“Estos operativos sirven para evidenciar que existe un mercado negro de granos y de materias primas en el país”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, en entrevista con LA GACETA, luego de que se conociera que el miércoles por la noche la Justicia Federal salteña ordenó allanar ocho propiedades, algunas de ellas en la localidad de Salvador Mazza y otras en el norte de nuestra provincia, porque estarían vinculadas en una causa por contrabando a Bolivia. El titular de esa cartera explicó que estaba en contacto con el ministro salteño de esa área y con la Policía para averiguar más datos sobre el caso.

Fruto de las medidas judiciales, según informó el diario El Tribuno, en la ciudad de Salvador Mazza se incautaron 1.000 toneladas de granos, una suma millonaria en diversas divisas (U$S 57.000, $ 1.6 millón y 4.680 pesos bolivianos). En Tucumán se allanaron dos galpones en los cuales se secuestraron vehículos y maquinarias agrícolas, teléfonos celulares, computadoras y documentación de interés para la causa que lleva adelante Marcos Romero, titular de la Fiscalía Descentralizada de Tartagal. Además hubo tres detenidos por el delito de encubrimiento de contrabando.

“Esto es a cuenta de todos los argentinos, porque al evadir le quitan dinero al Estado y a cada uno de sus habitantes. Estos productores terminan teniendo una actitud contra la República, porque con el dinero que se tributa se construyen y acondicionan las escuelas y se realizan las obras en todo el territorio nacional”, argumentó Padrós.

El ministro de Desarrollo Productivo, reconoció que contrabando a países limítrofes es un problema que aqueja a la Argentina, pero aclaró que es un mal que ya lleva años. “Este tipo de contrabando a Bolivia ya existe desde hace tiempo. Lamentablemente no es sólo de granos, sino también de azúcar, harina y otros productos. También se da esta situación en las fronteras con Brasil y Paraguay, en esos límites, sobre todo con el tabaco. Sabemos que el control de las fronteras está teniendo problemas y que se debe mejorar en ese aspecto”, sostuvo.

Siguiendo las órdenes del auxiliar fiscal Rafael Lamas, personal de Gendarmería y de la dirección de Aduana realizó las medidas y las diligencias ordenadas por la jueza federal Ivanna Hernández.

Según la investigación, los tres detenidos junto a otros implicados obraban a partir de cartas de porte adulteradas o que referenciaban a una empresa. Al descubrir ese dato, comenzaron las tareas de inteligencia que condujeron hasta los sospechosos.

La investigación llevó aproximadamente un año y en ese tiempo esta banda habría evadido a la AFIP. Sin embargo, en relación a las cantidades que se maneja (en cuanto a dinero y acopio), se trataría de un daño poco considerable, pero que implicaría una ganancia en negro interesante para los evasores. “No son valores significativos para la industria, pero sin duda este secuestro será un impacto importante contra los contrabandistas, porque quien perdió ese dinero lo perdió con toda justicia. Felicito a Gendarmería por esta investigación y este operativo”, concluyó Padrós.