“Todas estas cosas vinculan de manera directa al señor Jorge Leonardo Herrera en el hecho. Si no fue él quien tenía las zapatillas y el pantalón con restos de sangre de la víctima, si no fue Herrera quien tenía un auto blanco con techo vidriado (características del auto que quedó grabado por las cámaras), si no fueron sus prendas las que dieron positivo a luminol, ¿entonces quién? No hay otro, todos los caminos conducen a Roma. Es el señor Herrera el autor de este hecho”, enfatizó el auxiliar fiscal Rafael Heredia Carreño en su alegato final.

El representante del ministerio Público Fiscal y el abogado querellante Juan Andrés Robles solicitaron la pena de prisión perpetua para el imputado del crimen del párroco Oscar Juárez, quien fue asesinado de 14 puñaladas el 15 de julio de 2020 en la casa parroquial de San Martín de Porres.

El tribunal integrado por los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli condenó por unanimidad a Herrera a la máxima pena por el delito de homicidio agravado por alevosía, (con disidencia parcial de Fradejas) por ensañamiento y criminis causae. Además la resolución incluyó una condena de acción civil por el hecho, por la que los hermanos de la víctima recibirán una reparación económica. No se informó qué pasará con los U$S 60.000 secuestrados.

“El móvil fue la plata”

“Al ministerio Público le interesa demostrar cuál fue el móvil de este hecho horroroso. Sostengo que ese móvil fue la plata. Herrera buscaba los U$S 60.000 que el párroco guardaba. Las cámaras de seguridad nos muestran que el acusado estuvo más de una hora en el templo. No era un simple robo, buscaba algo en particular y con ese fin torturó al sacerdote antes de matarlo”, argumentó Heredia Carreño.

Sobre la teoría del móvil, el auxiliar enumeró los testimonios de al menos tres miembros de la comunidad parroquial que declararon que el sacerdote le había confiado el dinero de la iglesia a la secretaria del templo, Norma Velárdez, la madre del imputado. Según los testigos, meses antes del crimen habría existido un altercado por la falta del efectivo, que la secretaria luego habría hallado en la mesa de luz de Herrera.

Otra sospecha

“El crimen del padre Juárez comenzó a gestarse cuando empezó a confiar en Velárdez. Primero le confió el cuidado de sumas menores y luego de una suma muy grande”, analizó e querellante Robles. El abogado confesó que le quedaron serias dudas sobre sí la madre del acusado estuvo involucrada de alguna manera en el crimen. “En un mensaje Velárdez le escribe a su hijo al día siguiente: ‘Leíto ¿qué pasó con la almohada? Te la dejé ahí para eso’... de esos mensajes me surge la inquietud de si hubo una participación en el crimen o una instigación por parte de la mujer”, planteó.

Ayer se esperaba que Velárdez declarara ante el tribunal pero un psiquiatra confirmó que la mujer no estaba en condiciones de salud para hacerlo.

Robles enumeró a los testigos de la causa. A la ex pareja que había denunciado a Herrera por violencia de género, a la bioquímica Lidia Moyano, que determinó que hubo “una fuerte reacción del luminol en las prendas del imputado”. También al bioquímico Gustavo Penacino, que expresó -en términos de Robles- “que hay una certeza absoluta sobre la coincidencia genética entre las prendas que le secuestraron al imputado y entre el arma homicida (que fue hallada en el canal sur)”. También destacó al forense Raúl Roberto Afur, porque “al ver el arma, dijo que el cuchillo tenía todas las características de tamaño y filo coincidentes con las lesiones causadas a la víctima”.

“Tras el hecho, al padre le taparon el rostro con una sábana, algo que suelen hacer los criminales que conocen a sus víctimas”, subrayó el profesional.

“Hubo animosidad”

“A lo largo del proceso la señora Velárdez pareció ser tomada como una imputada más. Al punto que el querellante Robles se sinceró en su alegato. Parecería que si hoy no estuviera este muchacho (por Herrera) imputado, para todos los feligreses de la parroquia la acusada era Velárdez. Hubo una animosidad tremenda contra ella de parte de los testigos que pertenecían a la comunidad parroquial. La víctima no le contó a sus hermanos ni al Arzobispado sobre ningún robo”, argumentó el defensor Manuel Pedernera.

El abogado cuestionó la pesquisa de la (hoy jubilada) fiscal Adriana Giannoni y subrayó que nunca se probó que Herrera entrara al templo esa noche. “Esta fue una investigación espantosa. Edgar Aranda, el perito que analizó las cámaras de seguridad del barrio, no pudo asegurar ni siquiera si el auto que vieron en los videos era un Peugeot como el de mi defendido. No puede asegurar cómo fue el recorrido, no identificaron al auto por la marca ni por el dominio y no pueden decirme que sea un modelo de auto único en la provincia. No identificaron a la persona que baja del auto, ni la ropa que usaba, porque acá el testigo dijo que usaba zapatillas blancas y las secuestradas son de otro color (NR: el calzado era azul con punta blanca)”.

Hizo hincapié en esa pericia, y remarcó que el comisario Jorge Dib, jefe de Investigaciones, habría indicado que la base de la investigación contra Herrera surgió de las cámaras de seguridad cercanas al templo. También dijo que las actuaciones policiales mencionaban que por la cantidad de personas que había en el lugar a la mañana siguiente, “la escena estaba pisoteada”.

Pedernera cuestionó que se nombró a otros sospechosos y nunca se los investigó. “Ya tenían a Herrera que no se había fugado y que tras tres días del hecho seguía su vida normal. Con eso les alcanzaba, parece”, criticó. Y añadió que para tratarse de un hecho tan violento, no se haya considerado que su defendido no tenía heridas aún siendo de contextura física menor a la víctima.

Finalmente remarcó que el secuestro del cuchillo indicado como el arma homicida habría surgido de manera irregular y aseveró que la personas que lo encontró y quien lo entregó a la Justicia se contradecían en sus versiones. “No dudo de la certeza de una prueba de ADN, pero las muestras fueron tomadas de medidas irregulares. Espero señores jueces que puedan resolver este caso, porque de lo que estoy seguro es que con lo que vimos en este juicio les sobrarán dudas a la hora de deliberar”, concluyó.

Antes de escuchar la sentencia condenatoria, Herrera, rompió el silencio para negar el hecho y pedir justicia. “Por prudencia y respeto a este altamente calificado tribunal, esperaremos a tener los fundamentos de la sentencia para evaluar si tomamos la vía recursiva (apelación)”, comentó el defensor luego del debate.

Reparación económica: el imputado deberá resarcir a los hermanos de la víctima con $3 millones. ¿Que pasará con los U$S 60.000 secuestrados?

Uno de los grandes interrogantes que surgieron a lo largo de este proceso fue qué pasará con los U$S 60.000 que el padre Juárez le había dado a su hermano para que cuide. Tras el crimen el familiar le entregó a la Justicia el dinero al creer que podrían haber sido el móvil. El Arzobispado querelló en la causa para esclarecer el homicidio del sacerdote y -al principio- alegó que el dinero podía pertenecer a la Iglesia, pero ayer en el juicio, el abogado Juan Andrés Robles anunció que al no tener certezas el Arzobispado renunciaba al reclamo del dinero. En la sentencia nada se dijo al respecto de esa suma, por lo que se estima que el reintegro a los propietarios lo resolvería el fuero civil. Por otro lado, en representación de los hermanos del padre Juárez, el abogado Juan Pablo Sten planteó que cada uno de sus patrocinadores le solicitaban una reparación de $ 1,5 millón a Herrera por el daño moral causado. La defensa planteó que no sería aceptable el reclamo de familiares no convivientes, pero la Justicia falló en favor de los demandantes y Herrera deberá pagar $ 3 millones.