A medida que fue cambiando el modo en que las personas nos relacionamos con los animales fue en aumento el cuestionamiento a las actividades que involucran el uso de estos seres para la diversión del público. Desde las corridas de toros hasta las carreras de galgos o peleas de perros han ido perdiendo terreno.

En ese contexto se ubican las riñas de gallos, que vuelven a estar en terreno de polémico debido a una reciente medida judicial. Es verdad que las riñas de gallo tienen una larga historia en la tradición cultural de muchos países del mundo. Ya existían en la antigüedad europea, tanto en Grecia como en Roma. También se llevaban a cabo en Oriente Medio y en la India, por citar algunos lados. Pero, ¿se puede defender la crueldad hacia los animales bajo el pretexto de que forma parte de la identidad cultural de un pueblo? De hecho, en muchos países, incluida la Argentina, estas peleas entre gallos se comenzaron a prohibir ya en el siglo XIX, tanto por razones del bienestar de los animales como por la prohibición de los juegos de apuestas. Pero, actualmente se siguen practicando en países de América Central, del Caribe, de Sudamérica, de Tailandia, Indonesia y Filipinas, entre otros. En esta práctica, dos gallos se enfrentan y luchan hasta que uno de ellos queda inhabilitado y, en muchos casos, incluso muere. Volviendo a las cuestiones legales en la Argentina, en 1891 se sancionó la ley 2.786, conocida como Ley Sarmiento, por la que se prohibía, en general, los malos tratos a los animales. Ese fue el antecedente de la ley nacional 14.346 -vigente desde 1954- que prohíbe los actos de crueldad contra los animales y menciona expresamente: “actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales”.

A pesar de la claridad de la ley, en muchas provincias argentinas se dictaron normas que permitían las riñas de gallos y en algunos casos, hasta las fomentaban. Tucumán no fue la excepción. En 1990 se sancionó la ley provincial 6.048 por la que se reguló la realización de las riñas de gallos. La norma estableció pautas para que se donen los ingresos obtenidos por las entradas, obligaba a contar con un veterinario y con policías y prohibía la venta y el consumo de alcohol. Gracias al esfuerzo y a las gestiones de las organizaciones que defienden los derechos de los animales se logró, mediante un recurso de amparo, dejar en suspenso la ley. Estas ONG plantean que la norma provincial es inconstitucional por cuanto contradice la legislación nacional. La polémica surge ahora porque una disposición del Ministerio Público Fiscal sugiere dejar sin efecto todo el proceso y volver al punto inicial, lo que sería, a todas luces, un retroceso en materia de defensa de los derechos de los animales. También es lamentable que las autoridades hayan estado y estén mirando para otro lado en vez de controlar y desbaratar las riñas clandestinas que nunca dejaron de hacerse, aunque no son tan masivas como en otras épocas. Las peleas se promocionan y los gallos se venden incluso a través de las redes sociales. Y las autoridades, sin embargo, no parecen enterarse. Algunos galleros dijeron en más de una ocasión a LA GACETA que estas peleas “se seguirán haciendo aunque estén prohibidas, porque es una pasión”. Nada dicen, sin embargo, del dinero que corre entre las apuestas, las entradas y la comercialización de los animales. Como argumentos a favor se ha llegado a decir que se trata de una actividad tradicionalista ligada al deporte e incorporada al acervo de prácticas criollas de la tradición argentina. Ante la masacre que sufren los gallos en tales prácticas criollas se siente imperioso modificar esa tradición.