Por disposición de la mayoría oficialista que compone la Auditoría General de la Nación (AGN) se aprobó sin miramientos un total de diez contratos que el Estado nacional suscribió con distintos laboratorios para la provisión de vacunas contra la Covid-19 y, de manera polémica, dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones. Ante este escenario, los auditores de Juntos por el Cambio (JxC), en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe oficialista por considerar que autolimita la labor del organismo para impedir un control exhaustivo.

Luego de que los representantes del oficialismo plantearan los motivos por los cuales la actividad debía ser confidencial se detalló la manera en la que se cumplió contrato por contrato, enumerando la lista de laboratorios a los que se les compraron vacunas: AstraZeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino, AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax, Richmond y Pfizer. El jefe de la AGN detalló que los contratos por vacunas cerrados por el Gobierno fueron por 120 millones de dosis por los que pagó US$ 1.737 millones.

“El oficialismo no quiso avanzar en una auditoría integral sobre la compra de vacunas y su informe no nos permite saber qué criterios utilizó el Gobierno, durante la emergencia, para priorizar la compra de ciertas vacunas y no otras; tampoco podemos saber si los laboratorios realizaron las entregas de las dosis en tiempo y forma conforme lo pactado en los contratos”, plantearon los opositores Miguel Pichetto, Alejandro Nieva y el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, en el documento de rechazo.

De esta manera y sin especificarlo de manera pública, los auditores hicieron referencia a la oferta del laboratorio Pfizer para la provisión de 13,3 millones de dosis en pleno brote de la pandemia y que el Gobierno rechazó, como así también a los incumplimientos contractuales por parte del laboratorio AstraZeneca, que no cumplió con los compromisos de entrega.

Por su parte, los representantes del oficialismo en la Auditoria, Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Gabriel Mihura Estrada y Javier Fernández insistieron en que, por tratarse de un trabajo de “de cumplimiento” de los contratos, el alcance del control debía ser limitado, y por eso se acotaba a las formalidades contractuales. Para justificar su decisión indicaron además que el informe se mantenga en reserva en virtud de las cláusulas de “confidencialidad” incluidas en los contratos suscriptos entre el Ministerio de Salud y los laboratorios; advirtieron que dar a conocer los detalles de la auditoría podría dar lugar a eventuales sanciones al Estado argentino por parte de las farmacéuticas. “No hay que confundir ‘ocultar’ con la palabra ‘confidencialidad’ –sostuvo Fernández-. Estamos cumpliendo con la ley que votó el Congreso y con nuestra tarea de funcionarios públicos”, puntualizó La Nación.

Voz oficial

Ante el surgimiento de la polémica, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, intentó explicar la situación y precisó que parte de la determinación respondió a un pedido de las farmacéuticas para no revelar información. “No es que queramos ocultar nada”, aseveró la funcionaria, al referirse a las cláusulas de confidencialidad.

Además de remarcar que la adquisición de vacunas fue “absolutamente transparente” durante su gestión, Vizzotti justificó en radio La Red: “En un marco extraordinario y con una negociación que requirió tener una ley que cambiara la modalidad de contratación, con todos los pasos seguidos, la Argentina cumplió y lo hizo con un pedido de confidencialidad de la industria farmacéutica. Si nosotros pudiéramos, sería lo mejor que nos podría pasar poder explicar y contar exactamente la negociación. No podemos por pedido de la industria farmacéutica. No es que queramos ocultar nada”.

Ante las consultas sobre lo sucedido en la AGN, la ministra sostuvo que los contratos tienen que ser presentados ante la autoridad de control y ese organiso es quien debe evaluarlos. “Nosotros compartimos los contratos. No es el oficialismo de la AGN el que lo quiere mantener en confidencialidad, sino que es lo que dicen los contratos por pedido de los laboratorios. Todos los países que firmaron contratos para comprar vacunas Covid en una situación de emergencia sanitaria inédita en el mundo firmaron confidencialidad. Entonces, entiendo que es por eso que el informe tiene que ser confidencial, porque el país se comprometió a eso”, planteó.

Tras ello la funcionaria dijo incluso que no tiene información de que la Argentina haya pagado más que otras naciones por las vacunas. “Los contratos de otros países tienen precios confidenciales, pero al momento de lo que significa mi información, no se pagó más. La Sputnik y el resto de las vacunas tienen un precio que también se define en función de la cantidad, pero en mi conocimiento no tuvimos esa situación”, remarcó.

La funcionaria puntualizó que de los 120 millones de dosis que arribaron al país, 118 millones ya fueran distribuidas y más de 110 millones aplicadas. Y finalmente indicó que el país no abonó por fármacos que no arribaron. “Todas las Sputnik V y Cansino que todavía no llegaron no están pagas y los contratos de Sinopharm, AstraZeneca y Covax están cumpliéndose en un 100% cancelado el pago; y las de Pfizer y Moderna tienen otra modalidad en la que se paga un adelanto y luego, por embarque, se va pagando. Hasta que no llegan no se paga. La situación de que la Argentina pagó por vacunas Sputnik que no llegaron es mentira”, concluyó.