Si bien se tratará de una sentencia dictada por jueces federales, el fallo que resulte en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la cual se juzga a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y a otra docena de ex funcionarios públicos, tendrá un valor más simbólico que concreto. Lo pronunciará mañana el tribunal integrado por Jorge Gorini (presidente), Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Simbólico, porque quedarán un par de instancias hasta que la sentencia quede firme -cada una con sus respectivas chicanas judiciales-. Además, porque será la primera ocasión en que la ex mandataria llegue a esta etapa por alguna de las denuncias en su contra.

En tres causas la vicepresidenta había sido sobreseída, sin que los casos lleguen a juicio oral: el caso conocido como “Dólar Futuro”, la firma del memorandum con Irán y las investigaciones por la presunta comisión de delitos de corrupción en los expedientes conocidos como “Hotesur y Los Sauces” (causas unificadas). Estas dos últimas está revisando la Cámara Federal de Casación. La resolución de la causa “Dólar Futuro” fue protestada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que en la apelación se ratificó el fallo de primera instancia.

Pero en la causa “Vialidad”, la titular del Senado llega a la etapa final, del dictado de sentencia tras el proceso oral. El juicio, en formato de audiencias remotas, empezó a las 12 del 21 de mayo de 2019. Durante todo este tiempo, se investigó la presunta comisión de delitos de corrupción en la concesión de 51 obras públicas de Vialidad Nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En síntesis, la Fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, sostuvo que los presidentes durante ese lapso, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fueron los jefes de una asociación ilícita.

“Se trató de una organización que replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Una asociación ilícita piramidal, de la que participaron diversos funcionarios públicos. Kirchner y, luego, su esposa instalaron y mantuvieron en la administración nacional y de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente se hayan desarrollado en el país”, había dicho Luciani en el arranque de sus alegatos, el 1 de agosto.

Durante esta etapa, el fiscal había solicitado para la vicepresidenta 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para que ejerza cargos públicos. Además, había pedido -por entender que organizaron la asociación ilícita- 10 años para el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, para el ex secretario de Obras Públicas el tucumano José López y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; y 12 años para el empresario Lázaro Báez.

También había pedido condenas para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (cuatro años), para el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente- (dos años de prisión en suspenso), para los ex responsables del Distrito “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), y para los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro (tres años en suspenso), Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilbeto Pavesi (cinco años) y José Raúl Santibáñez (cuatro años).

Mojones clave

Si bien, debido a que se trataba de un proceso en el cual era juzgada una vicepresidenta, por hechos ocurridos bajo su gestión como presidenta, el juicio resultó importante e interesante en su totalidad, tuvo momentos que se destacaron.

Uno de ellos, mencionado renglones arriba, cuando la Fiscalía formuló los pedidos de condena para los acusados.

Una semanda después de que oyó el pedido de condena, por parte del fiscal, la vicepresidente recusó a este y al juez Giménez Uriburu, con el argumento de que ambos jugaban un torneo de fútbol amateur en un inmueble perteneciente al ex presidente Mauricio Macri. Si bien estas recusaciones no prosperaron, sí salpimentaron el proceso; sobre todo cuando, días después, Giménez Uriburu se mostró en cámara con un mate que tenía el escudo del equipo de fútbol con el que juega ese certamen. Muchos, con independencia de si se encolumnaban o no detrás de la ex mandataria, consideraron ese acto como una provocación.

Algunos días después, el 1 de septiembre, la vicepresidenta fue víctima de un intento de magnicidio. El ataque se había dado en las puertas de su domicilio. Durante los días previos, ese venía siendo el punto de reunión de militantes cristinokirchneristas, que manifestaban su repudio contra el pedido del fiscal y contra el proceso en sí.

El 23 de ese mes, en el último día previsto para el alegato de su defensa, la propia vicepresidenta tomó la palabra. En síntesis, aunque cuestionó los argumentos y las formas procesales de los fiscales, mayormente fundó su texto sobre la base de argumentos políticos. De hecho, vinculó ese juicio con el intento de magnicidio que sufrió.

Días atrás, al momento de pronunciar sus “últimas palabras” -instancia hacia el final del proceso, durante la cual los acusados, en caso de que lo deseen, se dirigen al tribunal-, la ex presidenta volvió a fustigar a los magistrados. Lisa y llanamente los llamó “pelotón de fusilamiento”, y dijo que integraban una Justicia que era “rémora de la monarquía”. Cabe señalar que durante todo el juicio, la vicepresidenta había sostenido que su sentencia ya estaba firmada. Ese argumento volverá a surgir a partir del momento en que se conozca la sentencia, el martes. Y, por supuesto, la cosa no acabará allí. La “Causa Vialidad” llegará, sin dudas, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un organismo con cuya actual conformación la ex presidenta no se lleva para nada bien.

Expectativa: un mensaje del abogado de Cristina al tribunal; habla de prevaricato

“Hay que ver qué decide el tribunal y después se verá. Yo me guío por el razonamiento lógico: gente de diferente ideología coincide en la idea de que la causa no tuvo ninguna sustentación de prueba acusatoria”, dijo Juan Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en la causa “Vialidad”. Dijo que para que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, justifiquen una condena contra la ex mandataria deberían argumentar que ella debería haber sabido sobre la supuesta corrupción. “En una licitación provincial donde el Presidente no ejecuta el presupuesto, el ‘debía haber sabido’ es una aberración”, dijo. Y advirtió que los jueces tienen el límite del prevaricato

En libertad: cualquiera sea el fallo, la vicepresidenta no quedará detenida

Sin que importe lo que resuelvan mañana los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en la causa “Vialidad”, la vicepresidenta, Cristina Fernández, no quedará detenida. Esto se debe a varios motivos. Por un lado, tiene fueros; y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. Además, para que ocurra una eventual detención, la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse. Y para ello, la causa debe pasar por otras instancias judiciales: casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, tampoco tras esas instancias la ex presidenta iría presa: dentro de dos meses y medio habrá cumplido 70 años, la edad con la cual ya puede solicitar arresto domiciliario.