En la sancionada ley de Presupuesto 2023 se incorporó un artículo que faculta al presidente de la Legislatura a modificar mediante decreto la escala de sueldos del personal y la dieta de los legisladores. El apartado 11 de la norma que se aprobó el pasado jueves cita dos artículos de la Constitución que autorizan a la autoridad máxima de la Cámara a realizarlo. Lo particular es que este artículo no formaba parte del proyecto que envió el Poder Ejecutivo (PE). Además, hay jurisprudencia que establece que el debate por las dietas se debe dar en sesión pública.

El artículo 11 que la comisión de Hacienda y Presupuesto incorporó en el dictamen hace mención a los Artículos 59 y 68 de la Carta Magna que rige en Tucumán desde 2006. El primero de ellos establece que el vicegobernador tendrá la “facultad exclusiva nombrar los empleados que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, fijar sus remuneraciones en el presupuesto y proveer a las necesidades funcionales del Poder y sectores que integran el Cuerpo”. El segundo precisa que “los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”.

Desde el 24 de septiembre de 2021, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se encuentra a cargo del Ejecutivo por la licencia que tomó el gobernador Juan Manzur (se desempeña como jefe de Gabinete de la Nación). En consecuencia, la Cámara es conducida desde entonces por el presidente subrogante, el legislador Sergio Mansilla.

Facultades

Fuentes legislativas del oficialismo y de la oposición que fueron consultadas por LA GACETA mencionaron que todos se incorpora dicho artículo al proyecto que envía la Casa de Gobierno. “Si hay que adherirse a lo que autoriza la Provincia o hay que dar algún aumento, tenemos que tener la autonomía de los Poderes. Es para que el presidente de la Legislatura tenga la facultad de disponer de los recursos propios. Pero no es algo ‘sacado de los pelos’”, mencionaron.

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En efecto: dichas facultades para modificar por decreto la escala de sueldo del personal y la dieta de los legisladores se encuentran consignadas de modo similar en la Ley de Presupuesto vigente (N°9.474) y en la de 2021 (N°9.369). En las leyes de Presupuesto 2020 (N°9.213) y de 2019 (N°9.138), sin embargo, nada dice respecto a las dietas de los legisladores. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59 de la Constitución de la Provincia, el Presidente de la Legislatura podrá, mediante Decreto, modificar la escala de sueldos de su personal conforme a la política salarial que implemente para ese Poder del Estado”, se consignó.

Subas atadas a paritarias

Según se desprende de la versión oficial, las subas otorgadas sobre las dietas legislativas desde 2015 a la actualidad estuvieron atadas a los porcentajes acordados en las paritarias con gremios estatales. De hecho, en marzo del corriente año la Cámara adhirió con “idénticas pautas salariales” al acuerdo que estableció el Gobierno con los gremios (un 44%). La resolución se aprobó en el recinto como un módulo de Legislación General, sin debate. No se hacía mención a porcentajes ni cifras

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Fuentes legislativas confiaron a LA GACETA que la dieta legislativa actual es de $203.000 de bolsillo. En bruto ronda los $250.000.

Un artículo "fulminado"

El artículo 68 de la Constitución de 2006 indica que el presidente de la Legislatura fija la dieta de los parlamentarios. Sin embargo, tras más de una década de litigio, la Corte de la Provincia le dio la razón al ex constituyente Luis Iriarte y a su colega y esposa Carmen Fontán y declaró la inconstitucionalidad de ese artículo. En consecuencia, la dieta de los parlamentarios debe ser fijada en sesión pública.

Este diario se comunicó con Iriarte tras la sanción del Presupuesto 2023, que prevé gastos de funcionamiento por unos $800.000 millones para toda la Administración Pública. El letrado opinó que la inclusión del artículo que se incorporó al dictamen que se sancionó es “tremendamente negativo” y remarcó que la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 68. “Con esta cláusula en la ley de Presupuesto lo que quieren es reflotar o volver a insistir en la facultad del vicegobernador de fijar el monto de la dieta de los legisladores. Es una artimaña miserable de los que presiden la Legislatura de Tucumán. Con este ardid está condicionando la voluntad política de los legisladores”, expresó.

Iriarte añadió que va contrario al sistema republicano de Gobierno y apuntó contra el oficialismo provincial. “Ya se quedó con una estrategia, también infame, con la fecha de la elección general de autoridades de la provincia, tal como estaba en la Constitución”, dijo en alusión al adelantamiento de los comicios para el 14 de mayo de 2023.

Otros recursos económicos

En la norma sancionada -ni en el recinto- se precisó cuáles serán los montos previstos para el funcionamiento del Poder Judicial y el Poder Legislativo en 2023. Durante el trabajo en comisiones se aseguró que un 8% del total será ejecutado por la Justicia y un 4,3%, por la Cámara. De ello se desprende que el presupuesto judicial será de casi $64.000 millones ($175 millones por día) y el legislativo rondará los $34.000 millones ($93 millones diarios).

Además de la dieta parlamentaria, los legisladores cuentan con otros recursos. Por ejemplo, un staff de asesores que no forma parte de la Cámara (son contratados). La cifra base es de 15 contratos, pero esa cifra varía por diferentes factores. En la interna oficialista de 2021, por ejemplo, se conoció que se dieron de baja 1.100 contratos vinculados a 14 legisladores manzuristas.

Los legisladores pueden gestionar también la entrega de subsidios en favor de organizaciones sin fines de lucro (instituciones de ayuda a personas en situación de pobreza o de discapacidad, clubes deportivos, entre otras). La decisión del otorgamiento y el monto dependen del presidente de la Legislatura. La entidad beneficiaria debe acreditar su situación regular con certificado de normal funcionamiento y otros papeles a revisar por la delegación del Tribunal de Cuentas. Este sistema funciona desde 2016, cuando se dieron de baja los “gastos sociales”.