo de los votantes rurales, hastiados del statu quo, y de los que veían como corrupta a la élite política radicada en Lima.

“Fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años”, dijo Castillo en una carta manuscrita desde la cárcel.

El destituido mandatario cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por presuntos delitos de rebelión y conspiración, que él niega.

Castillo agradeció a sus seguidores por salir a las calles para protestar, y acusó a los militares y policías de llevar a cabo lo que llamó “masacres” en el país.

“En este contexto difícil, el sector golpista, explotador y hambreador, hoy quieren callar a mi pueblo”, agregó.

El novato político había ganado apoyo con promesas de reformar la Constitución, redistribuir las enormes riquezas del cobre y empoderar a los grupos indígenas marginados.

Pero fracasó en muchas de estas promesas y su popularidad se había hundido antes de su destitución. Castillo y algunos de sus colaboradores enfrentaron una serie de investigaciones por corrupción, y en medio de marchas y contramarchas pasó a tener cinco gabinetes y más de 80 ministros en solo 17 meses.

Pero su arresto ha borrado parte de esa decepción. Cientos de personas de la selva amazónica, de los Andes y de las regiones rurales de Perú han acudido en masa a Lima en su apoyo, incluso hasta la cárcel en la que se encuentra recluido.

“El pueblo peruano se levantará y defenderá el voto popular”, dijo Merina Chávez, afuera de la prisión, apuntando su ira a los legisladores. “El Congreso no lo dejó hacer su trabajo”.

Castillo, quien se postuló por el partido marxista Perú Libre pero luego se alejó de la izquierda radical, enfrentó un Congreso hostil y fragmentado, donde el partido conservador de la candidata al que ganó en elecciones por un estrecho margen tenía el bloque individual más grande.

Fue acusado tres veces y en la última de ellas fue destituido por una gran mayoría de legisladores, después de que su intento de disolver el Congreso provocara renuncias de sus ministros y acusaciones de un golpe de estado por parte de sus ex aliados y de funcionarios constitucionales.

Sin embargo, la mayoría de los peruanos todavía culpa al Congreso de los problemas políticos del país.

Visto como corrupto y egoísta, el Congreso tiene un índice de aprobación de solo el 11%, según la encuestadora Datum. Castillo llegó con un 24% de apoyo antes de su destitución.

En una reciente encuesta, alrededor del 44% de los peruanos dijeron que apoyaron el intento de Castillo de cerrar el Congreso, pese a que trató de hacerlo fuera de los límites constitucionales.

Katherine Asto había llegado hasta los exteriores de la cárcel de Lima para respaldar a Castillo, luciendo un sombrero blanco con una leyenda que dejaba en claro sus sentimientos: “Cierren el Congreso, es un nido de ratas”.