Los comicios del 14 de mayo se realizarán bajo las disposiciones constitucionales y las leyes 7.876 (régimen electoral), 5.454 (de partidos políticos) y 6.640 y 7.350 (referidas a las delegaciones comunales). Son las condiciones legales bajo las cuales se desarrollará la votación, según se desprende del decreto de convocatoria de la Junta Electoral Provincial del 24 de octubre. Nada nuevo a la sombra del marco electoral, sólo una novedad extraña: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que habilitó un nuevo escenario electoral al autorizar a Juan Manzur a ser candidato a vicegobernador en 2023. Sólo la Corte de la Nación podría impedir esta instancia, por lo demás el baile comicial que se viene tendrá la misma música, con el ritmo que imponen los muchachos; los políticos, no las políticas.

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Para decirlo de otra manera, la política sigue siendo cosa de hombres, por lo menos en Tucumán. Ya lo veremos. La provincia es una de las pocas que no tiene paridad de género para la integración de las listas de candidatos para los cargos provinciales legisferantes. Y, a esta altura, es imposible que se alteren las reglas del juego electoral, especialmente cuando el cronograma se puso en marcha el 15 de noviembre con el cierre del registro de electores y con el listado definitivo de los partidos que podrán participar de la elección: 105, en total. Ergo, cualquier proyecto de ley que se impulse referido a una composición mitad y mitad entre hombres y mujeres en las listas, sólo podrá entrar en vigencia en 2027.

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La próxima votación se regirá, entonces, por la ley 8.783 de 2015, que incorporó el artículo 26 bis a la 7.876: las listas no podrán incluir más del setenta por ciento (70%) de personas de sexo masculino, debiendo ubicarse cada dos candidatos de sexo masculino, uno de sexo femenino, alternando desde el primero al último lugar. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. En la Legislatura hay dos proyectos referidos a la paridad de género, uno de Marta Najar, de enero de 2021, y otro de José Ricardo Ascárate, de marzo de este año. Casualmente las dos iniciativas atacan aquel artículo 26 bis proponiendo que la paridad de género debe ser entendida como la representación igualitaria en materia electoral, en porcentajes equivalentes del 50% para cada género y de manera alternada, entre mujeres y hombres.

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Ambos casos coinciden en señalar que el género de los candidatos se determinará por el Documento Nacional de Identidad con independencia de su sexo biológico. En este punto vale hacer un paréntesis y recordar que el año pasado hubo un partido político que planteó ante la Justicia Federal la eliminación del género como condición para la participación como candidato a ocupar cargos electivos, por lo que demandó la inconstitucionalidad de la ley de paridad de género. No tuvo éxito. Lo hizo el partido Acuerdo Federal, que exponía en su demanda que el derecho de las personas no binarias (personas que no se perciben como varones o mujeres) a participar de un proceso electoral colisionaba de manera directa con la ley de paridad de género.

Es una cuestión que podría recalar más adelante en la provincia, como seguramente lo será la pelea de algunas mujeres para que se modifique la ley de cupo femenino y se llegue a instalar en Tucumán, en algún momento, una nueva normativa al respecto, más igualitaria en cuanto a la integración en las boletas electorales. Sin embargo, ni aún existiendo una ley que lo establezca resulta imposible que se consiga una Legislatura, por ejemplo, integrada mitad y mitad entre varones y mujeres.

Eso se debe en gran parte al sistema de acople impuesto en la Constitución de 2006, ya que siempre las listas colectoras son encabezadas por varones y al ser tantas (más de 40 acoples tuvo el oficialismo y otros tantos la oposición en 2019), las chances de que una mujer -que generalmente se las ubica en tercer lugar- pueda resultar electa. La ley es clara en este aspecto: cada dos candidatos de sexo masculino, uno debe ser de sexo femenino.

Es casi una ecuación matemática, pero más que nada es un dibujo político. Basta repasar los números de la Cámara para observar que la ley no fue determinante para que se alcance lo que se pretendía, que un tercio de las bancas del Poder Legislativo -o de los concejos deliberantes de las ciudades- estuviera cubierto por mujeres.

Veamos; la Cámara se compone por 49 parlamentarios, y si hubiera que atender a las portencualidades -70% para los hombres y un 30% para las mujeres-, debería haber 34 legisladores y 15 legisladoras. Sin embargo, la composición actual revela que en un recinto de sesión completo, se vería a 40 hombres y tan sólo a nueve mujeres. No es que la ley sea incompleta o deficiente, sino que la realidad responde al viejo adagio de que hecha la ley, hecha la trampa. El acople es el resquicio que se halló para que esta ley de cupo no se verifique en la realidad. Y es legal, incuestionable. Válido para las picardías.

En 2019, se registraron 18.296 candidatos para los diferentes cargos en juego: gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales. De ese total, 12.800 fueron varones y casi 5.500 fueron mujeres, entre candidatos titulares y suplentes.

A la Legislatura llegaron sólo nueve mujeres, como dijimos: Sara Alperovich (Hacemos Tucumán), Paula Luján Galván (FJT), Graciela del Valle Gutiérrez (FJT), Maia Martínez (FJT), María Najar (FJT), Adriana Najar (Acción Regional) -ahora en el oficialismo-, Sandra del Valle Orquera (FR), Nadima Pecci (FR) -hoy en el PRO- y Norma Reyes Elías (FJT). Hoy serían siete oficialistas y dos opositoras.

Si se observan los números por cada sección electoral, las diferencias son elocuentes: en la Capital (sección I), de 19 parlamentarios, dos son mujeres; del Este (sección II), de 12 legisladores, tres son mujeres, y del Oeste (III), de 17 sólo cuatro son de sexo femenino. O sea, si la ley de cupo tucumana 70-30 no pudo facilitar el ingreso de más mujeres a la Cámara, tampoco una hipotética nueva ley de paridad de género 50-50 le puede garantizar a las mujeres que haya la mitad de ellas instaladas en el Parlamento tucumano alguna vez.

En este aspecto hay dos elementos a considerar que conspiran contra esa lejana posibilidad: la poca predisposición de las cúpulas partidarias por facilitar la participación femenina en la vida interna de las organizaciones -es una característica común que se privilegie a la familia en la integración de las listas que a aquellas personas que tal vez estén más capacitadas para ocupar un cargo público- y a la vigencia del acople que se presta a las picardías de la dirigencia política. Es sabido que muchos dirigentes llegan a los comicios con un partido bajo en brazo para acoplarse.

El sistema de colectoras es intocable, por lo menos para el Gobierno provincial y para el PJ, una invención electoral con sello propio que se instaló en el texto constitucional, como para evitar que resulte sencillo modificarlo, y más aún eliminarlo. Lo que sólo puede ocurrir a través de una Convención Constituyente o, eventualmente, a través de algún recurso judicial planteando la inconstitucionalidad del inciso 12 del artículo 43 de la Carta Magna o la necesidad de reglamentar el esquema de colectoras. Alguna vez desde el radicalismo se impulsaron proyectos para reglamentar el mecanismo para que haya un determinado número de acoples. Pero no prosperó ninguna.

El proceso electoral en marcha implica que regirá el cupo del 70/30, por lo que si hoy las mujeres sólo ocupan el 18% de las bancas, lo más seguro es que ese porcentaje se reduzca en la próxima composición legislativa. Esto es básicamente porque hay más partidos reconocidos para que puedan competir que los de 2019. No son muchos más, 105 contra 103, pero suficientes como para pensar que el Frente de Todos se llevará por lo menos medio centenar de acoples y que a la oposición podrán adherir unos cuarenta, por lo menos a esa cifra llegó hace tres años. O sea, en la gran mayoría, sino todos, serán encabezados por dos varones y en tercer lugar aparecerá una mujer. En Tucumán son pocas las políticas que han ganado su espacio en el escenario político por méritos propios y por capacidad y que pueden liderar un acople y conseguir una banca legislativa. Muchas conductas deben cambiar para que se modifique la realidad.