“Lo que está haciendo es poner zancadillas procesales para que mi asistido no recupere la libertad, que es lo que corresponde”, aseguró Gustavo Morales, defensor de Carlos Conti, el doble homicida que después de permanecer casi 19 meses, podrá gozar de dos salidas transitorias de tres horas cada una, según lo resolvió un juez.

Conti fue condenado por los homicidios de los remiseros Carlos Salazar (1 de enero de 2004) y Claudio Pereyra (febrero de 2004). Ambos fueron asesinados de un disparo en la nuca con un revólver calibre 32 que pertenecía a su padre. Después de matarlos, Conti usaba los vehículos de sus víctimas para pasear.

También fue señalado en otros dos crímenes: el de Miguel Ortiz (un preventista que fue asesinado de un disparo en la cabeza en Famaillá), en septiembre de 2003, y el del canillita Mario Oscar Basmad (atropellado por un auto similar al que le había robado a uno de los remiseros), en febrero de 2004. Sin embargo, las autoridades no pudieron sumar pruebas por esos homicidios. Varios testigos dijeron que el acusado, cuando estaba alcoholizado, se vanagloriaba de que tenía cuatro “boletas” en su haber.

Han pasado casi 20 años de esos casos y aún sigue sobrevolando por los tribunales una pregunta: ¿Conti fue un doble homicida o un asesino serial? Los libros de la Policía Federal, Scotland Yard y FBI, entre otras grandes escuelas de investigadores, enseñan que se denomina así “a un individuo que mata a dos o más personas en un lapso de 30 días o más, con un período de ‘enfriamiento’ entre cada homicidio y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen”.

Más allá de que ese interrogante nunca se respondió, el “Caso Conti” captó la atención de los tucumanos. El protagonista era un joven de 21 años, estudiante universitario que vivía en Yerba Buena y que trabajaba en las fincas de caña que su familia tenía en Río Colorado y en Santa Rosa de Leales. Además, se supo que tenía severos problemas de adicción a la cocaína. En agosto de 2006, un tribunal integrado por los jueces Marta Cavalloti, Carlos Ruiz Vargas (presidente) y Emilio Páez de la Torre, aceptó la pena solicitada por la fiscal Marta Jerez y lo condenó a reclusión perpetua. Cuando se leía el fallo, el joven de 23 años masticaba chicle.

En septiembre pasado, se realizó una primera audiencia donde Morales solicitó que se le concediera a Conti un régimen de semilibertad: que lo autorizaran a visitar a su familia los sábados de 8 a 19 y que además le otorgaran el permiso para ir a trabajar en los campos de su familia de lunes a viernes 8 a 19. Según la propuesta, en ambos casos sería acompañado por guardiacárceles y, si era necesario, utilizaría una pulsera de seguimiento.

La auxiliar fiscal Fernanda Antoni Piossek se opuso tenazmente, ya que -dijo- no estaban completos todos los informes del Servicio Penitenciario en los que se da cuenta cómo fue su conducta en la cárcel, las actividades que realizó y los informes realizados por los profesionales de salud mental de la unidad penitenciaria. El juez Gonzalo Ortega le dio la razón y ordenó que en un plazo de 10 días hábiles se completara la documentación faltante.

Los plazos que solicitó el magistrado resultaron exiguos y la nueva audiencia se llevó a cabo ayer. Morales volvió a insistir con el mismo pedido; Antoni Piossek, en esta oportunidad con el apoyo del querellante Jorge Lobo Aragón, insistió en rechazarla porque el informe sobre la conducta del condenado era de agosto de 2021.

“Mi defendido lleva casi 19 años detrás de las rejas. En ese tiempo mostró que se rehabilitó. No sólo formó una familia, sino que además se rehabilitó del consumo de drogas y tiene la posibilidad de trabajar y ganarse el pan como cualquier otro ciudadano. No pueden poner más trabas”, argumentó Morales.

El juez Ortega aceptó parcialmente el pedido del defensor del doble homicida. Le otorgó el permiso para visitar a su familia en la casa de su padre en Yerba Buena, pero sólo dos por mes, de una duración de tres horas cada vez y que se realizaran durante los días de semana, con el acompañamiento de dos guardiacárceles vestidos de civil. “Una vez que se tengan los informes correspondientes sobre cómo es su comportamiento a partir de ahora, se analizará si corresponde ampliar los beneficios”, falló el magistrado.