Se enciende un nuevo conflicto vinculado con las excepciones al Código de Planeamiento Urbano (COU) en Yerba Buena. Vecinos y representantes legales de un colegio presentaron ante la Justicia acciones de amparo para que se frene la construcción de una estación de servicio dual (naftas y GNC) en la esquina de la avenida Solano Vera y Cariola. Sostienen que el emprendimiento, que fue autorizado por ordenanza e incluye oficinas y locales comerciales en un predio de 5.000 metros cuadrados, viola el COU y derechos constitucionales.

Las presentaciones ante la Cámara Contencioso Administrativo fueron impulsadas por la vecina y abogada María Ruiz y por el Colegio Educación del Talento, a través del letrado José Salas Crespo. Ambos impulsan que se revoque la habilitación que otorgó para la obra el Concejo Deliberante en 2021, por mayoría, a través de la Ordenanza N° 2.324. La primera, además, solicitó a la Justicia que dicte una medida cautelar de no innovar.

Los denunciantes plasmaron en las presentaciones que la solicitud de factibilidad urbanística iniciada por la firma Puka Yana fue rechazada por la Secretaría de Planeamiento Urbano en diciembre de 2020. En el informe se plasma que el COU establece explícitamente que se prohíbe la instalación de estaciones de servicio a menos de 100 metros de establecimientos educativos, clínicas, entre otros. El predio en cuestión linda en un sector con el del colegio y con un depósito de pinturas. Además, remarcan que la legislación de la “Ciudad Jardín” también impide la instalación de estos emprendimientos en las inmediaciones de oficinas públicas (en diagonal funciona el Concejo Deliberante) y que la ordenanza se sancionó sin tener un estudio de impacto ambiental.

Por vía de excepción

De acuerdo con los escritos, la firma comercial recurrió en junio de 2021 al Concejo para solicitar entonces el tratamiento por la vía de excepción del COU. En la sesión del 1 de julio de 2021, el cuerpo legislativo aprobó la iniciativa de manera nominal con el respaldo de ocho concejales y el voto negativo de dos de ellos (el peronista Héctor Aguirre y el bussista Gonzalo Cisneros). 

Durante el debate se manifestó que la firma aportó numerosas certificaciones de seguridad y se advirtió que los tanques de combustibles se instalarán a más de 130 metros de la institución educativa, por lo que no se incumple con los 100 metros que se establece en el COU. Además, se destacó que el emprendimiento generará importantes puestos de trabajo como así mano de obra para su edificación.

Los denunciantes cuestionaron la celeridad con la que se trató el tema, sin contar con una evaluación de impacto ambiental en dicho momento. Además apuntaron que en menos de 600 metros a la redonda se hallan otras dos estaciones de servicio en funcionamiento.

Argumentos

Salas Crespo resaltó en el escrito que el principal objeto de la presentación es “resguardar la salud e integridad física de sus alumnos, docentes y no docentes, ya que una estación de servicios no solamente constituye un riesgo “latente” de siniestro (incendio y explosiones), sino lo que es más grave, el venteo de sus tanques de combustibles produce un cambio en la composición del aire que respiramos que puede derivar en serias enfermedades para las personas que se encuentran permanentemente sometidas a dicho factor”.

La presentación realizada por Ruiz se encuentra en manos de la Sala I, integrada por los jueces Juan Ricardo Acosta y María Florencia Casas. En tanto que el amparo solicitado por Salas Crespo recayó en la Sala III, que conforman Sergio Gandur y Ebe López Piossek.

“Anhelamos que se suspendan las obras hasta que se resuelva el amparo. Tengo pensado llegar a la última consecuencia”, expresó Ruiz a LA GACETA. La denunciante precisó que tiene su casa y su estudio a 30 metros de donde se autorizó la construcción. “Es una cuestión de proteger los derechos constitucionales de salud y medioambiente, no es algo político”, aseguró. Además, señaló que un emprendimiento de dicha magnitud impactará también en el tránsito ya complejo que tiene la avenida Solano Vera.

Ruiz aclaró que no está en contra de los progresos comerciales de Yerba Buena, pero que no va permitir que se vulneren sus derechos. Aseguró que en las últimas semanas envió notas al Concejo y a la Municipalidad a fin de obtener respuestas sobre el impacto ambiental, pero dijo que no obtuvo respuestas. “Queremos que se resuelva cuanto antes la cautelar”, insistió.

Fuentes del Ejecutivo municipal que encabeza Mariano Campero (JxC) marcaron que el proyecto recibió la factibilidad negativa de la Dirección de Planeamiento Urbano antes de llegar al Concejo. A su vez, afirmaron que no hubiera sido correcto vetar la ordenanza aprobada dado que salió por una mayoría especial. 

El Código de Planeamiento de Yerba Buena, sancionado en 1994, se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace años. La Municipalidad y el Concejo Deliberante coinciden con que se trata de una normativa vetusta y que debe aggiornarse a los tiempos actuales para que deje de ser moneda corriente la vía de excepción para emprendimientos inmobiliarios y comerciales. Hasta aquí, sin embargo, no se logró avanzar en ese sentido.