En la sesión legislativa de este jueves, en la que se aprobó el Presupuesto 2023, casi una veintena de los 30 temas que se trataron estuvieron vinculadas a la prórroga de emergencias o medidas de excepción que se encuentran vigentes en la Provincia desde hace años o décadas y vencen a fin de año.

El oficialismo, a través de su presidente de bloque Roque Tobías Álvarez (FdT), argumentó que con estas normas la Provincia tiene mayor celeridad en situaciones críticas, le permite un ahorro de recursos y la concreción de obras. La oposición en tanto, reprochó que la excepción se haya convertido en norma y solicitó que se indique con qué fin se dan estas prórrogas si las emergencias no se solucionan sino que se multiplican.

Entre las prórrogas por un año que se autorizaron en la sesión -tal vez la última de 2022- se encuentran: la extensión de la norma que autoriza el pago a los empleados públicos el 20% de sus sueldos anticipados (Ley N°7.007); la emergencia económica de la Provincia, Municipios y Comunas (8.225); la suspensión de aplicación de porcentajes del de Fondos de Desarrollo del Interior (6.650); la extensión de los contratos de fideicomisos celebrados con municipios (7.467); la alícuota cero en los impuestos de Ingresos Brutos y Salud Pública para la actividad pecuaria (9.021); facultar al Ejecutivo que gire aportes no reintegrables a la SAT (9.062); facultar al PE a suscribir convenios de financiamientos con la Nación (9.207); autorizar al Ministerio de la Defensa la contratación directa, previo cotejo de precios (9.152); la alícuota cero para productores de caña de azúcar (9.219); la emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución troncal (8.342); la suspensión de juicios o procesos judiciales a suscriptores de planes de ahorro (9.405); la emergencia por violencia contra la mujer (8.981); la contratación directa para la reparación de inmuebles escolares (9.466); el estado de emergencia hídrica y social (7.875); y la suspensión de la exigencia de que los vehículos del transporte público tengan una antigüedad máxima de 10 años (9.482).

Intercambios

En general, los planteos opositores marcaron que con tantas excepciones se va en detrimento de la calidad institucional. Indicaron que hay emergencias que son comprensibles y las apoyaron, pero advirtieron que hay otras que son inadmisibles. En este último grupo ubicaron a las excepciones en favor del Ministerio Fiscal, a los fondos que se giran a la Sociedad Aguas del Tucumán y que se permita la contratación directa para reparar edificios escolares.

“Todos los órganos vinculados al servicio de Justicia deberían dar el ejemplo. Y es ajustarse a la Constitución, que dice que el principio es la licitación pública”, reprochó José María Canelada (UCR) respecto al ministerio que encabeza Washington Navarro Dávila.

El alfarista Walter Berarducci fue el más crítico a la hora de hablar de la situación de los establecimientos escolares. Cuestionó que nuevamente se solicite una contratación directa por una norma que surgió tras la pandemia y cuyos problemas ya estarían solucionados, según -dijo- le informó Educación. Álvarez cruzó con que son 1.200 establecimientos en la provincia, que no se llegaron a acondicionar todos y que sufren robos de bombas de agua y deterioros constantemente.

Falta de agua potable: Concepción recibirá $ 30 millones para construir un pozo

El presidente del bloque alfarista, Raúl Albarracín, planteó la situación que sufre Concepción por la falta de agua, y apuntó contra la SAT, mayoritariamente estatal. “Es buena cobradora pero mala pagadora. Sabemos que los servicios que prestan tienen un gran déficit. Se anunció la construcción de un pozo de agua, pero es con financiamiento del Ministerio del Interior ($30 millones de aportes no reintegrables)”, cuestionó.

El legislador Ricardo Bussi reprochó la cantidad de excepciones y pidió volver a la institucionalidad.