Entre el miércoles 16 y el viernes 18, el Poder Ejecutivo abonará la primera cuota, de $ 25.000, del bono extraordinario con el que se intenta mitigar los efectos de la inflación en el salario de los agentes del sector público provincial. Así lo confirmó hoy a LA GACETA el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo. “Esta ayuda se abonará a través de planillas adicionales y como dije al anunciar la medida llegará íntegramente al bolsillo de los trabajadores, ya que no sufrirán descuento alguno por deudas con el banco”, indicó el gobernador interino,  al referirse al sistema de descuentos que habitualmente hace el Banco Macro a aquellos que han adquirido compromisos financieros a través de la entidad. Las instrucciones ya fueron dadas al Ministerio de Economía, que se encargará de efectuar las liquidaciones correspondientes.

Gremios estatales consideran que es insuficiente el aumento salarial anunciado por la Provincia

El martes pasado, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Jaldo anunció un aumento salarial de bolsillo, estimado en $ 95.000 por agente, a abonarse entre este mes y enero próximo. La medida alcanzará a todos los empleados de la administración pública. Se trata de una suba del 30% bonificable y no remunerativo, en tres cuotas iguales del 10%, con un piso garantizado de $ 10.000 para las categorías más bajas. 

El cálculo de ese porcentaje se efectúa a partir del salario de febrero que, en muchos casos, roza los $ 60.000. Esa remuneración marcó el punto de partida de las paritarias estatales que, en marzo último, cerraron en torno al 44%, pero que el Estado debió ir reviendo, en función de la inflación galopante que este año puede rozar el 100%, de acuerdo con las previsiones de las consultoras privadas. Como una manera de mitigar ese fenómeno inflacionario y que el salario estatal no quede tan rezagado, el gobernador interino anunció que otorgará un bono de $ 60.000 que se pagará de la siguiente manera: dos cuotas de $ 25.000 (este mes y diciembre) y una de $ 10.000 (en enero de 2023). 

El mandatario interno calculó que el costo fiscal de la decisión será de unos $ 21.000 millones, que servirán para apuntalar las ventas comerciales del último tramo del año.