Resultaría más fácil hallar en la Argentina una persona que no sepa que la vicepresidenta, Cristina Fernández, está a escasas horas de escuchar una sentencia en su contra que encontrar a alguien que crea con convicción en que la ex mandataria resultará absuelta.

Los cristinokirchneristas están seguros de que “la jefa” recibirá una condena. Pero consideran que se trata de un montaje político judicial, de un ejemplo paradigmático del “lawfare”, que persigue el objetivo de sacar de la escena electoral a una de las figuras más importantes de la cosa pública de las últimas dos décadas en el país.

Los anti K están convencidos de que la ex presidenta escuchará un fallo condenatorio. Y afirman que se trata de la verdadera Justicia, que de una vez por todas comienza a actuar para ponerle fin a tantos años de impunidad.

Un tercer grupo, que se posiciona equidistante de ambas partes de la grieta, coincide en que la titular del Senado será condenada. Pero ni considera que se trata de un fallo justo; ni cree que todo está armado para retirar políticamente a la vicepresidenta. Simplemente descree de cualquier cosa que diga la Justicia.

Más allá de todas estas especulaciones, durante la tarde de hoy los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini (presidente), Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, pronunciarán la sentencia de la causa conocida como “Vialidad”. Durante el proceso se juzgó la presunta comisión de delitos de corrupción cometidos en el marco de la concesión de 51 obras públicas en Santa Cruz, por medio de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Administración General de Vialidad de esa provincia. Todas las obras fueron concedidas a empresas de Lázaro Báez, otro de los acusados en la causa.

La Fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, sostuvo que entre 2003 y 2015 se había montado desde el Gobierno nacional una asociación ilícita, cuyos jefes fueron los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y de la cual participaron funcionarios nacionales y provinciales.

Durante los alegatos, Luciani había pedido 12 años de prisión efectiva para la vicepresidenta, e inhabilitación perpetua para que ejerza cargos públicos. Además, había pedido 10 años para el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, para el ex secretario de Obras Públicas el tucumano José López y para el ex titular de la DNV Nelson Periotti; y 12 años para Báez. También había pedido condenas para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (cuatro años), para el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente- (dos años de prisión en suspenso), para los ex responsables del Distrito “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), y para los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro (tres años en suspenso), Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilbeto Pavesi (cinco años) y José Raúl Santibáñez (cuatro años).

Panorama

En rigor, los jueces tienen ante sí tres posibilidades, alguna más factible que las otras. Por un lado, y aunque se trate de la más remota, podrían llegar a absolver a la vicepresidenta. Si optan por esta sentencia, en la parte de los fundamentos -tienen plazo para difundirlos hasta principios de marzo, aunque se rumorea que lo harán durante febrero- deberán explicar que durante los tres años que llevó el juicio -arrancó el 21 de mayo de 2019-, y durante las más de 600 horas de debate -se desarrolló mayormente mediante sistemas remotos- no hallaron elementos suficientes para condenarla.

En el caso de que el tribunal, por el contrario, dicte una condena contra la vicepresidenta, se abren dos caminos posibles. El escenario más complejo para la ex mandataria implicaría una condena por los dos delitos que se le atribuyen: la asociación ilícita -y su rol de jefa de tal-, y la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Le pueden caber hasta 16 años, porque se suman los máximos de ambas acusaciones. A ello se le debe sumar la inhabilitación perpetua para que ejerza cargos públicos.

En rigor, nadie se inclina por esta posibilidad. Ocurre que la figura de la asociación ilícita nunca se aplicó en ninguna condena en casos de corrupción; de hecho, fue incorporada en el Código Penal con la idea de perseguir a organizaciones delictivas, como las que se dedican al tráfico de drogas, por ejemplo. Y entre los abogados penales admiten que se trata de un delito muy difícil de probar.

Otra posibilidad condenatoria tiene que ver con que el tribunal fije una pena por uno de los delitos atribuidos a la vicepresidenta: la administración fraudulenta, que implica un máximo de seis años -a los que hay que sumar, obviamente, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos-.

Vale añadir que ninguna condena impedirá, incluso en el mediano plazo, que la vicepresidenta continúe en libertad, y con su carrera político electoral. Esto se debe a varios motivos. Por un lado, no se tratará de una condena firme. Para que ello ocurra quedan por delante otras instancias apelatorias.

Por otro lado, comenzarían a transitarse estas etapas, con sus respectivas chicanas jurídicas, luego de que se difundan los fundamentos del fallo -como se dijo renglones arriba, febrero o principios de marzo del año que viene-. Y hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia del proceso, pueden llegar a pasar años. Además, la ex presidenta cuenta con fueros; y podría extenderlos si en 2023 resulta electa diputada o senadora.

Respecto de una eventual detención, tampoco ocurrirá en lo inmediato, por los mismos motivos esbozados arriba, y porque el 19 de febrero del año que viene la titular del Senado habrá cumplido 70 años, con lo cual tendrá derecho a solicitar la prisión domiciliaria.

El kirchnerismo, en alerta

A partir de la certeza de que la vicepresidenta oirá un fallo condenatorio, cualquiera fuese, los militantes y los dirigentes que se encolumnan detrás de la ex mandataria salieron a sentar posición. “Desde el punto de vista político institucional será una prueba más de que existe el ‘Partido Judicial’, que funciona para desacreditar a los líderes que representan políticas de Estado a favor de las grandes mayorías populares, cómo pasó con (Luíz Inacio) Lula (da Silva) en Brasil”, afirmó Stella Maris Córdoba, quien integra el directorio de Nación Bursátil, una firma del Grupo Nación.

“La defensa de Cristina dejó en claro los argumentos para demostrar que no hay pruebas en su contra. Si deciden condenarla será porque los jueces, apartándose del Estado de Derecho, habrán decidido usar en su contra la Magistratura que les concedieron las instituciones de la democracia, añadió la referente de Proyecto Popular.

Consideró, además, que la Justicia muestra una ‘doble vara’: “sobreseyó a quien espiaba a los familiares del ARA San Juan (en referencia al ex presidente Mauricio Macri), y se niega a investigar los nexos del poder económico con el atentado a la vida de la vicepresidenta (en alusión al intento de magnicidio perpetrado contra la ex mandataria el 1 de septiembre)”.

Córdoba señaló que la responsabilidad político social de los jueces, a partir de la posición que asuman, es enorme; porque si se hace realidad una condena habrá un gran impacto político, institucional y social. “No tengo dudas de que ante tan grande injusticia, la vicepresidenta tendrá el apoyo de todo el Frente de Todos; desde el presidente (Alberto Fernández) hasta los representantes de los trabajadores y la militancia democrática en pleno, pasando por los funcionarios, los senadores, los diputados y los gobernadores”, afirmó.