Los vínculos entre el Poder Judicial y el Gobierno lejos parecen estar de mantener una relación armónica. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, rechazó ayer el pedido de audiencia que habían realizado los bloques del Frente de Todos en el Congreso, luego de que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fuera condenada por corrupción.
El pedido oficialista había sido encabezado por el jefe de la bancada en Diputados, Germán Martínez, y la titular de la bancada kirchnerista del Senado, Juliana Di Tullio, la semana pasada, tras una conferencia de prensa en la que denunciaron que el Poder Judicial se encuentra en manos de una “mafia judicial”.
En esa misma oportunidad, los legisladores habían acusado directamente al juez Rosatti de ser el responsable de la parálisis del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar, sancionar y remover jueces. Justamente, en ese organismo el oficialismo busca avanzar sobre algunos magistrados por el viaje que realizaron junto a directivos de medios y funcionarios porteños al sur del país. La Magistratura, otro de los organismos en pugna por su conformación y la representación del oficialismo, se encuentra integrada actualmente sin los representantes del Congreso.
En el Senado, la vicepresidenta insistió con la designación del camporista Martín Doñate, en lugar del senador del PRO, Luis Juez, que fue a la Justicia para reclamar. Hasta el momento, la Corte decidió no tomarle juramento a ningún senador. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, retiró las designaciones que había firmado una semana antes y abrió un nuevo conflicto con Juntos por el Cambio que paralizó al cuerpo parlamentario.
En paralelo al escenario político, el máximo tribunal de la Nación consideró que no puede concederle una audiencia a los bloques oficialistas porque de esa forma se estaría reuniendo con una sola de las partes involucradas en el conflicto judicial que podría terminar definiendo la propia Corte. “No corresponde acceder a lo peticionado. Ello, toda vez que se encuentra radicada ante el tribunal de la causa ‘Juez, Luis Alfredo y otro c/Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/amparo ley 16.986, en la que se debaten cuestiones vinculadas al motivo por el cual se requiere la audiencia”, resolvió Rosatti. Ante esta novedad la reacción del oficialismo no se hizo esperar. “Democrático el Supremo Rosatti. Declaró inconstitucional una ley del Consejo de la Magistratura, que llevaba 15 años. Emplazó al Congreso. Repuso una ley derogada. Invadió competencias legislativas. Paralizó al Consejo. Y no concede una audiencia. ¿Calidad institucional? Bien gracias”, escribió el diputado Germán Martínez en su perfil de Twitter.