Hace una semana, en esta columna se hizo apenas un esbozo de las malas costumbres que tienen los tucumanos. La reacción de los lectores fue llamativa: no solo demostraron su hartazgo por el desorden que se vive en la provincia, sino que aportaron más ejemplos sobre la violación a las normas que transforman a estas tierras en un permanente caos. Más allá de todas las polémicas, es importante saber que hay ciudadanos que apuestan por el cambio. Lo difícil será lograrlo.

El primer debate que generó la columna fue saber si el problema está originado por la falta de educación. Muchos opinaron, con razón, que esa es la verdadera raíz. Tampoco se equivocaron los que señalaron que todo se debe a una cuestión cultural. No hay que renegar, sino reconocer una realidad: en Tucumán ya se impuso la cultura de no respetar normas y leyes. Ejemplos sobran.

Esta es la única provincia del NOA donde se puede observar con frecuencia las llamadas por un lector “motos combis”, es decir, más de tres personas circulando en una motocicleta. “Cómo le voy a pedir a una persona que no lleva a sus tres hijos a la escuela. Lo más probable es que no tenga el dinero para pagar el colectivo”, fue la respuesta de un agente de la Dirección de Tránsito que supuestamente hacía un control en la capital tucumana. Así es difícil hacer cumplir una norma con la que, justamente, se trata de preservar la vida.

Este punto lleva a otra pregunta: ¿cuál es el valor de una vida en Tucumán? Aparentemente muy poco, o casi nada, si se tiene en cuenta que los mercados negros de venta de motos, celulares, aires acondicionados y televisores siguen creciendo en la provincia. Esto sucede porque hay personas que los adquieren a un valor más bajo sin preguntarse cuál es su origen ni reflexionar que podrían haber sido sustraídos en un robo en el que su verdadero dueño fue lastimado. Legalmente, el que compra algo que fue conseguido a través de un ilícito, está cometiendo un delito. Recién ahora hay una persecución penal en contra de estas personas.

Avances y retrocesos

En los últimos años, hubo un tibio interés de algunas autoridades municipales de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Entendieron que no sólo serviría para solucionar el caos en el tránsito, sino que coincidieron que era la manera más saludable para trasladarse. Por ese motivo, crearon bicisendas, circuitos especiales y hasta lugares de estacionamiento exclusivos. Varios hoteles se sumaron a la movida ofreciéndoles a sus pasajeros bicis para que recorran las calles de las ciudades donde están alojados.

Pero esta moderna tendencia -se trata de un fenómeno mundial- se transformó en un dolor de cabeza para los ciudadanos comunes. Una importante cantidad de ciclistas han aprovechado estas iniciativas para transformarse en una nueva clase de infractores. Violan numerosas normas de tránsito: no todos circulan con cascos, muchos transitan por las veredas, circulan por la izquierda -es el carril destinado al tránsito veloz- y no respetan los semáforos en rojo de los semáforos. Una lástima, porque esta era una gran oportunidad para generar un cambio.

Afortunadamente, hay bikers que reniegan de sus compañeros. El mountain bike, una disciplina que no para de crecer, tiene valores fundamentales. Entre otros, el cuidado del medio ambiente, el compañerismo y el respeto a las normas de tránsito. Ellos son los que se encargan de hacerle entender a sus compañeros de senda que deben cumplir con todos esos preceptos. No hay dudas de que la tarea es titánica, pero hay que hacerla.

Más preocupación

Los lectores, a través de los comentarios escritos en el foro de LA GACETA, mails y mensajes de WhatsApp enviados a este columnista, también mostraron otra preocupación. Destacaron que cada vez son más jóvenes las personas que cometen infracciones. Elaboraron un listado en el que se puede mencionar no cuidar el medio ambiente, no respetar las normas de tránsito, generar incidentes, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y escuchar música a todo volumen en los espacios públicos durante los amaneceres, entre otros.

“Cómo los jóvenes no van a violar las normas de tránsito si se criaron viendo a sus padres que estacionaban en doble fila o estacionarse en lugares prohibidos para que ellos puedan ingresar a la escuela”, se preguntó la lectora María Luisa Herrera. La cuestión cultural apareció en la polémica a través de dos mails enviados al columnista. “¿Por qué en Europa no se ve en cada esquina un inspector de tránsito? Muy fácil: no hacen falta porque cumplen con las normas de tránsito”, añadió Esteban Medina. “Lo más grave es que no les preocupa preservar la naturaleza. Allí está su futuro y el de sus hijos”, recalcó Luciana Fuentes.

Albero Lebbos, que también se sumó al debate, sostuvo y sostiene que los tucumanos están pagando el costo de la impunidad que se vive en la provincia. Al no haber sanciones ni castigos, es muy poco probable que la sociedad entienda que las leyes y las normas se dictaron para cumplirlas. Evidentemente ya no alcanza con pagar una multa. Se necesitan otros mecanismos para que el cambio sea posible.

Es cierto que el Estado no puede estar en cada rincón de la provincia instando a sus habitantes a cumplir con alguna norma. Pero sí debe brindar herramientas para tratar de encauzar a los infractores. Sólo un detalle. Tucumán no cuenta con un código de convivencia. Se trata de un compendio de normas que son creadas para lograr el orden en una sociedad. Existe el código de Contravenciones Policiales, que desde hace más de una década fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, en la Legislatura hay varios proyectos durmiendo que siguen sin tratarse. Pareciera que a nuestros dirigentes poco les interesa acabar con las malas costumbres.