Los familiares de las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) reclamaron que la vicepresidenta, Cristina Fernández, vaya a juicio oral por el caso de la firma del memorándum con Irán.

Así lo solicitaron los abogados que los representan en su condición de querellantes en la causa que investiga el ataque, y los de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El pedido fue formalizado durante una audiencia convocada por el tribunal de la Cámara Federal de Casación. En concreto, pidieron que se revoque el sobreseimiento a la ex mandataria y al resto de los acusados en la caso por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y que todos sean juzgados en juicio oral y público por ese acuerdo.

Por el contrario, los abogados de algunas de las defensas plantearon que se confirme el sobreseimiento de los imputados.

El abogado de los familiares Juan José Ávila consideró que el sobreseimiento que había dictado el año pasado el Tribunal Oral Federal 8 fue antijuridico, prematuro y arbitrario. “A las víctimas se las privó de conocer la verdad, que resulta de la cosa juzgada que dictó el tribunal oral. Se les privó de saber si el memorándum fue un mecanismo de impunidad para los acusados y hacer caer las ordenes de captura internacional”, sostuvo.

Añadió que se habían dictado los sobreseimientos mediante la convocatoria a una audiencia irregular, que no prevé la ley y que no hizo medidas de prueba solicitadas para escuchar en el juicio oral.

“Acá hay dolor y necesidad de respuestas. Los familiares estamos a más de 28 años del atentado sin respuesta por parte de la Justicia; y estamos en otro capítulo nefasto del cierre de una causa judicial. Es una investigación que no se quiere hacer”, dijo Mario Averbuch, padre de Yanina Muriel, una de las 85 víctimas mortales de aquel atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994. "¿Por qué la urgencia por cerrar la causa?, ¿qué se nos oculta?, ¿qué pasó? Justicia, Justicia perseguimos”, añadió.

En 2013, la Argentina e Irán habían firmado un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. Establecía que ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso -Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, respectivamente- podían viajar al país asiático para indagar allí a los acusados. También creaba una "comisión de la verdad". El acuerdo fue objetado políticamente y ante la Justicia, que lo declaró inconsititucional.

En enero de 2015, Nisman había denunciado a la entonces presidenta y a otros funcionarios de su Gobierno por el memorándum. Puntualizó que se había diseñado para encubrir a los acusados y para que caigan las órdenes de captura internacionales.

La causa primero había sido archivada por el juez Daniel Rafecas, por inexistencia de delito. Luego, la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio, que dictó el procesamiento para la vicepresidenta y para otros 11 acusados -entre ellos, el actual senador Oscar Parrilli; el ex piquetero Luis D'Elia; el ex canciller, ya fallecido, Héctor Timerman; el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini-. Bonadio, incluso, había dispuesto la prisión preventiva para la vicepresidenta, pero esto no se concretó, debido a sus fueros como senadora; Zannini y D'Elia, sin embargo, sí estuvieron detenidos.

La causa pasó a juicio oral; pero en octubre del año pasado el tribunal oral sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, habían dicho, en el texto de la sentencia, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las querellas y el fiscal, Marcelo Colombo, apelaron ese fallo, y solicitaron a Casación que se revoquen los sobreseimientos y se avance hacia el juicio oral.

Para escuchar a las partes los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, convocaron a dos audiencias. La segunda se realizará el jueves 24 del mes en curso.

Además del parlamento de los abogados de los familiares, y del escrito que presentaron los abogados de la DAIA -piden que se haga el juicio-, hablaron las defensas de tres de los imputados: de Zannini, de Mena y del ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain.

Los tres consideraron que los sobreseimientos estuvieron bien dictados y que el tribunal oral no cometió ninguna irregularidad en la convocatoria de la audiencia. Destacaron que el motivo de la desvinculación de los acusados es que luego de que la causa había sido elevada a juicio oral se generó una nueva prueba que demostró que no hubo delito.

En concreto, remarcaron que un mes después de la firma del memorándum Interpol comunicó que las alertas rojas de detención de los iraníes no se afectaban y que seguían en vigencia. El organismo internacional precisó que la única persona que podía anular las ordenes era el juez de la causa. Las defensas citaron tres notas en ese sentido y una de Timerman a Interpol, en la que ratificaba la vigencia de las detenciones.

“Eso hecha por tierra de manera contundente que haya estado en el ánimo de quienes iniciaron el proceso de la firma del memorándum de haber tenido algún intento de incidencia en modificar las alertas rojas. Podrá gustarnos o no la redacción del memorándum; pero eso entra en el campo de las cuestiones políticas, no judiciales”, sostuvo Martín Arias Duval, abogado de Zuain.

“No estamos en la causa que investiga el atroz atentado a la AMIA. Estamos en otro proceso. Si algún distraído cree que se puede confundir uno con el otro eso es imposible”, afirmó Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini.

“Los acusadores nunca dijeron por qué la Argentina habría querido beneficiar a los acusados de Irán. En algún momento plantearon que era por un acuerdo comercial en el que la Argentina le iba a dar granos a Irán e Irán petróleo a la Argentina. Pero los informes dicen que el petróleo iraní tiene una densidad que no puede ser utilizado en la Argentina y que no hay acuerdo económico entre los países, solo privado. Pero el comercio privado bajó después de la firma del acuerdo”, precisó Marcos Aldazabal, abogado de Mena.

La audiencia continuará el próximo jueves 24, cuando expongan el resto de las defensas. No lo hará la de la vicepresidenta, porque su abogado, Alberto Beraldi, adelantó que presentará un escrito. La expectativa está en si después de la última audiencia Casación resolverá antes de fin de año o lo dejará para el año que viene.